En la fecha del 15 de Marzo, en que conmemoramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, los castellanistas expresamos nuestra preocupación ante determinados retrocesos que se producen en materia de los derechos de los consumidores, lo cual, lejos de garantizar su defensa, agrava las condiciones de desigualdad entre las personas y provoca situaciones de indefensión, por parte de los consumidores de la nación castellana.
Desgraciadamente, tanto el gobierno del estado Central, en manos del PP, como las administraciones regionales de las cinco comunidades castellanas, bajo el dominio del PP y del PSOE, se demuestran incapaces e insensibles a la hora de proporcionar respuestas, favorables a los consumidores castellanos.
Durante los últimos años se ha evidenciado un fenómeno que se está convirtiendo en punto de reflexión y preocupación para amplios sectores de la sociedad: el alarmante incremento del endeudamiento de los consumidores. Así, los datos conocidos son preocupantes: en noviembre de 2002, el nivel de endeudamiento de las familias castellanas se situó por encima del 80%, lo que ha supuesto un crecimiento de más de 36 puntos durante los años de gobierno del Partido Popular (1996-2003). Los últimos datos del INE, evidencian que, cada vez son más las familias castellanas que tienen dificultades para llegar a finales de mes (el 55% del total), y menos las familias que pueden dedicar algo de su renta familiar disponible al ahorro (solo el 35% de los hogares castellanos).
El brutal incremento del precio de la vivienda es, sin duda, una de las principales causas de endeudamiento de los consumidores castellanos. El precio de las viviendas se ha incrementado desde 1996 más de un 68%. Acceder a una vivienda se ha convertido, por la pasividad de las administraciones públicas (central, autonómicas y locales), en un sueño inalcanzable para sectores cada vez más amplios de la población, especialmente para los jóvenes. La escasa oferta de alquiler, y lo disparatado de sus precios, contribuye a agudizar aún más el problema de la vivienda en Castilla. Prácticamente, las familias castellanas dedican el 60% de su renta a la adquisición de una vivienda, lo cual, detrae recursos de otras actuaciones, como la cultura, la educación, el ocio o el turismo.
Los consumidores hemos visto crecer los precios en 2002 a un ritmo disparatado (hasta alcanzar el IPC el 4%) sin que existan medidas eficaces, ni presentes ni futuras, por parte del Gobierno, para controlar la inflación. Ello reduce la competitividad de nuestra economía, y acaba empobreciendo a las familias y a las empresas.
El panorama actual hace que, ante cualquier situación adversa, no deseada, como puede ser la pérdida de trabajo, una enfermedad prolongada, un accidente, una separación, la muerte de alguno de los miembros que contribuyen a la economía familiar, el consumidor pueda verse en la situación de no poder hacer frente a los compromisos financieros adquiridos. Una situación que, de no encontrar solución viable, puede llevar a nuevos casos de exclusión social.
Ante estos hechos los gobiernos que actúan sobre los castellanos, no responden. Los consumidores demandan instrumentos que les protejan ante estas situaciones y les coloquen en condiciones de igualdad con otros sectores del mercado y con el mismo nivel de protección que la mayoría de los consumidores de la Unión Europea.
Algunos acontecimientos, a juicio de TIERRA COMUNERA (TC-PNC), del último año han vuelto a poner de relieve la nula capacidad del Gobierno para resolver, con eficacia y rapidez, los problemas que afectan a los consumidores: al incremento del endeudamiento, la subida generalizada de precios y el deterioro creciente de los servicios públicos, debemos sumar la alarmante ineficacia demostrada por el Gobierno para dar solución a los miles de afectados por el cierre de diversos centros de idiomas.
Los consumidores siguen echando de menos, un año más, una política eficaz que vele por la seguridad alimentaria y prevalezca sobre intereses económicos y partidistas. La proliferación de los alimentos transgénicos, la invasión de productos foráneos por parte de las multinacionales de la alimentación, y la incapacidad de poder imponer a las grandes cadenas de distribución, la comercialización de los productos castellanos, coloca a los consumidores castellanos, ante una grave indefensión. España sigue sin contar con una Agencia de Seguridad Alimentaria en condiciones de actuar. Tras casi dos años de haberse aprobado la ley y cerca de ocho meses de entrar en vigor el estatuto de funcionamiento, el Comité Científico, espina dorsal de la Agencia, sigue sin estar constituido.
