Es evidente que en las pasadas elecciones autonómicas el castellanismo ha sufrido un importante retroceso al perder la representación que, a través de Tierra Comunera, había conseguido en 1.999 en las Cortes de Castilla y León.
La presencia, aunque fuera de un solo procurador, Carlos Rad, en el Parlamento regional había supuesto un hito histórico, ya que era la primera vez que una opción castellanista obtenía representación parlamentaria en esta Comunidad Autónoma. Si bien es cierto que en la primera Legislatura (1983-1987) hubo un procurador miembro del Partido Nacionalista de Castilla y Leon (PANCAL), hay que recordar que dicho escaño fue conseguido dentro de una coalición de dicho partido con Alianza Popular.
La presencia de Tierra Comunera en las Cortes Regionales, donde antes, en 1991 había llegado otra fuerza regionalista, la Unión del Pueblo Leonés, parecía romper el monopolio parlamentario de las fuerzas políticas de ámbito estatal, PP, PSOE, IU y antes CDS. Era -y ha sido- un formidable escaparate para abrir el abanico político de Castilla y León hacia un mayor pluralismo en el que tuvieran cabida opciones regionalistas o nacionalistas, castellanistas o leonesistas o ambas cosas a la vez.
Sin embargo, lamentablemente, por razones que serían largas de analizar y que supongo que se habrán analizado o se analizaran en este mismo foro, y en cualquier caso ajenas a la labor parlamentaria de Carlos Rad -que puedo decir como informador parlamentario que ha sido en todo momento encomiable-, lo cierto es que en las pasadas elecciones se perdía ese escaño de Tierra Comunera.
De cara al futuro, no cabe duda que ello ha supuesto un claro retroceso, en cuanto que se ha perdido ese escaparate mediático que supone la presencia en el Parlamento regional. (En el caso de Izquierda Unida, que también ha perdido esa presencia, con ser grave, el inconveniente lo es menos al seguir teniendo presencia en el ámbito estatal).
El ámbito territorial. Uno de los problemas que a mi juicio ha tenido y seguirá teniendo el castellanismo, o al menos Tierra Comunera, es el derivado del mapa autonómico. Es decir, la defensa de una identidad castellana que territorialmente no coincide con el ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, al incluir en esa misma identidad a provincias tanto de Castilla y León como de Castilla-La Mancha y creo que la propia provincia de Madrid.
No seré yo quien cuestione que provincias como Soria y Guadalajara, o Ávila y Toledo, comparten raices históricas y una misma realidad social y económica. Pero lo cierto es que la configuración del Estado de las Autonomías, por muy aleatorio y artificial que se quiera, es el que es y constituye una realidad política y jurídico-administrativa que condiciona muchas cosas. No menos aleatoria y artificial fue en 1.833 la división provincial de Javier de Burgos y ahí está casi dos siglos después.
Lo que me limito simplemente a constatar es que esa falta de coincidencia entre el mapa del castellanismo y el del Estado de las Autonomías constituye un serio inconveniente en este caso para Tierra Comunera. No tiene ese problema por ejemplo la Unión del Pueblo Leonés, que ha centrado su acción política primero en la provincia de León para intentar expandirse después hacia el antiguo Reino comenzando por la provincia de Zamora, donde ya tiene alguna presencia.
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, se han adaptado plenamente a la configuración territorial del Estado de las Autonomías. Las televisiones y las cadenas de radio tienen establecidos sus informativos y sus espacios regionales ya sea en Castilla y León, en Castilla-La Mancha o en Madrid, eso sí siempre financiados además directa o indirectamente por el gobierno regional de turno, ya sea la Junta de Castilla y León, la Junta de Comunidades o la Comunidad de Madrid. Y los periódicos, aunque siguen teniendo todos ellos un ámbito básicamente provincial, mantienen sus secciones regionales igualmente referidas al ámbito de la Comunidad Autónoma, también con fuertes inyecciones económicas publicitarias del gobierno regional.
La demonización del nacionalismo. Otro serio problema que tiene en estos momentos el nacionalismo castellano, como cualquier otro, es el proceso de demonización de que están siendo objeto los nacionalismos en general a raíz del enfrentamiento del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco.
A partir primero del acuerdo de Lizarra y mas tarde del Plan Ibarretxe, los medios públicos y los privados afines al PP, han desatado una campaña que poco a poco ha ido criminalizando al nacionalismo vasco hasta terminar identificándolo ya directa y groseramente con el terrorismo. Esto perjudica la imagen no ya solo del PNV o de Convergencia y Unió, sino de cualquier fuerza nacionalista, sea el Bloque Nacionalista Galego, al que ya anteriormente ya se le quiso vincular a Herri Batasuna, o cualquier otra.
En este contexto viene al caso recordar unas recientes declaraciones del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en las que afirmaba literalmente que todo nacionalismo -así, sin exclusiones ni matices- lleva implícito el germen de la insolidaridad
Si a la gran dificultad que supone de por sí superar al polarización política derivada del esquema bipartidista PP-PSOE, se añade esta demonización del nacionalismo, el panorama que se le presenta al castellanismo parece ciertamente complicado.
La penalización del sistema electoral. Añádase a lo anterior la injusticia de un sistema electoral que penaliza doblemente a las minorías, al exigir un mínimo de un 5 por ciento de voto para poder obtener representación y al tener establecida como circunscripción la provincia, sin posibilidad de traducir directamente a escaños la suma de votos en el conjunto de la Comunidad.
