Vaya por delante mi opinión de que la decadencia de Castilla es una responsabilidad de los representantes políticos castellanos y no de los representantes de Cataluña o del País Vasco o de Cualquier-otro-lugar. ¡Ojalá los castellanos hubiéramos tenido líderes políticos con la habilidad y el amor a su tierra que los políticos catalanes han demostrado en los últimos 30 años! Esta introducción de Perogrullo viene a propósito de la trifulca que se está levantado a propósito de la propuesta de la comisión de expertos de que una parte del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca sea devuelto a Cataluña. Vuelve a agitarse el espantajo del Santa Rita, Rita lo que se da no se quita para echar la culpa de todo a los de fuera frente al otro espantajo del Ya estamos aquí. Ahora mandamos nosotros de los otros. Con la esperanza de aportar perspectivas diferentes me animo a hacer algunas consideraciones:
1ª Resulta deplorable la forma en que se están haciendo la cosas: gestos de prepotencia de triunfadores que no saben ganar desde Cataluña y grandilocuencia caudillista desde sectores políticos que nunca han defendido la tierra y el patrimonio de los castellanos.
2ª Todo apunta a que la Comisión de expertos ha sido preparada á la carte por el gobierno central, con la puesta en escena bien ensayada, las ofertas de compensaciones y chucherías a los disidentes ya pactadas, y con unas conclusiones ya escritas de antemano. Los hechos se aclaran cuando se habla de prisas, querían resolver lo antes posible (Julio Valdeón), presiones, No era una comisión de expertos, sino de adeptos(García Zarza). Ahora incluso se dice que no se llegó a votar… La Comisión no convenció antes ni convence ahora. Más bien parece una farsa puesta en escena con precipitación y zafiedad. Es inevitable la impresión de que los expertos han accedido a legitimar una decisión de simple compensación política. Todos los indicios apuntan a que, a pesar de que tenían algunas buenas razones, han optado por ceder a la fuerza y han propiciado un capricho de los poderosos. No tendrá ningún honor esta Comisión.
3ª Las resoluciones de la Comisión no han sorprendido a nadie: una comisión política sólo podía producir un informe político. Sí llama la atención la pretensión de limitar las reclamaciones a los organismos constituidos en 1936. ¿No es la igualdad ante la ley un presupuesto de la vida democrática y un pilar de la Constitución? Más sorprendente ha sido el papel de la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, responsable de armar la Comisión y sus propuestas: siendo Consejera de Cultura andaluza, sacó en 1989 una Ley de Archivos para impedir el traslado de Patrimonio Documental fuera de Andalucía. ¿Por qué lo que es bueno para su tierra no lo es para Castilla, Sra. Ministra?
4ª Se están haciendo mal las cosas. El gobierno de Zapatero en primer lugar: La razón política triunfante en este tema sobre las demás razones ha sobrevenido por la desmesurada influencia de los líderes de una comunidad autónoma (Cataluña, en este caso) en el conjunto del estado, influencia que jerarquiza a las CC.AA. en categorías según su capacidad para influir en el gobierno de turno. Y Castilla y León queda rebajada a la tercera división. O quizás lo estaba ya y esto sólo es otra consecuencia.
5ª La pregunta fundamental es ¿De quién son los archivos? ¿Son de los catalanes o son de todos? Esa es la única pregunta que da legitimidad a cualquier decisión que se tome. Al parecer, como en las adivinanzas imposibles, vale más de una respuesta: el hecho es que si bien los papeles en cuestión pertenecen a un organismo que se llamaba entonces y se llama ahora Generalitat de Catalunya y que fueron arrancados por la fuerza a sus propietarios por los vencedores de la Guerra Civil (entre los que había buen número de catalanes), sin embargo es pertinente pensar que estos papeles también son de todos como testimonio de una Guerra sufrida por la inmensa mayoría de los habitantes de esta tierra que en 1936 era la República Española, luego fue España (de Franco) y ahora es el Reino de España. Fueron muchos los que sufrieron la dictadura y decir que los papeles de Salamanca son de Cataluña o de Castilla parece hoy una frivolidad. Más bien son de todos y de una época más que lamentable de nuestra común historia como comunes fueron los sufrimientos y común es el mérito de recobrar la Democracia.
6ª ¿Qué importancia real tienen los papeles de Salamanca? Ni Castilla, ni Cataluña ni España se van a paralizar por esos papeles ni por sus copias. Su interés documental reside en la unidad de los fondos y en que son originales. El argumento de la unidad de los papeles es fundamental. La Comisión de Expertos ha propuesto que queden en Salamanca copias digitalizadas de todo cuanto se vaya a Cataluña. La solución inversa no se contempla: enviar a Cataluña copias digitalizadas de los archivos reclamados. Parece que sería más lógico ya que el archivo de Salamanca está consolidado y que además esa fue la propuesta que la Comisión de la Asociación Internacional de Archiveros encargada por la UNESCO hizo en su informe de 1996.
7ª ¿Qué consecuencias tendrá esta recomendación de devolución de papeles a Cataluña? El Gobierno de Rodríguez Zapatero encarrilará encantado la vía que le ha abierto la Comisión. Pero en medio habrá ruidosas batallas entre las instituciones, pugnas entre el PP y el PSOE, peleas jurídicas. Los principios éticos que parecen fundamentar la reclamación se olvidarán rápidamente, el interés científico y patrimonial de los papeles si alguna vez existió- se disolverá y todo se envolverá en retórica patriotera más o menos insignificante. Pero lo peor es que con los papeles de Salamanca el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico taparán otros problemas mucho más acuciantes para los ciudadanos: que el famoso Plan Oeste se ha reducido ya a una forma de hablar, que las inversiones que Castilla para Sanidad, Educación e Infraestructuras Sociales, Culturales y de Comunicación necesita no aparecen en los presupuestos del Estado, que Castilla sigue despoblándose y envejeciendo, que las anunciadas reformas constitucionales no auguran nada bueno para los castellanos
8ª Las primeras andanadas ya están volando sobre nuestras cabezas: El PP de Castilla y León, en su línea dinamitera, ha acumulado agravios y ha comenzado a descargar su artillería contra los representantes del PSOE de Castilla y León como comparsitas colaboracionistas en la futura destrucción del archivo, con un especial recuerdo a los paisanos del Gobierno Central: Zapatero y Caldera sobre todo. El PSOE de Castilla y León, también en su línea, sólo ha emitido balbuceos y miserables ecos de lo que oyen a sus líderes nacionales como quien se aferra al hermano de Zumosol. Por cierto resultó patético el Sr. Montilla recitando simplezas como un vate sonado: daba la impresión de no entender nada de lo que pasa en otros lugares que no sean Cataluña y la calle Ferrat.
9ª Sin embargo hay otra forma de encarar los hechos y otra vía alternativa a la confrontación: la de los que creemos que la decisión de la comisión de expertos legitima definitivamente la vía para que Castilla recobre su ingente patrimonio documental, artístico y cultural desperdigado por otras comunidades españolas y por el extranjero. Así lo ha entendido y lo está llevando a cabo desde hace meses el alcalde de Tubilla del Agua (Burgos) del Partido Tierra Comunera, quien reclamó oficialmente y por carta al Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña/Generalitat de Catalunya, Sr. Maragall, que tomase las medidas oportunas para que fuera restituido a su pueblo un ventanal y otras piezas de la iglesia de su pueblo que en 1969 fue arrancado de su emplazamiento original y llevado al Museo Marés de Barcelona donde está expuesto. Actualmente hay en marcha una Asociación de municipios afectados por el expolio de obras de arte y de documentos que fueron sacadas de sus pueblos mediante el robo, el soborno o el fraude y que están actualmente en el Museo Marés, en el Museo Diocesano de Vic, en el mismísimo Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y en otros museos españoles y extranjeros. En la provincia de Segovia, sin ir más lejos, son lacerantes los expolios de las necrópolis visigodas de Duratón y Castiltierra, de Cuéllar, del Monasterio del Parral de Segovia, de Maderuelo, de Fuentidueña y del Monasterio de San Bernardo de Sacramenia (actualmente en los USA) y un largísimo etcétera. La vía alternativa que han puesto en marcha estos alcaldes de Tierra Comunera va en la línea de proponer la colaboración entre los pueblos de España, de Europa y del mundo por el camino de los hechos y que a largo plazo devolverán a los castellanos un patrimonio y una dignidad que ahora mismo están bajo mínimos. Cada pueblo ha de recuperar lo que sea suyo porque es su derecho, sin olvidar que en el siglo XXI casi todo es y será patrimonio común. Eso lo decimos con la idea clara de que Castilla es una de las naciones que más han aportado a la historia de la Humanidad y una de las más expoliadas, maltratadas y olvidadas. La batalla de recobrar nuestro patrimonio, que quizás ha surgido por una remota relación causa-efecto con el Archivo, no tiene vuelta de hoja y es una lucha que seguirá en el tiempo. Podemos asegurar que el retorno de los bienes culturales de Castilla que están fuera del ámbito castellano en que estuvieron secularmente será un motivo de alegría y que cada pueblecito que fue expoliado por la fuerza, por el engaño o por el dinero tan parientes de la guerra- sabrá celebrarlo con el esplendor que se merecen.
10ª Desde la organización política a la que pertenezco instamos y ponemos nuestra energías en defender que el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca sea reforzado, mejorado en su emplazamiento, en su funcionamiento y en su dotación de personal y de presupuestos y que se optimice su accesibilidad. Todos los interesados y especialmente los familiares de los muertos de la Guerra Civil y organizaciones como el Foro de la Memoria lo agradecerían. El Archivo de Salamanca es muy mejorable. Y precisamente la sección de la Guerra Civil parece que puede y debe ser completado con documentos que están dispersos por otros lugares de España. En suma esperamos que en breve plazo el Archivo de Salamanca reúna todos los fondos existentes sobre este hecho.
