Castilla nos une

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EL PARTIDO CASTELLANO (PCAS) EN TOLEDO CONSIDERA “VERGONZOSAS” LAS CIFRAS DEL PARO EN TOLEDO Y EN CASTILLA-LA MANCHA Y PIDE EL CESE DE LA CONSEJERA. (Marzo 2010).. (03/03/2010)

El Secretario General del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), Pedro Manuel Soriano, ha considerado «vergonzoso y escandaloso que en Castilla-La Mancha estemos rozando la cifra de los 200.000 desempleados y que en la provincia de Toledo la cifra esté rozando los 70.000.

Es evidente que las políticas de la Junta y del Gobierno de España para frenar el desempleo no están funcionando. Si de verdad el Gobierno de Castilla-La Mancha tuviera como principal preocupación el desempleo de los ciudadanos y la falta de oportunidades para conseguir nuevo trabajo, la primera medida que debería tomar es cesar de manera inmediata a la Consejera Mª Luz Rodríguez y a todo su equipo», pues no han sabido solucionar el principal problema de esta Comunidad. «Ya está bien de reconocer los malos datos, única cosa que hace el equipo de la Consejería de Trabajo. Es hora de nuevas medidas, de impulsar nuestra economía y de dejar de apelar al “gobierno en coalición con la sociedad” o a los cientos de pactos que el Gobierno ha firmado con los llamados agentes sociales. Ya hemos visto donde nos llevó el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad y donde nos está llevando el Pacto por Castilla-La Mancha. A este Gobierno, que tanto le gusta hablar de que Castilla-La Mancha se encuentra “por encima de la media española”, les recomendaríamos que comprobaran cómo en febrero, en el conjunto de España el desempleo ha crecido el 2,03% y en Castilla-La Mancha lo ha hecho el 3,32, efectivamente, por encima de la media española.»

 

En opinión de Pedro  Manuel Soriano, Secretario General del PCAS y portavoz en Toledo, «los números no engañan, y los 69.076 desempleados con que cuenta la provincia de Toledo (con una población total de 689.635 habitantes, datos del INE a 2 de febrero de 2010) son un ejemplo claro de algo no se está haciendo bien. Más de un 10% de la población total de la provincia está en situación de desempleo y eso no se soluciona reconociendo que los datos son malos. Si, además, nos fijamos en que en el conjunto de Castilla-La Mancha estamos acercándonos peligrosamente a la cifra de 200.000 desempleados (199.917, exactamente) en una comunidad con poco más de 2.000.000 de habitantes, las cifras pasan a ser espantosas. Quienes conocemos de primera mano las dificultades del mercado laboral para encontrar nuevo empleo y la facilidad actual para perderlo, podemos decir claramente que la política laboral de la Consejería de Trabajo es una auténtica catástrofe. Por ello, no tenemos más remedio que volver a pedir, no sólo medidas reales para combatir el desempleo “galopante” en esta provincia y en esta Comunidad, más allá de fotos y grandes titulares que no llevan a ningún sitio, sino que además tenemos que exigir al Presidente Barreda que se aplique a sacar a Castilla-La Mancha de la situación de crisis extrema en que se encuentra. Y la mejor manera de aplicarse a esa tarea es cesando de manera inmediata a la titular de la Consejería de Trabajo y Empleo, Mª Luz Rodríguez, y creando un nuevo equipo con más ilusión y nuevas ideas. Es evidente que no han funcionado los planes de la Consejería para frenar el desempleo, y eso no se arregla reconociendo que las cifras son malas, como hace la Consejera, sino nombrando un nuevo equipo que, con nuevas ideas y menos fotos, nos saque de la situación en que nos encontramos. Claro, que lo que no le perdonaremos a Barreda los ciudadanos de Castilla-La Mancha es que haga como en sus anteriores “remodelaciones” del Gobierno: buscar a todos los cesados un “puestecito” en alguna empresa pública o fundación, cuando no recolocarlos como asesores, siempre a cargo de las arcas autonómicas. Y después quiere que los 400 millones de euros que se ha comprometido a ahorrar el Gobierno de CLM salgan de otras partidas presupuestarias que no sean los sueldos “doblados” hace un par de años de los altos cargos o del “engranaje” de empresas públicas y fundaciones en que el Gobierno coloca a sus «adictos»».

 

 

 

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