Texto integro de las alegaciones presentadas, ante la Junta, por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) en Castilla y León.
Consideraciones Previas.
Tras un año de debate en Castilla y León, acerca del nuevo Modelo de Organización Territorial en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, los aspectos que se han hecho públicos, a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), evidencian que se va hacia un sistema mucho menos eficiente, más costoso, que presta menos y peores servicios públicos, más alejado de los pueblos, restrictivo en los ámbitos de participación y democracia, y que agudizará las tendencias de despoblación en las pequeñas localidades rurales, condenando a la mayor parte de las comarcas rurales castellanas a la desaparición demográfica. Así mismo desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) advertimos de la profunda descoordinación existente entre el modelo avalado por la Junta de Castilla y León y el que prepara el Gobierno Central, impulsado por la política de recortes de la Unión Europea, que lisa y llanamente aboga, dentro del ámbito de la «modernización y racionalización de las administraciones públicas», por medidas que supondrán la desaparición de más de cientos de ayuntamientos en Castilla y León, si se eliminan los de población inferior a los 1000 residentes, como son las denominadas «racionalización del número de ayuntamientos» y la «agrupación de municipios en función de su población».
Para los castellanistas, tras meses de debates, encuentros y reuniones, el modelo que propone la Junta de Castilla y León, finalmente supone:
• Reforzar las Diputaciones Provinciales, las administraciones más ineficientes y opaca del Estado, pues menos del 15% de sus presupuestos llega realmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que asumirán hasta un 15% de las actuales competencias municipales, haciendo la prestación de los servicios públicos más cara y burocrática, de peor calidad y menos democrática, cada vez más alejada de sus destinatarios.
Desde el PCAS abogamos por su paulatina desaparición.
• Deja en una situación de clara indefinición, vacíos de contenido, y duplicidad de competencias a los pomposamente bautizados como «Distritos de Interés Comunitario», con competencias y presupuestos irrisorios.
• Condena al exterminio a los pequeños núcleos rurales (que constituyen el 90% de los existentes en Castilla y León), al focalizar el objetivo de las políticas a aplicar solo al recorte del gasto y de los servicios y no a fijar población en el medio rural.
Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) las razones que se esgrimen para justificar esta propuesta, como «garantizar la viabilidad de los ayuntamientos», «mejorar la prestación de los servicios públicos», o «ahorrar costes», son una mera patraña, ya que el nivel de endeudamiento de los consistorios en España, no guarda relación con su tamaño (hay pequeños ayuntamientos muy saneados y otros muy grandes que no pagan ni la luz), mientras que el número de ayuntamientos no garantiza ni racionalidad ni calidad de vida, puesto que Francia, con 36.000 ayuntamientos (España tiene 8.000) es el paradigma de la conservación del medio rural y de la calidad de vida en los pequeños pueblos.
La desaparición de los pequeños municipios en Castilla y León no garantizará ahorro (la mayoría ya cuentan con servicios mancomunados de aguas, residuos, transporte, etc… sus servicios de secretaría y administración están compartidos, y las propiedades de cada pueblo deberán ser gestionadas de manera individualizada: montes, cotos, etc…).
Lo que si conseguirá la desaparición de los municipios, será dar un golpe definitivo a la viabilidad del Medio Rural de Castilla y León. Siendo la lucha contra la despoblación y el envejecimiento, la prioridad nuestro mundo rural, la eliminación de Ayuntamientos, Pedanías y de Partidos Judiciales, sólo conseguirá liquidar instituciones con fuerte raigambre social, más de mil años de historia, y agudizar el exterminio del medio rural castellano. En nuestra comunidad autónoma, existen 1.976 municipios de menos de 1000 habitantes en Castilla y León y sólo 272 de más de 1000 habitantes.
Los representantes de esta formación castellanista, defienden la necesidad de que las políticas de lucha contra la despoblación y de apoyo a los pequeños municipios, constituyan la prioridad de este nuevo periodo 2012-15, así como la necesidad de articular una profunda reorganización administrativa en el territorio de Castilla y León, que apueste por la austeridad en el gasto público, por redefinir el papel de las Diputaciones Provinciales, reduciendo su tamaño, democratizando su gestión, y convirtiéndolas en instrumentos de apoyo, asesoramiento y coordinación de las políticas de las localidades rurales,( hasta hacerlas desaparecer) por fortalecer a los pequeños municipios, verdaderos bastiones en la lucha contra la despoblación y por la fijación de población, y por impulsar el protagonismo de las Mancomunidades y Comarcas, como ámbito de proximidad al Medio Rural, ágil en la gestión y que puede coordinar la acción de los municipios en aquellos terrenos de gestión donde las economías de escala son deseables.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), se apuesta por simplificar el Mapa Administrativo en Castilla y León, evitando duplicidades, estableciendo claramente el régimen competencial y asignado unas cantidades presupuestarias suficientes, apostando por las Mancomunidades de Municipios como organización territorial básica de Castilla y León, con un mapa unificado (no pueden existir diferentes mapas para Salud, Agricultura, Gestión de Residuos, Aguas, Turismo,…), asumiendo competencias y medios económicos y humanos de las Diputaciones.
Por otra parte, los castellanistas defienden la autonomía de los municipios como entidades con personalidad jurídica propia, capaces de decidir su propio futuro y la elaboración de una Ley específica para las Entidades Locales Menores. Para el PCAS hay que priorizar la lucha contra la Despoblación y el Envejecimiento Rural como ejes básicos de cualquier política de ordenación del territorio o de organización administrativa. Sin población rural no habrá ni Patrimonio Natural, ni Cultural ni posibilidad de un Tejido Económico y Social vivo y generar políticas de Desarrollo Rural endógeno en el Territorio de Castilla y León, organizando a sus habitantes y poniendo en valor sus recursos materiales e inmateriales (Patrimonio Cultural e Histórico, Patrimonio Natural, Recursos Naturales, Transformación de Materias Primas,…).
Las Pedanías:
Castilla y León agrupa a más de la mitad (un total de 2114) de las pedanías de toda España. Una tupida y arraigada red administrativa que hunde sus raíces en la Edad Media y que da poder de decisión sobre los temas más cercanos a infinidad de pequeñas localidades de nuestra comunidad autónoma.
Suprimir este entramado administrativo, supone según el PCAS, «dar el tiro de gracia al maltrecho mundo rural de Castilla y León, la inmensa mayoría de los componentes políticos de las pedanías no cobran y se desviven por sacar adelante, con mucha voluntad y poco dinero, a sus pequeños pueblos».
Muchas de estas entidades locales menores poseen gran parte de los montes de utilidad pública de la Comunidad Autónoma, terreno agrario y ganadero, cotos de caza, incluso, reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas o eólicas. Además las pedanías cuentan con un abundante patrimonio que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas, telecentros, o dispensarios médicos, lavaderos, entre otros) del que a día de hoy no existe un inventario.
León y Burgos serían, además, dos de las provincias que se verían más afectadas por la disolución de las pedanías, ya que poseen casi la mitad de las 3.723 de toda España. A juicio del PCAS, «las instituciones de Castilla y León deben defender, en todos los foros, la pervivencia de las pedanías». PCAS no sólo se opone a la desaparición de las Juntas Vecinales, si no que reclama una Ley específica (Ley específica para las Entidades Locales Menores), que delimite con claridad las competencias de las mismas y de los Ayuntamientos de las que dependen, algo que la Junta de Castilla y León, después de lustros, no ha conseguido todavía articular.
Las Juntas Vecinales son las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, trabajan con escasos recursos y están, en la mayoría de las ocasiones poco o nada endeudadas, frente a los ayuntamientos a los que pertenecen, que suelen tener importantes deudas. Para la formación castellanista, «despojar de poder a una colectividad, alejarles de la gestión de su patrimonio, por el que ha luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado jurídicamente, e injusto».
Los responsables de las pedanías, cambian las bombillas de las farolas, arreglan atascos en los desagües, cortan la hierba de los jardines, arreglan los caminos, cuidan los montes etc. Si desaparecen las pedanías y los alcaldes pedáneos ¿quién acometerá estas labores? ¿lo hará alguien de forma altruista? El PCAS afirma que la eliminación de las pedanías, «acarrearía la pérdida de eficacia y un aumento de coste económico, al desaparecer los cientos de horas de trabajo voluntario que cada año realizan los miembros de las Juntas Vecinales».
La reforma propuesta por Rajoy nace de la ignorancia sobre el mundo rural castellano y pondría «patas arriba» todo el sistema de gestión local para nada, creando, además, miles de conflictos, aumentando los costes y creando vacíos de poder que repercutirán en un peor servicio a la ciudadanía. Por último el PCAS augura, que de consumarse la reforma, «provocará una desafección absoluta de la ciudadanía hacia la cosa pública, si les quitan la posibilidad de decidir sobre sus montes, sus fuentes o la organización de las fiestas patronales».
Por todo ello el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) formula las siguientes consideraciones:
A) Deben mantenerse los municipios y pedanías existentes, con las competencias propias que ahora tienen, evitando duplicidades. Ello conlleva, además, mantener los servicios que se prestan a los vecinos, por los Ayuntamientos y por otras administraciones públicas en los municipios.
B) Debe establecer un sistema de financiación de los entes locales y, en particular de los Ayuntamientos basado en los principios de suficiencia, objetividad y transparencia. En este sentido, el sistema de financiación de las entidades locales y, en particular de los Ayuntamientos debe basarse en reglas objetivas, preestablecidas, conocidas e iguales para todos. Debe eliminarse toda posibilidad de que la financiación de las entidades locales dependa de la voluntad de otras administraciones públicas, determinada, en no pocas ocasiones, por razones de oportunidad y de afinidad. Esto último sólo causa el perjuicio de la vecindad y el incorrecto funcionamiento de las Administraciones públicas. El sistema de financiación de las entidades locales y, en particular de los Ayuntamientos, no se encuentra establecido en el modelo de organización territorial que se ha implantado y, menos aún, basado en los principios que se han mencionado.
C) La participación en Distritos de Interés Comunitario debe ser voluntaria. Y completamente voluntaria, porque si no lo es completamente, simplemente no es voluntaria. En este sentido, en la redacción final del modelo de organización territorial deben dejarse claramente establecidas, al menos las siguientes cuestiones:
a) No deben existir incentivos de ningún tipo y, en ningún caso, económicos, para conseguir la integración de ningún municipio en ningún Distrito de Interés Comunitario. La participación de los municipios en ellos debe ser libre en este aspecto.
b) La financiación de los Ayuntamientos y de los servicios que prestan no debe depender, de ningún modo, ni directo ni indirecto, de su participación o no en Distritos de Interés Comunitario.
c) El sistema de financiación de las Entidades Locales debe ser objetivo, preestablecido y transparente y no utilizarse ni tener como efecto, ni directo ni indirecto, influir ni determinar la decisión de ningún Ayuntamiento en Distritos de Interés Comunitario.
d) Las competencias municipales deben ser propias, sin asignación de competencias propias a los Distritos de Interés Comunitario.
e) Como consecuencia, aquellos Ayuntamientos que decidan no integrarse en Distritos de Interés Comunitario conservarán todas sus competencias, incluidas las que de integrarse, asumiría el Distrito de Interés Comunitario. En tanto un Ayuntamiento no decida, libre y voluntariamente, integrarse en un Distrito de Interés Comunitario, el Ayuntamiento seguirá ejerciendo todas sus competencias y el Distrito de Interés Comunitario no ejercerá ninguna en el término municipal de los municipios no integrados.
D) En el modelo de ordenación territorial tal como se encuentra diseñado en este momento, se mantienen las Diputaciones provinciales e, incluso, parece apuntar a reforzar su actuación. Sin embargo, en el estadio actual de desarrollo del Estado autonómico y con la implantación de Distritos de Interés Comunitario, las Diputaciones provinciales, como ahora existen no tienen sentido y ampliando sus competencias, atribuciones o ámbitos de actuación, aún menos. Por eso solicitamos su desaparición. Las competencias y funciones que actualmente ejercen las Diputaciones provinciales pueden ser ejercidas por las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. Algunas que pretenden añadirse a las Diputaciones provinciales, también. Y la creación de los Distritos de Interés Comunitario significará que estos últimos pueden ejercer funciones que ahora ejercen las Diputaciones provinciales o de las que pretenden añadirse a estas últimas.
Bien están de más las Diputaciones provinciales, bien están de más las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León e incluso los Distritos de Interés Comunitario que pretenden crearse. Por tanto, alguna de estas instituciones debe desaparecer o reformarse muy profundamente, para evitar duplicidades. Objetivo éste que pretende ser uno de los fundamentos, sino el principal, del modelo de organización territorial que pretende la Junta de Castilla y León.
Las Diputaciones Provinciales no cumplen ninguna función, en relación a los municipios, en este momento, que no duplique la competencia de otra Administración Pública. Por tanto, bien deben desaparecer, hasta ese memento deben reducirse sus competencias o ámbito de actuación a la gestión de asuntos estrictamente de ámbito provincial, sin intervención de ninguna clase en asuntos municipales, autonómicos ni de los Distritos de Interés Comunitario.
E) El modelo de Organización territorial que presenta la Junta de Castilla y león ni siquiera hace mención a las Entidades Locales Menores. Entidades, sin embargo, previstas y reguladas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León. Parece que, bien se busca su desaparición, bien no se resta ninguna atención a su existencia ni a su funcionamiento. Las Entidades Locales Menores deben seguir existiendo. Deben regularse sus competencias, su funcionamiento, establecerse con claridad sus obligaciones económicas, contables, administrativas y jurídicas, establecerse los medios efectivos para el cumplimiento de estas obligaciones y establecerse su sistema de financiación y de gestión y control del gasto público. En estas condiciones pueden prestar un servicio efectivo a los ciudadanos.
F) Deben mantenerse los servicios que vienen prestándose en los municipios, e incrementarse y mejorarse. Sin embargo, privar a los Ayuntamientos de su participación en la prestación de los mismos conduce a dos resultados. Por una parte, a que los servicios dejen de prestarse o se presten de manera ineficaz y poco útil para los ciudadanos. Por otras, a la desaparición de los propios Ayuntamientos, que pierden una de las razones para su existencia. Por tanto, el modelo de organización territorial no debe tener ninguno de estos efectos, de manera directa ni indirecta, ni provocar ninguna disminución ni desaparición de los servicios que vienen prestándose, ni de la capacidad ni competencia de los Ayuntamientos para prestarlos ni para participar en su prestación.
http://
