El alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, comienza a ser pasado. El Tribunal Supremo, un año después de pronunciarse la Audiencia, ha confirmado íntegramente su condena de tres años de cárcel y 16 de inhabilitación por prevaricación y cohecho. Delitos que cometió cuando ocupaba la alcaldía bajo las siglas del Partido Popular y que han conformado uno de los mayores escándalos urbanísticos en la historia reciente de la provincia de Valladolid.
Méndez, nada más conocer la sentencia “por los medios de comunicación”, ha anunciado que presentará su dimisión “tan pronto como tenga conocimiento oficial de la misma”. En un ejercicio de suma desfachatez, a través de un comunicado difundido por él mismo, asegura: “Durante todos estos años, he actuado con honradez y siguiendo en cada una de mis decisiones, los Informes Jurídicos y Técnicos que indicaban la legalidad de las Resoluciones de Alcaldía o de los Acuerdos del Pleno y Junta de Gobierno. Soy consciente de que el clima político y de tensión que existe en España hacia la política y los políticos no ha sido precisamente el más favorable para mi situación procesal”.
Pero el alcalde condenado va más allá y asegura sin el menor pudor: “Me siento orgulloso de la gestión municipal que he realizado con todos los equipos de personas que me han apoyado. Entre todos, hemos convertido Arroyo de la Encomienda en un municipio modelo de gestión. Sin deuda, foco de inversión pública y privada, generador de empleo para sus ciudadanos y con las mejores infraestructuras y servicios y por tanto, orgullo de todos sus vecinos y vecinas. Ellos saben mejor que nadie que cada euro que ha entrado en las arcas municipales, ha sido destinado a la prosperidad del municipio y su ciudadanía. Hoy dejo en las Arcas Municipales más de 12 millones de euros y las facturas pagadas”.
De lo que no habla el alcalde es de los 30 millones de pesetas y el chalé que le regaló el dueño de la constructora Mahía a cambio de favores urbanísticos en el municipio y que a la postre han motivado su condena.
Según fuentes jurídicas, una vez que la Audiencia Provincial reciba este fallo definitivo de Supremo (sólo cabe recurso de amparo ante el Constitucional), el condenado Méndez dispondrá de 10 días para ingresar voluntariamente en la prisión que él elija si no quiere que el tribunal que le condenó ordene a la Policía que le lleve a la cárcel.
Pese a todo, los concejales de Independientes por Arroyo, grupo municipal de Méndez, han respaldado a su acalde delincuente llegando a asegurar que “ha representado una forma de hacer política ciudadana, no partidista y sometida al interés general”. El que hasta ahora ha sido concejal de Hacienda, José Manuel Barrio, será nuevo alcalde del municipio.
El abogado de Arroyo Siglo XXI, José María de la Red, que ha ejercido la acusación popular en este caso, no ocultó ayer su “satisfacción” por la resolución del Supremo que pone fin a años de trabajo dedicados a este caso. No obstante, advirtió que esta ratificación de condena “es sólo el principio del fin”, ya que aún está pendiente de ser juzgada la usurpación de funciones cometida por Méndez al amparo de la LOREG durante todo este año, así como el amparo dado por los concejales al alcalde para impedir que tuviera que abandonar el cargo. “Lo que tienen que hacer todos los concejales de IPAE, que han estado amparando a un delincuente, es dimitir”, sostiene De la Red.
El fallo del Supremo, que confirma en todos sus términos la sentencia dictada hace un año por la Audiencia Provincial de Valladolid, implica también la absolución, por prescripción del delito, del que fuera ex delegado de la Junta en Valladolid, ex diputado provincial y ex concejal del PP en Valladolid, Jesús García Galván, que al igual que Méndez recibió un chalé de regalo por parte de la constructora Mahía.
El Alto Tribunal también confirma la condena de 3 años de cárcel y multa de 132.000 euros al responsable de la constructora Mahía, Ramón López Casal, así como la del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar (cooperador necesario de un delito de prevaricación) de 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
