Los gastos realizados por el Consorcio del Desvío del Ferrocarril y pendientes de pago a CaixaBank, Ibercaja y Dexia Sabadell suponen 167 millones de euros, con una valoración de sus activos (solares liberados por el Desvío) de 119 millones de euros. mientras que las cantidades adeudadas por el Consorcio de Villalonquéjar IV a CaixaBank y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) suman otros 112 millones de euros, con una valoración de las parcelas industriales del citado polígono de 70 millones de euros. Las entidades financieras, socios de los Consorcios junto al consistorio burgalés, quieren cobrar esas cantidades íntegramente, más sus millonarios intereses; el Ayuntamiento acepta esa premisa, asume a sus espaldas (a las espaldas de todos los contribuyentes burgaleses) esas cantidades y a lo único que juega es a ganar tiempo, a capear los pagos durante unos años (cómo ya hizo en 2014), a largando los plazos hasta los veinticinco años, aceptando cuotas anuales de entre 5 y 7 millones de euros, y creyéndose unas valoraciones de los activos de ambos Consorcios que están fuera de la realidad, y que nadie pagaría ni hoy, ni probablemente dentro de diez años…

La realidad la ponía de manifiesto hace escasas jornadas el Partido Castellano (PCAS): es insostenible para la ciudadanía burgalesa e impagable financieramente la deuda municipal creada por los Consocios del Ferrocarril y de Villalonquéjar IV, y lo único razonable es reclamar al Ayuntamiento de Burgos que inicie un proceso administrativo que reparta las cargas de los Consorcios entre sus integrantes, que solicite la declaración de lesividad de los acuerdos municipales que ratificaron su creación, y que negocie con las entidades bancarias acreedoras el reparto de su Deuda y de sus Activos. Cualquier otra opción es un mero engaño a los vecinos de Burgos.

Los castellanistas han recordado que CaixaBank e Ibercaja son integrantes de los Consorcios, y tan responsables de sus cuentas como el propio Ayuntamiento, por lo cual deberán asumir su cuota de participación en las cuantiosas cargas y en los exiguos activos, por muchas bochornosas operaciones, rayanas en el fraude, que pretenden dejando en la Mesa de decisión de los Consorcios, ocupando su puesto, a entidades que carecen de su solvencia y poder económico como las Fundaciones de Caja de Burgos y Caja Círculo. Por su parte Dexia Sabadell y el ICO, que aprobaron las operaciones efectuadas y valoraron los activos que justifican los créditos concedidos, también saben perfectamente lo que es la “Dación en Pago” y lo que supone perder en determinadas operaciones financieras especulativas que ellos contribuyeron a alimentar.

Por mucho que intenten asustar a los burgaleses los bancos acreedores, con llevar la solución al conflicto a los Tribunales, saben bien que sus oscuras artimañas casan mal con un juicio abierto y presionan a los políticos del PP y del PSOE para aceptar como buena una mercancía rancia y averiada. La propuesta de reestructuración de la Deuda del Desvío que plantean las entidades acreedoras y el PP en el Ayuntamiento es manifiestamente perjudicial para los intereses de los burgaleses, y solo beneficia a la banca, ya que le garantiza a lo largo de 15 años el cobro íntegro de 167 millones de euros más sus intereses, a través de la ficticia obtención de 119 millones de euros por los solares que posee el Consorcio y el pago mediante amortización de otros 48 millones de euros (más 20 millones de intereses). Lo justo sería la división de activos y deuda del Consorcio del Desvío entre CaixaBank, IberCaja Dexia Sabadell y Ayto. de Burgos. Igual de impagable es la deuda de 112 millones de euros que mantiene el Consorcio de Villalonquéjar IV y lo lógico es reclamar su reparto a partes iguales entre CaixaBank, el ICO y el Ayto. de Burgos.

Como acertadamente señala la formación castellanista, es insostenible la Deuda Global que acumula el Ayuntamiento de Burgos, tanto de titularidad propia, como la correspondiente a los Consorcios del Desvío del Ferrocarril y Villalonquéjar IV, así como a los sobrecostes del Desvío del Ferrocarril. Un Ayuntamiento con presupuestos anuales inferiores a 220 millones de euros, con inversiones que rondan los 24 millones de euros, no puede permitirse casi 120 millones de Deuda Presupuestaria, más otros 280 millones de euros de la deuda de los Consorcios, que es impagable en los periodos de tiempo establecidos en 15 años más, salvo que se reduzcan las prestaciones sociales y públicas del Ayuntamiento a la ciudadanía a condiciones de miseria colectiva.

La demanda y las valoraciones económicas efectuadas tanto por los suelos urbanos del Desvío Ferroviario, como por los terrenos industriales de Villalonquéjar IV, estaban sobrevaloradas de manera estratosférica y no respondían a la realidad ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria, con lo que existe una responsabilidad, probablemente incluso penal, por parte de los políticos que las aceptaron y por los responsables de las entidades financieras que las aceptaron como garantía de sus préstamos.

Y estas cuestiones han sido completadas con la propuesta realizada por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) de reclamar al alcalde, Javier Lacalle, que se ponga en contacto inmediato con el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para que otorgue a Villalonquéjar IV la misma consideración que a otros polígonos industriales de la Comunidad Autónoma de su titularidad donde, el pasado mes de Mayo ha reducido el precio del suelo industrial un 42%, con bonificaciones adicionales de hasta el 15%, adaptando sus tarifas a la realidad del mercado, con el objetivo de atraer inversiones y crear empleo en Castilla y León. Es razonable esta asimilación, ya que la Junta de Castilla y León no oferta suelo industrial público en Burgos, capital industrial de Castilla y León, al no ubicarse en la misma ninguno de los 27 polígonos industriales que posee. Esta medida, reduciría la deuda del Consorcio de Villalonquéjar IV en unos 56 millones de euros aproximadamente y activaría la puesta en el mercado de su suelo industrial.  

Además, ya es hora de que Javier Lacalle, de forma inmediata, requiera al Ministerio de Fomento a que dé por liquidado desde el punto de vista económico el Convenio de Financiación de la Variante Ferroviaria de Burgos, de 1998, cuyos sobrecostes parecen ser de unos 115 millones de euros, que según el texto del citado documento serían imputables en exclusiva también al Consistorio burgalés, para mejorar la solvencia financiera del Ayuntamiento y reconociendo que esos sobrecostes son imputables a RENFE, Fomento y Adif exclusivamente ya que las modificaciones del proyecto las decidieron ellos.

(Artículo de opinión de Luis Marcos publicado en burgosconecta.es)