En el 25 Aniversario de la Aprobación del texto de la Constitución Española, la Secretaría Nacional de la formación castellanista TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC), realiza la siguiente declaración pública, en la cual valora positivamente el marco de diálogo y convivencia que han supuesto estos 25 años de funcionamiento de la Constitución Española, analiza críticamente el complicado momento que se vive políticamente en la actualidad, por la instrumentación partidista y electoralista que el Partido Popular hace del texto constitucional, valora los efectos que sobre Castilla han tenido estos 25 años, y reclama la apertura de un debate social, político y ciudadano para una reforma consensuada de la Constitución Española (Diciembre2003).
1.- LOS VALORES DE LA CARTA MAGNA.
Desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC), se procede a reconocer los valores de la Constitución Española, y del proceso de la denominada Transición Democrática, que ha posibilitado 25 años de convivencia democrática para sus ciudadanos, a pesar de las amenazas de desestabilización que durante este importante periódico histórico ha padecido España, tanto por los intentos de golpes de estado involucionistas, como por la perversa acción del terrorismo (ETA, GRAPO, GAL, etc…); así la Constitución española ha supuesto:
El acuerdo para implantar un régimen democrático, acabando con la dictadura franquista, pero superando una dinámica que implicara una división social, basada en la revancha, el olvido de quienes realizaron una intensa entrega en defensa de la democracia, o la involución hacia un periodo histórico rechazado y rechazable.
La generación de unas reglas del juego, mediante cesiones mutuas, mediante la tolerancia en las interpretaciones, mediante el consenso, y mediante el diálogo entre las diferentes opciones políticas sociales y políticas.
La consecución de un acuerdo sobre el modelo territorial del Estado Español, que posibilitó conciliar aunque de forma imperfecta- la voluntad de autogobierno de los diferentes pueblos del Estado, así como la articulación de una autonomía local básica.
Una eficaz ayuda al entendimiento de las diferentes posiciones políticas y territoriales existentes en España, en la ciudadanía y en sus representantes públicos e institucionales.
La definición de un marco razonable y moderno de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los compromisos de las administraciones públicas para con los mismos (libertades fundamentales, derechos sociales, medioambientales, etc…).
2.- EL USO INSTRUMENTAL Y PARTIDISTA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Desgraciadamente, desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC), no se puede olvidar la situación política actual por la cual atraviesa el Estado Español, en un momento en que los conflictos territoriales se agudizan con especial crudeza, fruto todo ello principalmente de una instrumentalización partidista y electoralista por el gobierno central del Partido Popular; esta formación de la derecha españolista, ha apostado por quebrar el espíritu de consenso de la Constitución Española, pretendiendo transformar el máximo texto legal que ampara a todos los españoles, en un catecismo militante que, tensionando al máximo una sociedad extraordinariamente plural como lo es la española y la de todas y cada una de sus nacionalidades, le permite dividir, en buenos y malos, leales y desleales, propios y extraños, a una sociedad que como la española ha sabido convivir y armonizar sus diferencias durante estos 25 años.
El Partido Popular olvida deliberadamente que el espíritu de la Constitución Española, y del Pacto de Reforma Democrática que alumbró el actual régimen español, se basa, como ocurre en todos los regímenes democráticos donde impera el estado de derecho, en las siguientes claves:
Todas las ideas son expresables y defendibles en el régimen democrático, mientras no atenten contra los derechos humanos, y renuncien al ejercicio de la violencia.
El gobierno democrático, tiene que expresar la voluntad de la mayoría, pero debe ser escrupulosamente respetuoso con las ideas, opiniones y visiones de las opciones minoritarias.
Las leyes y el régimen jurídico que nos hemos dado mayoritariamente los ciudadanos españoles, son una convención alcanzada mediante el diálogo, el consenso y el debate. No son los Principios Inmutables del Movimiento, sino que están sujetos al cambio, a las modificaciones y a las actualizaciones, que una sociedad cambiante, dinámica y moderna como la española acepte.
Al contrario, un partido como el Partido Popular, que en 1979 demostró una tremenda ambigüedad en su respaldo al proyecto de la Constitución Española, con una nostalgia manifiesta hacia los valores e instituciones de la dictadura franquista, y con un rechazo expreso hacia la definición del nuevo Estado de las Autonomías, ahora está instrumentalizando el texto constitucional, con criterios exclusivamente partidistas y electoralistas
Satanizando todas las propuestas de reforma del texto constitucional, independientemente de sus contenidos y propósitos.
Descalificando a todas las formaciones políticas, que no se alineen de forma incondicional con las reaccionarias y retrógradas posiciones del gobierno central.
Criminalizando todas las posiciones diferentes de la propia, sustituyendo cualquier diálogo, siempre conveniente y hoy imprescindible, por el continuo y amenazante recurso al endurecimiento del Código Penal.
Generando una interpretación reaccionaria e inmovilista de la Constitución Española, que generará importantes desafecciones en su defensa por parte de una población que mayoritariamente la ha asumido como un instrumento válido para la convivencia.
3.- CASTILLA Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Sin embargo, el periodo de 25 años transcurridos desde 1978 hasta el 2003, en opinión de TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC), no han sido un periodo idílico para la sociedad castellana, tal y como atestiguan tanto los sondeos de opinión realizados entre los castellanos y castellanas, como se expresa por los análisis de entidades socio-económicas cuya independencia es claramente reconocible. Así:
Castilla, como nacionalidad histórica con más de 1.200 años de historia, y como pueblo diferenciado actualmente existente, no ha sido reconocida por el actual Estado de las Autonomías, que ha preferido estructurar territorialmente el centro peninsular en varios gobiernos regionales emanados del tronco castellano, pero con importantes déficits en su identidad cultural e histórica, en su peso político en el conjunto del Estado y en su viabilidad económica.
Castilla ha visto que el nuevo Estado de las Autonomías ha consolidado un modelo desigual y discriminatorio de articular el Estado Español, ya plasmado en el texto constitucional, que ha castigado a las comunidades castellanas, a padecer autonomías de segunda clase, siempre retrasadas y marginadas de los beneficios que se destinaban a los territorios definidos como nacionalidades históricas.
Castilla ha padecido, también durante este periodo, las dinámicas ya ejecutadas por el franquismo, de despoblación, envejecimiento, emigración, exterminio del medio rural, explotación neocolonial de sus recursos, pérdida de identidad, y marginación en la dotación de infraestructuras sociales y territoriales, que lejos de corregirse se han agudizado.
Castilla ha visto cercenadas sus legítimas aspiraciones de autogobierno, transformándose este en una mera descentralización administrativa y de ejecución del gasto en cinco comunidades autónomas artificiales, meras macro diputaciones provinciales, sumisas al poder central y españolista. Las grandes decisiones, incluso en los ámbitos de competencia exclusiva de los gobiernos regionales (urbanismo, medio ambiente, educación, sanidad, administración, universidades, desarrollo rural,…), son normadas por el gobierno central o por los denominados pactos autonómicos establecidos entre los dos grandes partidos centralistas.
Incluso en el momento actual, Castilla corre el riesgo por un lado de ser utilizada como ariete españolista en las reaccionarias políticas territoriales del gobierno del Partido Popular, y por otro lado de ser olvidada en los nuevos procesos de reforma o modificaciones de los Estatutos de Autonomía que reclaman el PSOE y los nacionalistas periféricos (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana,…), que siguen apostando por modelos autonómicos asimétricos, que pretenden consagrar la inexistencia oficial de Castilla y la discriminación y marginación de sus gobiernos regionales.
4.- POR UNA MODIFICACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC) reclamamos, por tanto, que se inicie un proceso de discusión, debate y diálogo, acerca de la modificación del texto constitucional, que aborde las siguientes cuestiones:
El reconocimiento expreso de Castilla, y de su pueblo, como una de las nacionalidades presentes, tanto en la formación de España como en su actual articulación social y territorial.
La redefinición de España como una realidad plurinacional, donde las diferentes nacionalidades que la constituyen cuenten con un autogobierno, real y efectivo, basado en el federalismo solidario, simétrico e igualitario, superando las discriminaciones y desigualdades actualmente vigentes.
Consagrar el carácter exclusivo del ejercicio de las competencias de las administraciones locales (ayuntamientos, comarcas y provincias) y de las nacionalidades del Estado, eliminando las intromisiones en el legítimo ejercicio del autogobierno, que actualmente efectúa el Gobierno Central.
La articulación de la Cámara Alta de las Cortes Españolas el Senado- como una Cámara Territorial de encuentro y de cooperación solidaria entre los gobiernos de las diferentes nacionalidades que componen España.
La articulación de órganos de trabajo, debate y acuerdo entre los gobiernos de las diferentes nacionalidades del Estado, tendentes a la mejor cooperación solidaria en las diferentes materias objeto de su autogobierno.
Garantizar la presencia de los gobiernos de las diferentes nacionalidades del Estado Español, en aquellos ámbitos de discusión, debate y acuerdo, de la Unión Europea, en que se traten asuntos de su clara competencia.
La actualización de la carta de derechos y libertades de sus ciudadanos, adaptándola a una sociedad cada vez más moderna, madura, plural y avanzada.
La armonización de sus contenidos con la nueva realidad europea, plasmada en la pertenencia de España a la Unión Europea, y a la inmediata existencia de una Constitución Europea.
El debate sobre la forma del Estado, garantizando que los ciudadanos españoles puedan expresar libremente su opinión y su preferencia, sobre un sistema de carácter republicano o sobre un modelo monárquico como el actual.
