El TTIP, que se está negociando estos días en secreto y sin garantías democráticas, pretende crear una zona de libre comercio que favorezca los intercambios de capitales y mercancías entre Europa y Estados Unidos. Pero sabemos que el TTIP no va a crear empleo ni mejorar la competitividad, como defienden sus promotores, sino que su puesta en marcha degradará aún más el empleo que ahora existe y el crecimiento económico o la competitividad mejorarán sólo a costa de rebajar los salario e incrementar los horarios de los trabajadores y a costa de la reducción de gastos en seguridad y salud.
El TTIP representa una grave amenaza a la democracia y a los derechos en materia de Sanidad, Educación, Medioambiente, producción agrícola, ganadera e industrial, organización turística y comercial, derechos digitales y derechos de consumidores pues antepondrá al interés general los intereses comerciales de los inversores y de las empresas transnacionales (ETN). Valga como ejemplo que las exigencias, controles y métodos deberán adaptarse a los estándares de calidad y permisividad vigentes en los Estados Unidos que hoy son mucho menos exigentes que los de la Unión Europea: permiten el uso indiscriminado del fracking como sistema de extracción de gas, el uso de productos químicos y farmacéuticos no aceptados en Europa, la producción y consumo masivo de transgénicos y de productos cárnicos tratados con hormonas y otras prácticas de este tipo desechadas en Europa.
Como el objetivo del TTIP es favorecer descaradamente a los inversores y a los grandes consorcios, el tratado contempla crear un órgano de arbitraje por el cual los estados tendrían que compensar a los inversores que no saquen el rendimiento esperado a sus inversiones. Este tribunal independiente, creado expresamente por y para las ETN, tendrá el poder de ignorar cualquier legislación nacional, regional o local en materia de inversiones y podrá limitar la capacidad de la Administración pública para aplicar leyes en las áreas de Salud Pública, Medioambiente y Protección Social. El TTIP dará prioridad a las leyes del comercio sobre cualquier otra consideración social, democrática o sanitaria y, entre otras cosas, traerá la liberalización total de los servicios públicos y, consecuentemente, las compras y licitaciones de bienes y servicios de la administración pública quedarán sujetos a las licitaciones abusivas de las Empresas Transnacionales (ETN), lo que pondrá en peligro el propio funcionamiento de los servicios públicos y comprometerá las atribuciones de los representantes elegidos para administrar y promocionar las comunidades locales.
El TTIP sólo beneficiará a las ETN y a las grandes corporaciones internacionales que mueven enormes capitales. Su poder las colocará por encima de los estados y los tribunales nacionales, regionales e incluso de la propia Unión Europea. En realidad va a poner en manos de grandes empresas poder económico, poder judicial e información libre e indiscriminada de las demás empresas y de los ciudadanos. Si se aprueba traerá el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de la grandes corporaciones y, a la larga, se producirá la mercantilización total de nuestras vidas y las de nuestras familias.
A los pequeños municipios de España, de Castilla y León y de Segovia los afectaría en cuanto que sus municipios quedarían efectivamente desmantelados pues se restringiría la democracia y la autonomía locales, vigentes en Castilla desde hace más de 1000 años; se privatizarían rápidamente los servicios públicos locales, se volverán más caros, perderían eficiencia, y empeorarán si es que no son suprimidos; se pondría en peligro la agricultura y ganadería de calidad y la industria transformadora que hay hoy en Castilla frente a las formas de producción baratas y de baja calidad de otras partes del mundo; se acabaría con las iniciativas locales o regionales para promocionar la industria, el empleo y el desarrollo. Las autoridades locales serán despojadas de sus competencias y quedarían reducidas a meras marionetas con la única función de presidir los desfiles y las procesiones.
EL PCAS considera que las administraciones locales deben garantizar el interés común y los derechos económicos, sociales, sanitarios, educativos, culturales y medioambientales de los ciudadanos que los han elegido. Los ayuntamientos tienen también la obligación de mantener la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo y los recursos e industrias y el empleo local, y, entre otras cosas, velar porque la producción y consumo de sus ciudadanos se atenga a las exigencias más saludables y de calidad, que hoy son las exigencias de la UE frente a las de las prácticas permitidas en los EEUU. Y los ayuntamientos tienen también la obligación de mantener todos los demás derechos que son la manifestación más clara de solidaridad y de una calidad de vida digna para los ciudadanos.
Por todo lo anterior los alcaldes y concejales del PCAS en los municipios segovianos de Fuente El Olmo de Fuentidueña, Santo Tomé del Puerto, Puebla de Pedraza, Aldeonte y San Martín y Mudrián presentarán la moción contraria al TTIP. Para que conciudadanos no queden reducidos a consumidores y productores sin derecho a una vida independiente y digna. Para que se interrumpan las conversaciones del TTIP y que los gobiernos regionales y de España no firmen este tratado y que en cualquier caso los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos queden a salvo de las manipulaciones económicas de las grandes multinacionales.
El PCAS considera fundamental que los ayuntamientos gobernados por el PP y del PSOE de toda la provincia y de toda Castilla se manifiesten por una vez en defensa de los derechos de sus conciudadanos antes que los de los intereses de los líderes de su partido, que no dejen pasar esta oportunidad de hacerlo y no permitan que la vida municipal quede reducida a cero frente al poder económico descomunal y arrasador de las transnacionales.
