La formación castellanista PARTIDO CASTELLANO (PCAS), en la mañana del miércoles 18 de Diciembre, ha representado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una Ampliación de la Denuncia que ya elevó ante este organismo judicial en Octubre pasado, por la presunta comisión de actividades potencialmente constitutivas de delito por parte de los responsables de las Empresas Públicas de Castilla y León -Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación- durante los ejercicios económicos de 2008 hasta la actualidad.

Los castellanistas basaron su denuncia inicial, en la actividad de esta empresas entre 2010 y 2011 tal y como fiscalizó el Consejo de Cuentas de Castilla y León en un reciente Informe, que evidenciaba que los responsables de estas empresas -ADE Financiación SA (actualmente Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl)-, cometieron reiteradas irregularidades en las contrataciones realizadas, con un funcionamiento claramente al margen de la ley, incumpliendo de manera abusiva la Ley de Contratos del Sector Público. Estos hechos, a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), pudieran ser constitutivos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos como delitos en el Código Penal.
Estas empresas incumplieron la obligación legal de comunicar los contratos al Consejo de Cuentas y al registro del Ministerio de Hacienda según lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En los contratos analizados no se establecieron los criterios mínimos de solvencia ni los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos. En varios casos no se elaboró pliego de condiciones y existe coincidencia en el objeto de la contratación en muchos contratos menores, lo que induce a sospechar que fueron deliberadamente troceados. Los informes son demoledores y ponen en cuestión total la gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León, ya que no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios, poniendo también en cuestión los sistemas de selección de su personal, y sembrando sombras de sospecha igualmente sobre los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones que han practicado y practican. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) recuerda que en el periodo auditado 2010-2011, estas Empresas Públicas realizaron 300 contratos por importes cercanos a los 270 millones de euros.

La Ampliación de la denuncia que el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) realiza a la Fiscalía General de Castilla y León abarca además la posible Comisión de Delitos por estas Empresas por la presunta adquisición de terrenos para futuros Polígonos Industriales (como los de Portillo y del Canal de Castilla entre otros), a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500% en el precio inicial de esos terrenos. Así mismo los castellanistas denuncian la irregular absorción de estas Empresas Públicas a la Junta de Castilla y León (denunciada por el Consejo Consultivo de Castilla y León), mediante su incorporación a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, con la realización previa de varios ERE que han supuesto el despido de decenas de empleados que llevaban más de veinte años de ejercicio profesional, y la funcionarización de otros trabajadores de menor experiencia, sin ninguna prueba selectiva previa y con salarios que en algunos casos superan los 6000 euros mensuales.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera también presuntamente delictivo, la utilización de estas Empresas Públicas durante los últimos años para la realización de actuaciones ajenas a sus fines, sorteando la legislación, y generando una deuda de 400 millones de euros, que ahora deberá ser asumida por la Administración regional, premiando a los nefastos gestores de estas empresas con aumentos de salarios y su incorporación automática, sin oposición, en la nueva Agencia de Innovación de la Junta de Castilla y León.

Finalmente el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), considera, «que las evidencias muestren que la gestión de estas empresas públicas, al tiempo que se desarrolla al margen de la ley, pueden ser un caldo de cultivo partidista para casos de nepotismo y corrupción», y añade «despilfarrando el dinero público en sueldos escandalosos para sus responsables y generando una profunda irritación en la ciudadanía que comprueba la pésima gestión del dinero público por los responsables de la Junta de Castilla y León en un momento de una crisis económica tan intensa, que se ceba en los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios». Los castellanistas confían en una profunda investigación de estos presuntos casos de corrupción que solo pueden haberse cometido con el beneplácito y la connivencia de los principales responsables políticos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.

 

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