Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), de un volumen presupuestario total de 115 millones de euros, (contando las cuentas propias de Sodebur e IDJ), la Diputación Provincial de Burgos gastará en su propio funcionamiento, como ocurre ejercicio tras ejercicio, más de la mitad del presupuesto, más del 55% del total entre gastos de personal, gasto corriente y operaciones financieras. Además los castellanistas denuncian que las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno de la Diputación Provincial, destinan una buena parte de las inversiones y del gasto en transferencias a actuaciones ajenas al conjunto de los municipios que cuentan con menos de 20.000 habitantes, que debiera ser el verdadero objetivo de las cuentas provinciales. Según las estimaciones elaboradas por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), menos del 30% de los 115 millones de euros que gastará la Diputación Provincial de Burgos en 2015 llegará directamente a los pueblos, lo que supone a juicio de Luis Marcos, secretario de organización de la formación castellanista “un auténtico despropósito, un escandaloso despilfarro y un obsceno ejercicio de ineficiencia, ya que para que llegue un euro a los pequeños municipios, la Diputación gasta otros 2,5 en su propio funcionamiento administrativo”.
Los castellanistas burgaleses reclaman una reforma radical de las cuentas de la Corporación Provincial, organizando sus presupuestos por programas y territorializando el gasto, de forma que se conozca el dinero que llega a cada comarca burgalesa y se articulen partidas específicamente orientadas a objetivos como la implantación de internet de calidad en todas las localidades, acciones concretas contra la despoblación y el envejecimiento, políticas de creación de empleo y empresas en el medio rural, la mejora de los servicios de aguas e infraestructuras viarias, o las políticas sociales.
Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) las cuentas 2015 de la Diputación son un nuevo ejercicio de gasto inútil, carente de transparencia e ineficaz para resolver los problemas de la Diputación y demuestra que el modelo de las Diputaciones Provinciales, anclado en el siglo XIX y carente de un funcionamiento mínimamente democrático está totalmente agotado, manteniéndose solamente por intereses caciquiles de los grandes partidos de ejercer un férreo control de los municipios rurales. Es necesaria la reforma urgente y completa del sistema de las Diputaciones Provinciales, proceso que los castellanistas proponen que se oriente a potenciar fuertes mancomunidades de municipios, con órganos de gobierno democráticos, y que gestionen el dinero público directamente, sin intermediarios partidistas, aplicándolo objetivamente en las comarcas y orientándolo al cumplimiento de objetivos de mejora de la calidad de vida real en los pueblos.