El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) se opone a la aprobación por la Diputación de las Unidades Básicas Rurales de la Junta.

La Ley de Ordenación del Territorio de la Junta reinventa nuevas denominaciones confusas, excesivamente tecnocráticas y burocráticas (Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, Áreas funcionales, Distritos de Interés Comunitario, Mancomunidades de interés general, etc…) sin hacer autocrítica sobre 30 años de propuestas de Ordenación del Territorio frustradas y fracasadas, y sobre la realidad de un medio rural menguante de forma galopante.

La Ordenación del Territorio que pretende imponer el PP en Castilla y León diseña unidades básicas poco funcionales y escasamente operativas (177 UBOST rurales y 15 urbanas), que coexisten con 2.225 municipios, 235 mancomunidades, 9 provincias y una comarca, con competencias que a veces se solapan y superponen. Sus dimensiones son en muchos casos excesivamente pequeñas para servir de utilidad como estructuras de ordenación del territorio, fragmenta comarcas naturales (Merindades, Ribera, Sierra-Pinares, Alfoz de Burgos, Odra-Pisuerga…), teniendo la mitad de ellas menos de 4.000 habitantes (cuatro menos de 2.000), que son inviables antes de nacer y que en 10 años pueden ser totalmente virtuales.

La crítica más rotunda a las propuestas de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León se centra en que carece de un proyecto viable para un medio rural vivo. Sus contenidos no tienen una motivación clara y sus argumentaciones son totalmente generalistas. No hace un análisis ni un diagnóstico de la realidad de la Ordenación del Territorio, no aborda el problema de la despoblación, ni del urgente desarrollo local, carece de memoria económica y de compromisos presupuestarios para su ejecución e incumple todos los plazos que prevé para su implantación en las disposiciones adicionales.

El procedimiento para su aplicación y difusión ha sido y es totalmente obscuro, falto de transparencia y no tiene en cuenta a los afectados, a los municipios, a los agentes sociales y a la ciudadanía del territorio. Además, su texto no aborda la suficiencia financiera de Mancomunidades, Municipios y Entidades Locales Menores.

Esta ley evita cuestiones espinosas como la calidad y modernización de los servicios públicos que se prestan en el medio rural, obviando los intensos recortes sanitarios y educativos y de transporte público (supresión de líneas de transporte por autobús y líneas férreas, sufridos por el medio rural durante los últimos años, y huye de la obligatoriedad de definir unos estándares de accesibilidad y de calidad de la prestación de los servicios públicos esenciales en todo el territorio, y de garantizar los medios técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento real. No incluye la urgencia de acuerdos con Comunidades limítrofes (con Cantabria, País Vasco y La Rioja, en el caso burgalés) e ignora el poder transformador y movilizador de Mancomunidades y Comarcas.