Los castellanistas consideran una burla hacia la población de los pequeños pueblos de Burgos, que el presidente de la Diputación Provincial César Rico, en sus más de cinco años de mandato ha prometido de forma reiterada la gestión telemática de los Ayuntamientos, el acceso generalizado a internet, acabar con las zonas de sombra de telefonía móvil y de TV y radio, implantar el cobro por internet de impuestos, tasas y tributos, así como la gestión telemática de Planes Provinciales y Subvenciones en el medio rural, cuando la realidad demuestra que sus acciones reales han sido nulas. Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se considera que el Presidente de la Diputación Provincial ha vuelto a tomar el pelo, esta vez en la celebración del Día del Patrón de la Provincia en Caleruega, a decenas de miles de habitantes del medio rural y a cientos de localidades burgalesas, donde el acceso a internet es una quimera volviendo a prometer planes, proyectos y comisiones para llevar internet a nuestros pueblos, cuando la realidad es que el PP provincial se ha mostrado incapaz e insensible para esta reclamación básica y fundamental de la ciudadanía del medio rural burgalés. Los castellanistas recuerdan que hace 12 años, el entonces Presidente de la Diputación Orden Vigara y el Consejero de Fomento Antoni Silván prometieron “internet a velocidad de vértigo a través del cableado eléctrico”. Se abrieron cientos de telecentros rurales para llevar por conexión ADSL o vía satélite “internet de calidad y gratuito a los pueblos”, pero una vez acabada las subvenciones de funcionamiento el 90% de los mismos se han cerrado, perdiéndose todas las inversiones ejecutadas.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) pone de manifiesto que según la Consultora QUANTIS, en la actualidad, hay en España 500.000 ciudadanos sin internet de ningún tipo, de los cuales 117.000 se sitúan en Castilla y León (la segunda comunidad autónoma más afectada después de Galicia) y según el Ministerio de Industria hay más de 800.000 hogares “siendo Castilla y León la comunidad que lidera este triste ranking- que no pueden navegar a 2 megas por segundo (qué es el mínimo imprescindible para poder ver el correo electrónico o navegar de forma muy básica por la red) y en 2.766 municipios (la tercera parte del total, y estando la mayoría en Castilla y León) no llegan los 10 megas (que ya es un nivel semiprofesional) porque las compañías no han desplegado redes de banda ancha fija. Además una cosa es poder conectarse a la red y otra muy distinta es hacerlo a una velocidad aceptable. En España, el 95% de los usuarios navega hasta 2 Mbps, el 82% hasta 10 Mbps, el 60% hasta 30 Mbps y solo el 58% hasta 100 Mbps. A veces, aun contando con cobertura directa con una compañía, no siempre se puede acceder a todos los servicios ni a la velocidad contratada. Si se vive lejos de la central la velocidad de ADSL obtenida en el hogar puede ser muy baja. No es que no tengan ninguna posibilidad de conectarse, sino que las opciones que les ofrecen son mucho más lentas y, sobre todo, mucho más intermitentes, ya que el cableado del ADSL no llega hasta allí.
Según el último informe de Cobertura de Banda Ancha en España elaborado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la tecnología con más cobertura es la UMTS con HSPA (3G), presente en el 99% del territorio. Sin embargo este servicio es muy irregular, especialmente en zonas rurales. Le sigue el ADSL de hasta 2 Mb/s, con un 89% de cobertura, y el ADSL de hasta 10 Mb/s, con el 69% de cobertura. En cuanto a las velocidades, según el informe, el 95% de la población puede disfrutar de velocidades de hasta 2Mb/s, el 82% de hasta 10 Mb/s, el 60% de hasta 30 Mb/s y solo un 58% de hasta 100 Mb/s. Estas velocidades son nominales, en la práctica, la velocidad real ADSL es el 20% de la nominal.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) recuerda que La Ley General de Telecomunicaciones incorpora en su disposición adicional decimoctava, el objetivo de lograr la universalización del acceso a Internet a 10 Mb/s en 2017 y a 30 Mb/s en 2020, además de conseguir en dicho año que al menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mb/s. La Agenda digital de la Unión Europea también exige para el 2020 el 100% de la población tenga un acceso a la banda ancha con velocidades superiores a 30 M/seg.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama a la Diputación Provincial que junto con la Junta de Castilla y León habiliten un Programa Urgente de implantación de las Nuevas Tecnologías en la Provincia de Burgos, dotado con tres millones de euros y que en el plazo máximo de un año, garantice que todas las localidades habitadas de la provincia poseen internet de velocidad profesional y acceso de calidad a la telefonía móvil, y la señal de televisión y radio.
Los castellanistas critican que la realidad provincial en Burgos es demoledora y deprimente: la población rural, que en 1900 era superior a los 250.000 habitantes, pasó al comienzo de la democracia, en 1980, a 160.000, y en la actualidad a 90.000 habitantes, con un ritmo de pérdida de población de 2.000 habitantes cada año en la actualidad. La Diputación Provincial y Sodebur, gestionan la promoción en 35 polígonos industriales rurales, con más de dos millones de metros cuadrados urbanizados, incapaces de atraer ninguna actividad productiva que cree puestos de trabajo y fije población. Además, de la despoblación y emigración galopante de los jóvenes rurales, el envejecimiento es dramático en el medio rural de Burgos, con el tramo de edad más numeroso, el de mayores de 65 años: una pirámide demográfica invertida: sin niños, con pocos jóvenes, un número creciente de mayores: un geriátrico a cielo abierto. Los castellanistas denuncian la ineficacia y falta de operatividad de la Diputación Provincial, que en pleno siglo XXI permite que más de 400 localidades tengan problemas de abastecimiento en verano o de pésima calidad en sus aguas potables todo el año. De los más de 120 millones de euros de Presupuesto Anual de la Diputación Provincial, apenas 20 millones (el 16,7%) llega directamente a los pueblos, mediante convocatorias caciquiles y faltas de transparencia, para obras, contrataciones, planes provinciales, aguas, turismo o caminos, que reparten miseria a cambio de dependencia partidista y de redes clientelares; el resto se pierde en el gasto de funcionamiento corriente de la Diputación y en despilfarros prescindibles. Esto evidencia una ineficiencia absoluta del modelo de funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, y especialmente de la de Burgos.
