Ante la decisión adoptada por la empresa de servicios medioambientales catalana CESPA, filial de la constructora FERROVIAL, de tratar en la provincia de Burgos casi 7000 toneladas de residuos orgánicos procedentes de la provincia de Guipúzcoa, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) reclama a la Junta de Castilla y León que paralice el proyecto de tratar residuos del País Vasco en la provincia de Burgos, tanto por razones medioambientales, como por razones sociales, económicas y de dignidad.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se considera que el transporte y tratamiento de casi 7000 toneladas de residuos orgánicos desde Guipúzcoa, en un recorrido de ida y vuelta de 500 kilómetros, genera riesgos por accidentes, contaminación, emisiones de CO2 y vulnera el principio ecológico de que los residuos se traten en las proximidades de los lugares donde se generan, por lo cual es una decisión totalmente inaceptable desde el punto de vista medioambiental.
Por otro lado, los castellanistas rechazan que en Burgos, y de manera semi clandestina, sin ningún tipo de garantías y control por parte de la administración, se traten residuos de otras comunidades vecinas, porque es una actividad económica que no genera en la práctica, ni beneficios ni puestos de trabajo, siendo además fuente de riesgos, accidentes y potencial contaminación.
Esta formación castellanista exige a la Junta de Castilla y León que paralice de inmediato esta iniciativa, y que examine y controle si la actividad de las plantas privadas de tratamiento de residuos de la provincia cumplen lo dispuesto en sus licencias ambientales de sus plantas de gestión de residuos, y que verifique que en las plantas propiedad de las administraciones públicas (Abajas, Aranda, Miranda y Cortes) se tratan exclusivamente los residuos urbanos generados en la provincia. Del mismo modo, la Agrupación Provincial en Burgos del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) denuncia que en los últimos años se están tratando en Burgos Residuos BioSanitarios con potencial de transmitir enfermedades infectocontagiosas procedentes de otras comunidades autónomas, y que de manera clandestina se han realizado vertidos incontrolados de residuos procedentes de actividades industriales del País Vasco.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) critica con dureza la pasividad de los responsables políticos del PP en la Junta de Castilla y León, en la Diputación Provincial de Burgos y en el Ayuntamiento de Burgos, que ni dan la cara en este tema (tan acostumbrados a salir en los medios de comunicación a diario) para informar a la ciudadanía, ni para exponer su postura, ni para defender los intereses de los burgaleses.
Los castellanistas burgaleses además se dirigirán a los responsables políticos de la Diputación Foral de Guipúzcoa para exigirles que paralicen esta operación exportadora de residuos, para que valoren sus presuntas convicciones sociales, ambientales y solidarias, si carecen de reparos o prejuicios para enviar residuos de una Comunidad rica a ser tratados en una empobrecida como Castilla y León, y para interrogarles si su pasividad sería la misma si los residuos radiactivos de la Central Nuclear de Garoña se transportaran para ser almacenados y tratados en territorio guipuzcoano.
Los castellanistas rechazan de plano que Burgos en particular y Castilla en general se conviertan en un territorio especializado en el tratamiento de residuos que nadie quiere, y consideran que el modelo de desarrollo del PP para esta tierra se basa en el empobrecimiento, la despoblación y la implantación de actividades (generación de energía, minería, producción de materias primas, tratamiento de residuos, etc…) que solo benefician a nuestros vecinos, impidiendo la generación de un desarrollo económico endógeno basado en participar en una economía moderna y competitiva. El tratamiento de 7000 toneladas de residuos urbanos del País Vasco en Burgos, se une así al hecho de que en la última década, se han tratado en la comunidad de Castilla y León el doble de los Residuos Peligrosos Industriales que se generan en esta tierra (75.000 tn anuales), que se haya intentado ubicar el Ólvega (Soria) una planta de tratamiento de residuos peligrosos de Aragón, Cataluña y Navarra por una empresa catalana Distiller SA, que los tribunales hayan declarado nulo el Plan de Tratamiento de Residuos Industriales de la Junta de Castilla y León, o que en la Comunidad de Castilla y León, con precios subvencionados por los impuestos de todos los ciudadanos, y con cuantiosas ayudas europeas, se hayan construido instalaciones de tratamientos de residuos, que ahora son utilizadas sin escrúpulos y sin control por parte de las Comunidades Autónomas periféricas más ricas.
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