La sorpresa de la formación castellanista se debe a que, tras leer la sentencia – de diciembre de 2013 pero conocida ahora, SENTENCIA: 10321/2013, T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2 a la que se tiene acceso a través de la web del Tribunal y que, desde PCAS-TC, invitamos a todos los vecinos a que accedan a ella y la lean para sacar sus propias conclusiones-, las declaraciones de estos días del actual alcalde del PP y del anterior regidor del PSOE son algo más que matizables e interpretables, destacando que lo único claro es que los vecinos deberán pagar 93.000€ y que la sentencia es firme y conocida desde diciembre de 2013 pero no se ejecutó por el Ayuntamiento hasta recibir la notificación de ejecución, generando nuevos costes a los bolsillos de los ciudadanos.
Si bien la sentencia deja claro que el Tribunal anula «el Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Cobisa de 20 de julio de 2009, por el cual se acordó el cese, con efectos de 20 de julio de 2009» de la auxiliar administrativa interina cesada, y que condena «al Ayuntamiento de Cobisa al pago de las retribuciones desde el momento del cese hasta que proceda a verificar el reingreso en el puesto de la interesada, al cual también se le condena», a la vez el Tribunal destaca que el Ayuntamiento de Cobisa, que había ganado el caso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Toledo nº1, no se personó en las actuaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por lo que los intereses de los vecinos ante este caso no fueron defendidos por los responsables municipales.
Además, la sentencia es firme, no admite interposición de recurso ordinario alguno y fue notificada a las partes con fecha 30 de diciembre de 2013, pero el Ayuntamiento actual ni la ejecutó ni la hizo pública hasta este momento, un año y medio después y a las puertas de unas elecciones municipales. Si el Ayuntamiento desistió de personarse a defender los intereses de los vecinos en el juicio ante el TSJ-CLM -hecho que no entendemos y que deberá ser explicado-, desde PCAS-TC tampoco entendemos por qué no ejecutó de manera inmediata la sentencia de readmisión y de indemnización de la auxiliar administrativa cesada, esperando a que llegaran las notificaciones de ejecución del Tribunal, dilatando en el tiempo el cumplimiento de una sentencia ya conocida y generando nuevos gastos a los vecinos de Cobisa con esa actitud.
Si la actitud del anterior regidor socialista de Cobisa es reprobable, y así lo hace constar claramente el Tribunal en su sentencia (‘desviación de poder’ o ‘amortización de plaza inadmisible’ son algunas de las calificaciones que hace el Tribunal), no deja de ser también reprobable la actitud del actual regidor popular, cuyas decisiones al no presentarse en el juicio a defender los intereses de los vecinos (habiendo, además, ganado el primer juicio por este caso) y dilatando la ejecución de la sentencia pueden haber generado también importantes costes a los vecinos.
Por todo ello, desde el PARTIDO CASTELLANO – TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) en Cobisa reclamamos al anterior alcalde, Félix Ortega, y al actual regidor, Emilio Muñoz, explicaciones claras y contundentes sobre este caso, sobre la sentencia en la que el Tribunal admite que hubo ‘desviación de poder’, y sobre la inacción del actual equipo de gobierno municipal que no sólo no defendió los intereses de los vecinos ante el Tribunal Superior sino que dilató año y medio la ejecución de una sentencia que va a suponer importantes costes económicos a las arcas de un municipio fuertemente endeudado y con una altísima presión impositiva.
La «guerra» de denuncias y querellas que ahora anuncian el PP y el PSOE en Cobisa no es más que otra manera de intentar tapar las graves consecuencias que tendrá esta sentencia para las arcas municipales, por la mala actuación de uno y la dejación de otro, pero es algo que sólo sirve para «calentar» la campaña electoral y que no interesa lo más mínimo a los vecinos del municipio.
