EL PCAL RECLAMA LA DIMISIÓN DE FERNÁNDEZ DE SANTIAGO Y UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LAS CORTES PARA DEPURAR LAS RESPONSABILIDADES DEL CASO GÜRTEL EN CASTILLA Y LEÓN. (Marzo 2010).. (31/03/2010)

El PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), formación castellanista fruto de la convergencia de siete partidos independientes, regionalistas y provinciales de Castilla y León, entre los que figura TIERRA COMUNERA (TC), ante las últimas informaciones procedentes del Sumario que investiga “el Caso Gürtel”, que detallan las ramificaciones de corrupción de la trama montada por Correa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, reclama de manera urgente la asunción de responsabilidades políticas por parte del Partido Popular en esta Comunidad, así como la adopción de medidas que aclaren el grado de penetración de esta trama corrupta en Castilla y León, destacando la inmediata constitución de una Comisión Parlamentaria de Investigación en las Cortes de Castilla y León.

Como ha trascendido recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado suficientes indicios de delito, en la adjudicación de obras por la Junta de Castilla y León que investiga el juez Antonio Pedreira, que instruye el “Caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ha reclamado que en lo referido a Fernández de Santiago, remita la causa al Tribunal Supremo.

Los castellanistas consideran urgente, dentro del paquete de responsabilidades políticas exigibles, la dimisión inmediata del actual presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández de Santiago, que según las informaciones derivadas del sumario del Caso, recibió presuntamente comisiones de la red corrupta que lideraba Correa, cuando era Consejero de Fomento, a cambio de favorecer a la empresa TECONSA en la adjudicación de diversas obras en Castilla y León, como la variante de Olleros de Alba.

Así mismo, desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), se recuerda la presunta implicación en este enorme entramado ilegal, de Jesús Merino, diputado por Segovia, y miembro del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y acusado de haber recibido más de 200.000 € por comisiones de la trama corrupta que dirigía Correa, cuyo suplicatorio fue recientemente concedido por el Congreso de los Diputados a instancias del Tribunal Supremo que investiga “el Caso Gürtel”.

Todos estos hechos, que están creando una gran alarma social entre la ciudadanía de Castilla y León, y que vierten creíbles sombras de sospecha sobre la financiación del Partido Popular en Castilla y León, y sobre la adjudicación de obras públicas por parte de la administración regional que dirige el Partido Popular, son razones más que suficientes, a juicio del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), para que se asuman responsabilidades políticas en Castilla y León, por parte del Partido Popular, debiendo dar el propio Juan Vicente Herrera, como presidente regional, explicaciones sobre la gravedad y alcance del Caso Gürtel en Castilla y León.

Así mismo, los responsables del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), consideran urgente la constitución en Sede Parlamentaria de una Comisión de Investigación de la trama Gürtel en Castilla y León, para que sean las Cortes regionales quienes investiguen las responsabilidades políticas y judiciales de José Manuel Fernández de Santiago y de otros altos cargos del PP regional investigados, como el diputado nacional Jesús Merino. Los castellanistas también plantean que la citada Comisión de Investigación analice con detalle los expedientes de las adjudicaciones de obras de la administración regional en los últimos diez años, para determinar si se han producido sobrecostes, adjudicaciones irregulares, cobro de comisiones, pagos a políticos o financiación irregular del Partido Popular.

Finalmente, el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) exige una completa aclaración de los casos de corrupción política en esta Comunidad Autónoma, la depuración inmediata de los políticos y de los partidos corruptos, y la implantación de un exigente código ético en la política regional que garantice la transparencia y la legalidad de todas las actuaciones, al tiempo que regenere la confianza ciudadana en la participación política y en la democracia.

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