Otra Constitución (Diciembre 2014).

Estoy firmemente convencido de que el sistema político construido en la Transición, tras más de 35 años de vigencia, se encuentra totalmente agotado y es irrecuperable. La corrupción, la deslegitimación de las instituciones y de los partidos mayoritarios, la ausencia de una salida justa a la crisis económica, y sus perversas y extendidas consecuencias sociales, han creado una brecha irreversible entre la ciudadanía y el modelo político que se ampara bajo la Constitución Española.

Si a ello unimos la creciente conflictividad territorial y la puesta en cuestión del sistema de las Autonomías que se extiende en varias comunidades españolas, la tormenta perfecta que se llevará por delante lo que hoy queda vigente de la Transición está servida.

Creo que una condición indispensable para recuperar la confianza popular en su modelo político pasa por revisar de forma integral tanto el sistema institucional como la Constitución que lo ampara. No sé si esto puedo llevarse a cabo con una reforma en profundidad de la Carta Magna, o exigirá un nuevo proceso constituyente que cada vez cuenta con más adeptos, pero lo que sí que tengo claro es que debe tratarse de un proceso amplio y participativo, donde la ciudadanía sea protagonista y de donde se obtenga un nuevo marco legal e institucional que sea mayoritariamente aceptado por la población española.

Es decir, un nuevo pasteleo entre los partidos mayoritarios, con el apoyo de los lobbies mediáticos, catalizado por los poderes económicos y financieros y bendecido por las autoridades internacionales, sería un fraude ciudadano que podría convertir en irrespirable el ambiente político en nuestro país.

Sin embargo, la manifiesta insuficiencia de la presunta recuperación de nuestra economía, que no es percibida como tal por los millones de damnificados, y las incertidumbres políticas que se manifiestan ante la voladura incontrolada del bipartidismo, hacen que los hasta ahora dueños del tablero, el PP y el PSOE, no estén de verdad interesados en mover ficha antes de que las Elecciones Generales que se celebren dentro de un año asignen a cada cual su verdadero papel.

Así durante los próximos meses, el PP intentará mantener prietas sus conservadoras filas, con la negación sistemática de cualquier modificación constitucional, y el PSOE pretenderá liderar “a mi juicio infructuosamente- un cambio que reclama la ciudadanía, agitando frenéticamente un cambio constitucional que en el fondo ni desean ni saben en qué sentido debe producirse para que todo siga más o menos igual.

Pero, sea a través un nuevo Proceso Constituyente, o mediante una drástica reforma constitucional, los cambios sistémicos, institucionales y legales que reclaman los sectores populares no solo son necesarios, son manifiestamente urgentes, y quienes han monopolizado el poder político durante 35 años, probablemente ya no serán los actores principales en el nuevo escenario que se avecina.

En mi opinión, la nueva Constitución debe actualizar sus contenidos a los tiempos y a la sociedad actual. Ello implica acentuar su carácter social, dar cumplimiento a los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna que la realidad convierte en meras declaraciones de buenas intenciones, y plantear un nuevo modelo territorial que concite más adhesiones que el actual.

Los castellanistas somos partidarios de profundizar en los mecanismos democráticos constitucionales, avanzando hacia una sociedad más participativa, más transparente, más respetuosa con todos los derechos fundamentales de las personas y más exigente frente a la corrupción. Creemos que es necesario el “blindaje constitucional” de los derechos sociales (asistencia sanitaria de calidad, acceso a la educación, acceso a una pensión digna, servicios sociales, ayudas a las personas dependientes, derecho efectivo a la vivienda y al trabajo, etc…), para que dejen de estar expuestos a los intereses tanto de los poderes políticos como de las presiones de los sectores económicos más privilegiados.

Así mismo defendemos el establecer una efectiva separación de poderes, garantizando la independencia real del Poder Judicial, y las necesarias modificaciones del régimen electoral que garantice la igualdad efectiva de las diferentes opciones políticas, y la generalización de las listas abiertas en los comicios y de las primarias en el seno de los partidos.

Obviamente, la cuestión territorial es quizás el aspecto más importante y delicado de la nueva Constitución Española, máxime en un momento en que algunos se decantan por la reducción del marco competencial autonómico, mientras otros juegan ya en el escenario del separatismo y la ruptura.

Desde el Partido Castellano reivindicamos que este es el momento adecuado para el reconocimiento de Castilla, mediante la unidad institucional entre las actuales 5 comunidades castellanas (Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha), dentro de un proyecto federal para una España Plural, con igualdad de derechos y obligaciones con el resto de los pueblos del Estado, y estableciendo de forma detallada el reparto competencial entre las diferentes administraciones (central, territorial y local).

Un momento que también es el idóneo para plantearnos que si el Senado tiene algún futuro debe serlo como una Cámara estrictamente territorial, de reducidas dimensiones, donde los territorios federados resuelvan en un diálogo de igual a igual todas aquellas cuestiones de coordinación que en el modelo de 1978 han quedado pendientes.

Queremos reformar la Constitución para dotarnos de más herramientas democráticas.

En concreto:

– Que los referendos puedan ser solicitados por 500.000 personas y que el resultado sea vinculante si es aprobado por mayoría y hemos participado en él un número suficiente de ciudadanos/as

– Que los referendos, además de sobre decisiones de especial relevancia, puedan tratar sobre las leyes aún no ratificadas, o sobre la anulación de leyes en vigor

– Que las Iniciativas Legislativas Populares puedan tratar sobre materias propias de ley orgánicacomo, por ejemplo, la ley electoral o la ley de educación

– Que la ciudadanía pueda, en número de 500.000 personas, promover la reforma de la Constitución.

Todo eso lo hacemos ejerciendo el derecho colectivo de petición. Petición que ahora se está tramitando en la Junta General del Principado de Asturias.

(Artículo de opinión de Luis Marcos, Secretario de organización del PCAS, publicado en burgosconecta.es.)