Lamentablemente la unanimidad que expresan los partidos políticos vascos en su reclamación territorial sobre los municipios de Treviño y La Puebla de Arganzón, no se corresponde con lo que ocurre en las formaciones políticas castellanas. Imagina, Podemos e IU, ya se han manifestado a favor de que “decidan los vecinos” mediante una consulta. Por su parte, Ciudadanos, en una alambicada explicación, dicen no ser contrarios a la segregación, si así lo justifica una “Ley de Enclaves”, pero rechazan dar la imagen “de ceder ante el País Vasco”. Más maquiavélico se muestran los portavoces socialistas…”cuando haya una propuesta firme, la valorarán, siempre que no vaya en contra de la legalidad”.
Los castellanistas echamos de menos pronunciamientos más rotundos en defensa de los intereses de Burgos y de Castilla, como los que pronuncia sin el menor rubor ni complejo el PARTIDO CASTELLANO (PCAS): “Treviño es Burgos y Castilla, desde hace mil años; y así debe seguir siendo”. Y son afirmaciones que no se basan exclusivamente en el voluntarismo, sino que cuentan con una sólida argumentación, como posteriormente expondré en esta entrada de “La Tenada del Común”, y que frecuentemente hemos trasladado a las instituciones Vascas y Alavesas, en estudiados informes, que han encontrado respeto y comprensión.
Pero analicemos con un poco de sosiego las pobres argumentaciones, como las de Podemos, IU, Imagina o Ciudadanos, de quienes desde Castilla se muestran proclives a arriar la enseña cuartelada e izar la ikurriña en el Condado de Treviño. “Qué decidan los vecinos”… puede parecer una opción impecable… ¿para todo? Desde mi punto de vista no… ¿Qué votarían los vecinos de Treviño ante la opción de pertenecer a Burgos o a Álava? Pues como hasta los más recalcitrantes reconocen… no votarían en función de su identidad “sea la que fuere- sino en función de los beneficios y ventajas que plantea gozar de administraciones bien dotadas económicamente, gracias a privilegios fiscales y conciertos económicos que pagamos entre todos, como el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, frente a la penuria y miseria que padecen los miles de pueblos de la Comunidad de Castilla y León.
Los vecinos de Treviño y La Puebla de Arganzón quieren la poderosa atención sanitaria de Osakidetza, y no los cutres consultorios médicos del Sacyl, quieren las cuantiosas ayudas económicas de la Diputación Foral, y no las limosnas de César Rico, quieren los Planes de Empleo y de Ayuda a Emprendedores y creación de Empresas del Gobierno Vasco, y no los papeleos infames y la calderilla que ofrece la Consejería que manejó a su antojo hasta hace poco Tomás Villanueva. No podemos criticar a los vecinos del Condado de Treviño que, si se les preguntan si quieren vivir mejor o peor, elijan vivir mejor. Si se lo preguntáramos a los vecinos de Valle de Mena, a los de Miranda de Ebro, e incluso a los de Rabanera del Pinar, a casi 200 kilómetros de Vitoria, seguramente también votarían “queremos vivir mejor”; y los de San Pedro Manrique (Soria), y los de Castrillo de los Polvazares (El Bierzo) o los de Camarzana de Tera (Zamora).
Lo absolutamente intolerable no es que el Condado de Treviño se sitúe en Burgos. Lo realmente intolerable es que en un país democrático como España, la calidad de los servicios públicos dependa fundamentalmente de donde te toca vivir: en una Comunidad pobre o en otra rica, incumpliéndose de forma flagrante el principio constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos. Esto sí que debiera movilizar a millones de ciudadanos a las puertas del Congreso todos los días. Algo especialmente grave cuando la riqueza de algunas comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña se debe en gran parte al empobrecimiento financiero, demográfico, hídrico, energético de territorios como Castilla y Aragón, entre otros, además de a sus privilegios políticos y económicos.
Supongo que cuando los vecinos de Rabanera del Pinar o de Camarzana de Tera, o los de Gabón, apliquen el “derecho a decidir” que de forma impoluta invoca “Imagina”, y voten por pertenecer a Álava, al Cantón Suizo de Lausana, al Estado Federal de Baviera o al de California… habremos alcanzado el estado de excelencia democrático… ¿Tienen los municipios, todos, derecho a la autodeterminación, señores de “Imagina”?
Y es que, no nos engañemos, no estamos ante un problema de purismo democrático, estamos ante una nueva imposición del rico, poderoso e influyente, frente al empobrecido, desarmado y olvidado. Una manera colonial de extenderse, a las formas aceptables del siglo XXI. Igualmente, la interpretación sesgada del “derecho a decidir” o del “derecho a la autodeterminación” en su aplicación al Condado de Treviño evidencia notables deformaciones instrumentales, así como efectos colaterales conflictivos e indeseables.
Los conceptos del “derecho a decidir” o del “derecho a la autodeterminación” surgen del Derecho Internacional y como tales son admitidos por entidades como Naciones Unidas, como una forma de establecer la descolonización de territorios objeto de colonización u ocupación por parte de potencias o imperios coloniales. El sujeto de este tipo de derechos es siempre un “pueblo” colonizado. De esta manera se limita el derecho de autodeterminación de los pueblos al derecho de autodeterminación de aquellos pueblos no representados por sus gobiernos por motivos de raza, credo o color, en otras palabras a las colonias.
Resulta extremadamente difícil equiparar a la población del Condado de Treviño con un “pueblo” sujeto del derecho a la autodeterminación, y a su adscripción a Burgos y Castilla y León como una situación colonial. Aceptar esta tergiversada realidad implicaría el dar carta de naturaleza a que los municipios (independientemente de que su población sea de pocos centenares de habitantes) puedan ejercer el “derecho de autodeterminación”.
Pero puede que el “derecho a decidir” invocado para justificar la anexión del Condado de Treviño a Álava, sencillamente esconda o vista con credenciales democráticas la más prosaica realidad de una población que desea vivir bajo unos estándares de prestación de servicios públicos mayores y mejores. Es decir que los vecinos de municipios de una Comunidad más pobre, como lo es Castilla y León, deseen pertenecer a una Comunidad más rica, como lo es el País Vasco, para así disfrutar de unas condiciones de vida mejores.
Los datos históricos son claros y reafirman la inequívoca y continua pertenencia a Burgos y Castilla del Condado de Treviño desde la Alta Edad Media (Fernán González, 932), así como los innumerables argumentos históricos y culturales que refuerzan las tesis de adscripción a Burgos y a Castilla del territorio que hoy conforman los municipios de Treviño y La Puebla de Arganzón. Las razones jurídicas son también claramente determinantes en este sentido: El Fuero de Treviño, dado por el rey justiciero Alfonso X el Sabio, establece que no se enajenará nunca de Castilla la villa de Treviño, es decir que descarta las anexiones o segregaciones de dicha tierra de Burgos, que no es ningún enclave de Álava, sino pura y llanamente territorio burgalés. En Treviño se aplicaban las disposiciones de las Cortes de Castilla y León, el Fuero Viejo y el Fuero de Treviño y en la Puebla los acuerdos de nuestras tradicionales Cortes y el Fuero Latino de Alfonso VIII. Treviño, como circunscripción castellana, se rigió por el derecho castellano y ya en 1926 la ley de régimen local estableció que un territorio de derecho común, como Treviño, no se podía anexionar a una tierra de derecho foral, cual es Álava.
Es obvio que Castilla, que se ha visto despoblada durante el siglo XX, a través de la emigración de cientos de miles de sus ciudadanos, en parte hacia el País Vasco o Cataluña, en un éxodo de exclusivas razones económicas no identitarias, puede llegar a sufrir un nuevo éxodo económico (como ya lo padece) al que además se le puede dar una cobertura moral basada en la identidad.
La solución pasa por la cooperación entre las diferentes administraciones del Estado y de sus territorios para garantizar el derecho a que todos sus ciudadanos, con independencia del territorio donde vivan tengan garantizados unos estándares de calidad en la prestación de sus servicios públicos.
Así mismo, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) cree que en los momentos actuales, en que los acuerdos de cooperación entre diferentes administraciones para la prestación de servicios a los ciudadanos, la adscripción de este territorio a la Comunidad de Castilla y León no debe suponer el menor deterioro de la calidad de los servicios sanitarios, educativos o sociales que reciben sus ciudadanos. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) continuará en las próximas semanas desarrollando su paquete de iniciativas a favor del carácter burgalés y castellano del Condado de Treviño.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se considera imprescindible la realización de una encuesta ciudadana entre la población del Condado de Treviño que analice la situación actual de la Prestación de Servicios que reciben los residentes en ambos municipios (Treviño y La Puebla de Arganzón), así como la percepción subjetiva de cómo podría afectar a la prestación de dichos servicios públicos el cambio de adscripción territorial de la Comunidad de Castilla y León a la Comunidad del País Vasco.
Esta Encuesta de la Prestación de Servicios Públicos en el Condado de Treviño debe analizar aspectos como la Sanidad, la Educación, el Transporte, las Telecomunicaciones, el estado de las Carreteras, las Prestaciones Sociales, los Apoyos a la creación de Empleo y de Empresas, la Agricultura y la Ganadería, etc… poniendo de relieve la posible existencia de carencias o discriminaciones en la percepción de determinados servicios por parte de la población del Condado de Treviño, respecto a los municipios de su entorno.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se estima que independientemente de la adscripción territorial del Condado de Treviño, sus pobladores deben recibir una Prestación de Servicios Públicos en condiciones homogéneas de calidad a la de los residentes en municipios limítrofes, y que para garantizar este principio de igualdad, es imprescindible la cooperación leal entre las diferentes administraciones (locales, autonómicas y estatales).
Esta formación castellanista reclamará la firma de un Acuerdo de Cooperación Institucional entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Castilla y León, y entre las Diputaciones Provinciales de Burgos y Álava, que establezca una relación de servicios públicos para su prestación a la población del Condado de Treviño por parte de la administración que los pueda efectuar en las mejores condiciones de calidad.
Parece razonable que los habitantes del Condado de Treviño reciban una asistencia sanitaria, en aquellos casos que requieran servicios superiores a los prestados por la Atención Primaria del Condado de Treviño y a la Hospitalaria de Miranda de Ebro en centros hospitalarios de Álava, y que determinadas realizaciones públicas en el Condado de Treviño, en materia de servicios sociales, educativos o de gestión de infraestructuras sean abordadas por administraciones públicas enclavadas en el País Vasco. Estas realidades no pueden ni deben cuestionar la adscripción territorial del Condado de Treviño, del mismo modo que ocurre con ciudadanos vascos que se encuentran en Castilla y León y en ese territorio reciben determinados servicios públicos.
Artículo de Luis Marcos publicado en burgosconecta.es
