La formación castellanista PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), ante el nuevo Modelo de Financiación presentado por el Gobierno Central, considera que sus resultados serán netamente negativos para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al tratarse de un modelo injusto, insolidario, que abrirá aún más la brecha que separa a las comunidades empobrecidas del interior peninsular frente a las comunidades periféricas, y reclama a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que sean beligerantes en la defensa de los intereses de la Comunidad y no acepten por criterios de obediencia partidista un modelo que perjudica claramente a nuestra Comunidad Autónoma.
La formación castellanista PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), ante el nuevo Modelo de Financiación presentado por el Gobierno Central, considera que sus resultados serán netamente negativos para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al tratarse de un modelo injusto, insolidario, que abrirá aún más la brecha que separa a las comunidades empobrecidas del interior peninsular frente a las comunidades periféricas, y reclama a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que sean beligerantes en la defensa de los intereses de la Comunidad y no acepten por criterios de obediencia partidista un modelo que perjudica claramente a nuestra Comunidad Autónoma.
Los castellanistas consideran, en primer lugar, inaceptable que el nuevo Modelo de Financiación haya surgido de un proceso de negociación bilateral, entre el Estado central y el Gobierno Autónomo de Cataluña, y que solo tras el acuerdo de estas dos partes se haya dado conocimiento del mismo al resto de los ejecutivos regionales. El Modelo de Financiación Autonómico consolidad un Sistema claramente Asimétrico, que no trata a todas las Comunidades Autónomas por igual, que establece diferencias entre territorios privilegiados (Comunidades Forales: Navarra y País Vasco, y actores de primera categoría: Cataluña y Andalucía), frente a Comunidades como Castilla-León que se ubican en el furgón de cola del Estado de las Autonomías.
En el diseño del nuevo modelo de financiación autonómico, ha primado aún más el criterio de población, que perjudica claramente a comunidades como Castilla-León, regresiva en términos poblacionales, beneficiando a las autonomías periféricas. Así el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), que supondrá el 80% de los recursos totales del sistema, se distribuirá casi exclusivamente por el número de habitantes, con muy ligeras correcciones, que no llegan a compensar de manera efectiva, los costes reales de la prestación de estos servicios públicos en ámbitos territoriales dispersos, envejecidos y despoblados como la mayor parte de las comarcas de Castilla-León.
Desde el PCAL se critica además que no se han considerado Servicios Públicos Fundamentales ni la Investigación, ni la Justicia, ni las Infraestructuras, ni el Medio Ambiente, ni la gestión de los Recursos Hídricos ni las políticas de lucha contra el Cambio Climático, con lo cual en estos ámbitos el Estado renuncia a su obligación de garantizar la igualdad efectiva entre los diferentes territorios españoles.
Existen además, criterios que interesan y pueden beneficiar a Castilla-León en el reparto, que tienen un peso ponderado muy poco significativo. Así la Superficie, solo pesará el 1,8% del reparto, y la dispersión un significante 0,6%, con el agravante de una sospechosa definición de este criterio, que a Castilla-León se le considera que posee menos dispersión territorial que Asturias y nada menos que solo el 20% de la dispersión de Galicia.
Por otro lado, se crea un nuevo Fondo de Suficiencia Global, que equivale al 16,5% del total de recursos del sistema, pero cuya evolución dependerá de los ingresos tributarios totales del Estado, con lo cual, en momentos de crisis como los actuales, comunidades como Castilla-León verán reducidos en el periodo 2009-2011 drásticamente los recursos efectivamente recibidos. Es además inconcebible que se cree el nuevo Fondo de Competitividad, que se distribuirá entre las Comunidades más Ricas, aumentando las desigualdades territoriales en el conjunto de España.
Del fondo adicional de 11.437 millones de euros que el Gobierno Central añadirá a la financiación autonómica, a Castilla-León le corresponderán 500 millones, poco más del 4%, manifiestamente insuficiente, mientras que por ejemplo a Cataluña le corresponderán inicialmente 2.863 millones (más del 25% del total), que ascenderá en el horizonte de 2011 a 4.000 millones de euros más para la Comunidad Catalana.
Además, el nuevo modelo de financiación autonómica, condiciona la transferencia de un volumen importante de los recursos a las comunidades autónomas, a la recaudación por vía tributaria de la Administración Central, que ha hecho sus modelos de evolución según la tributación del año fiscal 2007 (un año de recaudación record), pero que se verán muy disminuidas durante los años 2009, 2010 y 2011, estimándose una reducción de ingresos de en torno al 20% de los recursos para una Comunidad como Castilla-León, lo cual supondrá más deuda pública, más endeudamiento, más déficit y menos prestaciones de servicios públicos.
Castilla-León pierde claramente por los siguientes conceptos:
– No se han aceptado los criterios de financiación fijados en la Reforma del Estatuto de Autonomía de esta Comunidad Autónoma.
– No ha participado en el proceso negociador, básicamente bilateral, entre el Estado y Cataluña, con lo que debe aceptar un modelo cocinado previamente en beneficio de otros.
– No se computan de manera equitativa los incrementos de costes en la prestación de servicios públicos en el seno de una Comunidad extensa, dispersa, despoblada y envejecida.
– No se crean Fondos de Financiación extraordinarios adicionales para casos singulares de regresión territorial y poblacional como los existentes en provincias castellanas como Soria o Zamora, o como Teruel en el caso de Aragón.
– No se tienen en cuenta para la financiación autonómica criterios como la Despoblación (pérdida de población), o la superficie forestal (clave en la lucha contra el Cambio Climático).
– Excluye las Infraestructuras, la Justicia y el Medio Ambiente, del conjunto de ámbitos donde el Estado Central debe garantizar una igualdad, al menos nominal, entre las diferentes Comunidades Autónomas.
– No tiene en cuenta el expolio no fiscal a que se ha sometido a las comunidades empobrecidas del interior que durante décadas han sido especializadas en la emigración interior, la generación de agua, energía y materias primas, y a servir de mero apoyo en el desarrollo industrial y turístico de la periferia peninsular.
En resumen, para el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN se trata de un modelo injusto, insolidario, insostenible y asimétrico, ante el cual reclamamos una completa reconfiguración.
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