TIERRA COMUNERA (TC) RECLAMA QUE BURGOS SE ADHIERA A LA LEY DE GRANDES CIUDADES
La Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) reclama al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos que inicie los trámites para que la ciudad de Burgos se adhiera al régimen de organización de grandes ciudades o municipios de gran población, que establece la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, por los beneficios que provocaría en la ciudad de Burgos, al tiempo que critica al alcalde Aparicio por su dejadez, al haber permitido que trascurran más de dos años y medio de la vigencia de la citada ley, sin plantearse la inclusión de Burgos en la misma.
Los castellanistas recuerdan que la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida como la Ley de Grandes Ciudades, pretende modernizar y actualizar la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que en sus más de veinte años de vigencia se había quedado manifiestamente obsoleta en temas como: el modelo orgánico-funcional de los Ayuntamientos, claramente arcaico, corporativo y burocratizado, el uniformismo en el tratamiento a las corporaciones locales, con independencia de su demografía, complejidad y problemática particular, y las exigencias ciudadanas de una vida local más rica, dinámica y participativa, derivada de las profundas transformaciones sociales, culturales, económicas y cívicas que han experimentado los municipios españoles en las últimas décadas.
Aunque esta formación castellanista considera que en España es imprescindible una amplia reforma del régimen local, con una nueva Ley de Bases del Régimen Local, con un Pacto Local avanzado, con la generalización de la Comarcalización y de las Áreas Metropolitanas, y con la sustancial mejora de la financiación de los municipios y las corporaciones locales, TIERRA COMUNERA (TC) manifiesta que la adhesión de Burgos a la Ley de Grandes Ciudades, reportaría a esta capital castellana de una serie de notables beneficios:
· Dotar al ejecutivo municipal de una mayor capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente ante las exigencias de los ciudadanos y ante realidades claramente cambiantes. Profundizar simultáneamente en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, configurando al Pleno como un verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas.
· Potenciar la participación ciudadana, evitando el alejamiento de los ciudadanos de la vida pública, favoreciendo los mecanismos del control ciudadano sobre las acciones del gobierno municipal, concretando los instrumentos de participación ciudadana, incluyendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de manera interactiva, regulando la iniciativa popular y la realización de consultas ciudadanas.
· Modernizar los mecanismos de realización de los trámites administrativos.
· Dotar al Ayuntamiento de amplias potestades a la autoorganización y modernización de la maquinaria administrativa municipal, incorporando al régimen local las entidades públicas empresariales, que se han demostrado eficaces en otras administraciones públicas.
· Regular claramente el funcionamiento de los organismos autónomos y las sociedades mercantiles con capital social público.
· Adaptarse al modelo legal europeo de gobierno local, diseñado por la carta Europea de Autonomía Local.
· La descentralización administrativa en la ciudad, creando distritos, instrumento esencial para las políticas de proximidad, desconcentrando funciones, generalizando la participación ciudadana, y estableciendo un porcentaje del presupuesto que debe gestionarse desde los distritos.
· Establecimiento del Consejo Social de la ciudad de Burgos, como mecanismo participativo de carácter consultivo, centrado en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana.
· Creación de una Comisión de Derechos, Sugerencias y Reclamaciones, que garantice la competencia técnica, la celeridad y la independencia que requieren los ciudadanos.
· Reorganizar la gestión económico-financiera, creando y separando los órganos que ejerzan las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación, respondiendo a la complejidad de la gestión municipal en estos ámbitos.
· Participar en la Conferencia de Grandes Ciudades, y en el Observatorio Urbano para el seguimiento de la evolución de la calidad de vida urbana, introduciendo por primera vez instrumentos de análisis comparado de resultados en el funcionamiento de nuestro régimen local.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) se destaca que en los dos años y medio de vigencia de la Ley de Grandes Ciudades, se han adherido a la misma cincuenta ayuntamientos españoles: cuatro en Andalucía (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), uno en Aragón (Zaragoza), dos en Asturias (Gijón y Oviedo), uno en Baleares (Palma de Mallorca), uno en Cantabria (Santander), cinco en Canarias (Las Palmas, Santa Cruz, Telde, y los cabildos insulares de Lanzarote y La Palma), uno en Castilla-León (Valladolid), seis en Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Talavera de la Reina), dos en Cataluña (Barcelona y Tarragona), uno en Extremadura (Mérida), siete en Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela), cinco en Madrid (Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe y Móstoles), dos en Murcia (Murcia y Cartagena), uno en Navarra (Pamplona), tres en el País Vasco (Bilbao, Vitoria y San Sebastián), uno en La Rioja (Logroño), y cinco en la Comunidad Valenciana (Castellón de la Plana, Alicante, Valencia, Torrevieja y Elche), estando otra veintena de localidades preparando su adhesión a esta Ley de Grandes Ciudades. Ciudades todas ellas gobernadas por todas las fuerzas políticas del Estado (PP, PSOE, IU y nacionalistas).
Ciudades que deben ser municipios de más de 250.000 habitantes, ser capitales de provincia de entre 175.000 y 250.000 habitantes, o capitales de provincia o municipios de más de 75.000 habitantes, mediante acuerdo de su Asamblea Legislativa Autonómica.
TIERRA COMUNERA (TC) estima que la pasividad del gobierno de Aparicio a la hora de abordar la inclusión de Burgos en el Club de las Grandes Ciudades, se debe simultáneamente a su incapacidad para afrontar una gestión moderna del funcionamiento municipal, a su rechazo a la modernización de la maquinaria administrativa local, a su incomprensión sobre las demandas de participación efectiva de la ciudadanía, y a su falta de fe y confianza en el futuro y las capacidades de Burgos como ciudad, capaz de competir con garantías frente a ciudades de nuestro entorno.
Para TIERRA COMUNERA (TC) resulta llamativo que Aparicio, que formó parte como ministro del gobierno de Aznar en la segunda legislatura del PP, sea precisamente el alcalde que se haya opuesto en la práctica a la entrada de nuestra ciudad en el ámbito de las Grandes Ciudades, cuando forman parte de la misma veinte localidades de población inferior a la de Burgos y otra decena de características similares. Su pasividad ante este reto que podría afrontar la ciudad de Burgos se debe, a juicio de esta formación comunera, a la inexistencia de un modelo de ciudad para Burgos, de unos objetivos que cumplir, de unas metas que alcanzar, lo que lleva al equipo de gobierno del PP en Burgos, a considerar que su misión se limita a gastar los presupuestos municipales, y a desarrollar una serie de obras e iniciativas que no responden a una planificación o visión estratégica determinada.
Finalmente, TIERRA COMUNERA (TC) reclama al gobierno municipal de Aparicio que no pierda más tiempo, e inicie de forma inmediata los trámites para incluir a Burgos en las Grandes Ciudades que se acojan al régimen que establece la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
