El pasado sábado 11 de Junio, cerca de medio centenar de responsables,
afiliados y simpatizantes de TIERRA COMUNERA (TC), se congregaron en
la Plaza de Zocodover de Toledo para reclamar la paralización del
Trasvase Tajo-Segura. Entre los asistentes se encontraban los máximos
responsables del partido castellanista, Luis Marcos, Secretario
General, y Lorenzo Amaro, Presidente Nacional. Así mismo, se
encontraban presentes otros dirigentes como Pedro Mambrilla,
Secretario Nacional de Juventudes Comuneras, Pedro Manuel Soriano,
Secretario Provincial de Toledo, y afiliados y simpatizantes comuneros
de Avila, Valladolid, Madrid, Segovia, Ciudad Real y Toledo.
Durante la concentración se corearon distintos lemas contra el
Trasvase Tajo-Segura, se reclamó un caudal digno para el río Tajo y la
posibilidad del que el agua del río genere empleo y riqueza en la
propia cuenca del Tajo. También se puso de manifiesto la oposición de
TIERRA COMUNERA (TC) al acuerdo suscrito entre la Ministra Narbona y
el Presidente Barreda, que no sólo no garantiza el final del Trasvase
sino que otorga derechos sobre el agua del Tajo a la cuenca del
Segura. Por otro lado, TIERRA COMUNERA (TC) aprovechó para recordar
ante los medios de comunicación que hace más de un mes que han
solicitado por escrito a la Presidencia de la Junta de Castilla-La
Mancha una copia de dichos acuerdos, sin que hasta la fecha hayan
recibido respuesta alguna.
A la finalización del acto, se hizo entrega en el registro de la
Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha de un documento dirigido
a la Ministra de Medio Ambiente en el que se exponen las razones de
este partido castellanista para proceder a la inmediata paralización
del Trasvase Tajo-Segura.
Desde este partido comunero, se expresó la intención inamovible de
continuar con cuantas acciones políticas y legales estén a su alcance
para conseguir la paralización definitiva del Trasvase Tajo-Segura.
A continuación se expone el documento que fue entregado en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por los responsables castellanistas:
Basándonos en el Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de Junio, por el que se modificaba el Plan Hidrológico y el Trasvase del Ebro, y utilizando los mismos argumentos que usaba el Gobierno para esa paralización, desde TIERRA COMUNERA (TC) pedimos al Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero la aplicación inmediata del siguiente Decreto de Paralización del Trasvase Tajo-Segura:
Hace ya veinticinco años que se puso en marcha el Trasvase de agua del río Tajo al Segura, bajo unos supuestos objetivos de racionalidad, eficiencia socio económica y ambiental, que distintos informes técnicos han puesto en entredicho, al considerar que en una decisión de tanto calado como la de llevar a cabo el trasvase no han merecido la debida atención y tratamiento aspectos fundamentales, entre los que cabe destacar los siguientes:
a) En su dimensión económica, en tanto se han exagerado los beneficios del proyecto, sus costes aparecen sistemáticamente infravalorados, y en algunos casos ni siquiera han sido tomados en consideración; la estructura de precios para la industria, la agricultura y los consumidores no ha sido suficientemente bien explicada; no se ha aclarado si se aplican tarifas diferentes según los territorios, ni cómo se establecen los acuerdos en materia de precios; los beneficios positivos, en términos de creación de empleo, han sido sobreestimados, y la relación entre el precio y la demanda no está bien contemplada.
b) En cuanto a las repercusiones ambientales, no se han analizado adecuadamente los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, y no se han despejado las incertidumbres sobre el caudal actual del Tajo; no se han adoptado las medidas necesarias para la protección del río Tajo; no se ha asegurado la protección de las especies protegidas existentes, contrariamente a lo exigido por la legislación comunitaria sobre hábitats; existe un riesgo real de propagación de especies invasoras, que ya se ha detectado que existe en algunos casos; no existió evaluación de impacto ambiental y sus documentos asociados; tampoco se ha informado sobre el aumento de salinidad tanto en la cuenca cedente como en las cuencas receptoras, que pueden hacer que el daño sea ya irreparable.
c) Y en cuanto a los aspectos técnicos, ha de subrayarse la ausencia del rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías, existiendo por otra parte un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar el agua en las cuencas receptoras.
Estas acusadas y graves deficiencias en los criterios que prestan soporte al trasvase han quedado corroboradas en buena medida por la valoración sumamente crítica que en distintas fases y trámites ha merecido el Trasvase a las autoridades comunitarias, lo que resulta determinante para estimar que las posibilidades de obtener financiación con cargo tanto a Fondos de Cohesión como al FEDER para los proyectos de ampliación como el Talave-Cenajo resultan prácticamente inexistentes.
Por otro lado, el señalado trasvase no garantiza el cumplimiento de las cautelas ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas, destinadas a garantizar que en ningún caso el desarrollo futuro de la cuenca cedente pueda verse comprometido por la transferencia, ni queda asegurada la obligada circulación del caudal ambiental aguas abajo de la toma de derivación (de hecho se incumple dicho caudal) y el mantenimiento de los ecosistemas asociados, tal y como expresamente exige la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco sobre Política de Aguas), patrón por el que deberán perfilarse las políticas hidráulicas de los Estados miembros en el siglo XXI.
De acuerdo con la citada directiva europea, las transferencias entre cuencas sólo deben plantearse cuando se hayan optimizado los recursos hídricos de cada cuenca, caso que no se está aplicando en el Trasvase Tajo-Segura; y, en todo caso, cualquier actuación hidráulica debe ser compatible con el mantenimiento de los caudales que garanticen la calidad ecológica de las aguas. Ello es aplicable, evidentemente, a la única transferencia de agua de importancia significativa existente en España, el trasvase Tajo-Segura, cuya utilización deberá ajustarse, estrictamente, a las condiciones establecidas en la legislación vigente y, especialmente a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000.
Adicionalmente, el exigible principio de recuperación de los verdaderos costes asociados al trasvase hace inviable económicamente la utilización de los recursos aportados para el regadío y retrasa en el tiempo la puesta en marcha de soluciones a problemas que son ya muy urgentes, mientras que existen alternativas técnicamente más recomendables, ligadas a la gestión de la demanda, a la utilización de desaladoras y a la reutilización de recursos, que pueden atender una demanda justificada y legítima, paliar la sobreexplotación y contaminación de acuíferos, y asegurar el mantenimiento de los ecosistemas de interés natural, garantizando un uso más racional y sostenible de los recursos hidráulicos.
El panorama descrito lleva a considerar que el Trasvase Tajo-Segura cuestiona gravemente los principios que la propia Ley 10/2001, de 5 de julio, establece en el artículo 12.
Porque la satisfacción de las necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas no admite demora, y debe procurarse asegurando la estabilidad de un desarrollo más equilibrado, sostenible y concertado en todos los territorios a los que afecta el trasvase del Tajo.
En suma, se atiende así cabalmente el mandato que el artículo 45 de la Constitución dirige a los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, entre los que necesariamente hay que incluir el agua, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
En su virtud, decretamos la inmediata paralización del Trasvase Tajo-Segura.
