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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se ha dirigido al Presidente de la Junta de Castilla y León para criticar los procedimientos seguidos en la aprobación de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2018 en las Cortes, mediante los cuales, vía enmiendas puntuales, se han destinado, por criterios partidistas o intereses personales, significativas cuantías económicas al margen del interés general o de procedimientos administrativos justos, públicos y transparentes.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera bochornoso el procedimiento final de aprobación definitiva por las Cortes de Castilla y León de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el 2018, con los votos a favor de los procuradores del partido Popular y las abstenciones de los procuradores de UPL y Ciudadanos. A juicio de los castellanistas, la admisión de las enmiendas parciales de estos grupos, y muy especialmente las presentadas por Ciudadanos, han supuesto la aprobación de gastos, inversiones, actuaciones y subvenciones, completamente ajenas al interés general, y únicamente orientadas a beneficiar a particulares o a administraciones locales en función exclusivamente del color político, reeditando en pleno siglo XXI el más rancio caciquil de la España Profunda del Siglo XIX.

Así es particularmente vergonzoso, que el PP después de suscribir un acuerdo público con Ciudadanos para garantizarse la abstención de sus procuradores, decidiera respaldar a última hora 14 enmiendas singulares de Ciudadanos al presupuesto que suman la cuantía de 1,012 millones de euros, cuya cuantía no es muy elevada en un presupuesto total de 10.859 millones de euros, pero que en su totalidad se destinan a actuaciones en las cuales ni existen proyectos previos, y se dirigen a actuaciones de mero criterio partidista, en la mayor parte de los casos en ayuntamientos controlados por el partido de Albert Rivera, como si de una pedrea, dádiva o regalo se tratara, beneficiando en ocasiones directamente los intereses económicos particulares, personales o empresariales de alguno de los procuradores de Ciudadanos. Actuaciones que, a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) pueden ser constitutivas de delitos como malversación de fondos públicos o prevaricación.

Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) estas actuaciones son lisa y llanamente corrupción, no solo por parte del partido que las reclama: Ciudadanos, sino por parte del partido que las concede: el PP, dejando además de manifiesto que estas prácticas, son habituales, que el PP también las practica, y aunque perjudican a la mayoría de los 2.248 municipios de Castilla y León, que malviven en la penuria económica, privilegian a un pequeño puñado de los mismos, no los más necesitados, sino aquellos que por criterios particulares o partidistas sustraen para uso particular los recursos de todos.

Los castellanistas reclaman de manera urgente que todas las actuaciones, transferencias y subvenciones que realicen las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León en municipios de la Comunidad Autónoma se realicen mediante convocatorias públicas, sectoriales (Cultura, Turismo, Agricultura, Fomento, Obras, Ciclo del Agua, Empleo, Medio Ambiente, etc…) con bases publicadas y baremos conocidos por todos, donde los recursos públicos, escasos e insuficientes por definición, máxime en una tierra como Castilla discriminada y empobrecida por todos los gobiernos centrales, se repartan con criterios técnicos, en función de las necesidades y de iniciativas con proyectos técnicos realizados y viables. Mantener estas viejas prácticas clientelares demuestra que el Partido Popular es una estructura de poder caciquil y que Ciudadanos, en lugar de representar a la nueva política que pregona es un mero chiringuito que se ha adaptado perfectamente a las prácticas más sucias y corruptas del pasado, para beneficio partidista de su organización y particular de sus representantes, siendo cuatro de sus actuales procuradores tránsfugas procedentes de otros partidos e incumpliendo reiteradamente el código de conducta de su partido que textualmente expresa: Asumirán el compromiso de cumplir estrictamente el régimen de incompatibilidad previsto en las leyes, absteniéndose entre otros supuestos de participar o desarrollar toda actividad privada que pueda conllevar un supuesto claro de conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo, y no aceptando ningún trato de favor ni de ninguna otra índole que implique directa o indirectamente algún tipo de privilegio o ventaja”.