Castilla nos une

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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) solicita el cierre inmediato de las embajadas de la Junta de Castilla y León.

La formación castellanista ha registrado un documento, en la mañana de del día de hoy, en la sede de la Junta de Castilla y León en Burgos, solicitando el cierre inmediato de las delegaciones de la Junta de Castilla y León en el extranjero, después de los escandalosos datos que se van conociendo de las mismas, día tras día y año tras año.

Los comuneros muestran su preocupación por la finalidad y resultados de las 19 “embajadas”, que desde 1995, Castilla y León ha tenido repartidas por 4 de los 5 continentes. Especial atención, merece, a juicio de la formación castellanista, las obscuras oficinas que la Junta abrió en Panamá “la “oficina fantasma”, cuando el país, todavía, era considerado paraíso fiscal, o la de Miami, gestionada por un amigo de José María Aznar, o el despilfarro de gastos en la sede de Bruselas.

Después de lo que el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) considera, “un escándalo de primera magnitud”,  la formación castellanista sigue mostrando su preocupación, aun más, por la finalidad y resultados de las sedes que Castilla y León “en aras de la transparencia, y ante el entramado de oficinas que Castilla y León tiene por medio mundo, y cuya gestión es opaca, la formación castellanista espera que los datos de todas ellas se hagan públicos, por ello ha solicitado formalmente a Juan Vicente Herrera: costes de las mismas, desglosado por año y sede , criterios seguidos para la contratación de personal, remuneración del mismo y resultados económicos obtenidos, demostrables, de su existencia.

La formación castellanista no  entiende que  el dispendio económico en la proliferación de estas sedes, “que parecen más destinadas a colocar a amiguetes, blanquear fondos o a conseguir financiación irregular para el PP, que a promocionar los productos y empresas de Castilla y León”.

“Es indignante que Juan Vicente Herrera, no haya sido capaz de responder, por boca propia, o por alguno de sus consejeros ante las graves acusaciones, por el ocultismo y falta de transparencia que caracterizan a estas delegaciones. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) solicitó la dimisión de Herrera, el pasado mes de Mayo de 2017, al demostrarse la existencia de la oficina de Panamá, negada durante años por el ejecutivo autonómico, petición que vuelve a reiterar.

Desde el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) se destaca que en Mayo de 2015 la formación castellanista preguntó por primera vez a Herrera por la relación empresarial que mantuvo, en Panamá, su hermano, Francisco Javier Herrera Campo, con Jesús Arranz Monje, miembro del conglomerado empresarial Arranz Acinas, grupo empresarial que participa en la sociedad gestora del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Once meses después no se obtuvo respuesta. En Abril de 2016 dada la alarma social que  generó en la ciudadanía los “Papeles de Panamá” y “las sociedades offshore”, la formación castellanista creyó oportuno volver a solicitar información, al Presidente Autonómico, sobre la oficina de la que dispuso la Junta de Castilla y León en el país centroamericano. En esta segunda ocasión, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), sí recibió respuesta, en concreto un mes después la Junta, mediante el Director General de ADE (Agencia de Innovación,  Financiación e Internacionalización Empresarial), en ella se dice textualmente, “Hasta la fecha, la Junta no ha tenido oficina en la República de Panamá…”. Finalmente, en Mayo de 2017, tras una investigación periodística del diario.es,  tuvo que ser la propia constructora la que confirmó la existencia de dicha delegación de Excal.

Otra oficina opaca era la de Miami La portavoz de la Junta negó en  2008 la existencia de dicha sede. Miami es un asunto tabú en la Junta de Castilla y León y más en concreto en la Consejería de Economía. El gobierno regional nunca informó abiertamente sobre el Centro de Negocios, que, a través de la Cámara de Comercio de Valladolid, tuvo en la ciudad estadounidense al menos desde 2006 a 2010 y que estuvo en manos de un empresario amigo del expresidente José María Aznar, José Luis Esteve, tal y como publicó eldiario.es a quien teóricamente se le pagaba para promocionar los productos de la autonomía, a razón de 150.000 euros anuales, para cuyo pago salían de las arcas de la Junta 200.000 euros que se le daban a la Cámara de Comercio de Valladolid, que se quedaba 50.000 euros para gastos de gestión y destinaba los otros 150.000 euros a José Luis Esteve, el mencionado amigo de Aznar.

A esta lista de escandalosas actuaciones de la Junta, se suma la tercera, destapada por Laura Cornejo del diario.es, hace pocos días, la Sede de la Junta de Castilla y León en Bruselas .Una sede que se alquiló a una sociedad instrumental, en apariencia belga, pero que en realidad era de la empresa promotora del edificio de Economía conocido como Perla Negra. Documentación remitida por la Junta al juzgado del caso Perla Negra desvela un coste de más de 200.000 euros anuales en esta oficina comercial. Sólo el alquiler superaba los 15.000 euros mensuales. Una vez se prescindió de la sede la sociedad que le alquiló el lugar le reclamó, a la Junta, 1,6 millones de euros de indemnización. El acuerdo de alquiler obligaba al Gobierno regional a ser arrendatario hasta 2021 y a pagar las mensualidades hasta esta fecha si la abandonaba antes, como sucedió.

Por si el dispendio económico en el arrendamiento fuera poco existen otra serie de gastos del Gobierno autonómico de difícil justificación, desde un albarán de más de 4.000 euros, que se atribuye a una comida en la propia sede con el presidente Herrera, sin especificar el número de invitados o el alquiler de limusinas por unos importes de 215€, 430€ y 850€.

La oficina de Varsovia costó un millón de euros en alquileres en seis años, más de 13.000€ al mes.

Por último los comuneros lamentan que el coste de las embajadas de la Junta haya sido tan elevado, teniendo en cuenta que se llegó a tener 17 sedes repartidas por el mundo, más 2 ocultas, y cuyos gastos y rentabilidad  nunca ha llegado a explicar el ejecutivo autonómico. Por ello se solicita su cierre inmediato, hasta que se demuestre la necesidad y rentabilidad para la ciudadanía de alguna de ellas.

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