El pasado miércoles 21 de noviembre de 2018 se reunieron en Bruselas diversos colectivos sociales y políticos convocados por Florent Marcellesi a través de la coalición Primavera Europea para tratar el emergente asunto de la ganadería industrial que se está desarrollando principalmente en Castilla pero también en otras partes del Estado.
La ganadería industrial extensiva consiste en la operación de instalaciones pecuarias para la crianza de miles de cabezas de ganado, principalmente vacuno y porcino, concentradas en un mismo punto con el fin de abaratar costes a partir del beneficio generado por el factor de escala. Sin embargo, es un modelo productivo depredador que conlleva un impacto negativo sobre la salud de quienes trabajan en las macrogranjas y de los que viven en sus cercanías, en el medio ambiente, sobre los propios animales y en el mundo rural en general.
Uno de los proyectos, que se pretende localizar en la provincia de Albacete, consta de 51 naves en las que se estima el nacimiento anual de 573.000 lechones, el consumo de 465.000 litros diarios de agua y una emisión de efluentes líquidos (purines) de 408.000 litros diarios, los cuales se prevén desperdigar por los campos del sur de Castilla. Son varias las cuestiones que surgen con semejante volumen de cifras: ¿De dónde se va a sacar el agua requerida para las macrogranjas e una tierra castellana como la nuestra en la que es un recurso escaso? ¿Cómo se garantiza que los acuíferos no van a resultar contaminados a largo plazo por los nitratos y otros desechos que contienen los purines? ¿Por qué no se evalúan unas adecuadas instalaciones y equipos de contención y tratamiento de las emisiones gaseosas, entre las que destacan el amoníaco, los gases de efecto invernadero o los olores, más si cabe en Castilla donde padecemos episodios frecuentes de estaticidad e inversión atmosféricas que limitan la dilución de los tóxicos y pueden llevar al aire a unos niveles de contaminación más nocivos incluso que las grandes ciudades?
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Alpera (Albacete), Balsa de Ves (Albacete), Bercimuelle (Salamanca), Cañete (Cuenca), Carcarix-Hellín (Albacete), Cerecinos (Zamora), Cincovillas (Guadalajara), Guardo (Palencia), Huerta de la Obispalía (Cuenca), Lucillos (Toledo), Luzón (Guadalajara), Llano de Bureba (Burgos), Mazuecos (Guadalajara), Noviercas (Soria) con una macrogranja de 20.000 vacas (la más grande de Europa y la quinta del mundo por tamaño), Peguerinos (Ávila), Pozuelo (Albacete), Villatuelda (Burgos) o Zarzuela (Cuenca) son unos cuantos ejemplos de una amenaza que planea sobre el medio rural castellano del mismo modo que no hace mucho se repitió con la fractura hidráulica.
El aumento de la producción cárnica responde a un crecimiento en la demanda mundial, especialmente en China, a donde se tiene intención de exportar toda la carne de estas nuevas macrogranjas. El problema también se encuentra sobredimensionado en España, donde el consumo de carne se eleva a 50 kg por persona y año frente a los 25 kg recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Comisión Europea cuenta con datos que confirman la reducción progresiva del número de granjas en la última década frente al aumento considerable de la cabaña de ganado, es decir, por la proliferación de las macrogranjas y la desaparición de las granjas tradicionales de tamaño familiar o cooperativista.
Las grandes empresas cárnicas están tratando de constituir un monopolio con las macrogranjas para asegurar su creciente producción y controlar los precios de su materia prima. Han encontrado en la agonía demografía y la desesperación del medio rural castellano la oportunidad perfecta para lograr sus obejtivos: estas macrogranjas generarán muchos puestos de trabajo y mucho dinero por la vía de los impuestos para los paupérrimos ayuntamientos. Y para que el mensaje cale en los pueblos, se han ganado la confianza de unos interesados alcaldes, cuyo poder de influencia y voluntad en el medio rural de Castilla son muchas veces incuestionables. De esta manera, el alcalde se convierte en la avanzadilla del promotor de la macrogranja y quien ose llevarle la contraria se expone al riesgo de ser etiquetado como el que va contra las macrogranjas, contra el progreso y contra el propio pueblo. Algo similar a lo que pasó y sigue ocurriendo con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) o Vertedero de Residuos Nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).
Detrás de esa bonanza fingida y las promesas de las macrogranjas, se esconde mucha precariedad laboral (además de desplazar a los propios vecinos por la llegada de muchos emigrantes, en un modo similar a la gentrificación que está apareciendo en el centro de las ciudades), la pérdida de la calidad paisajística y en general, la pérdida de calidad de vida en el medio rural. El ejemplo fehaciente de las consecuencias negativas de las macrogranjas se tiene en algunos municipios de Albacete y de Aragón, donde éstas ya están operativas; lejos de aumentar su población, continúan desangrándose tanto o más que otros de Castilla. Los motivos son claros: se está fomentando la expulsión de los vecinos y se están perdiendo oportunidades empresariales, principalmente en el sector del turismo.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dado un paso más allá y ha considerado a la ganadería como un sector estratégico en su autonomía, por lo que todos los promotores de macrogranjas tienen acceso a ayudas públicas para instalarlas por todo el sur de Castilla. Los pueblos sobre los que planea la amenaza de convivir con una macrogranja en sus inmediaciones se ven muy limitados para contener estos proyectos por la visión cortoplacista de uno de sus pueblos vecinos. Se convierten en testigos de la información parcial que recogen las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), del escaso control en la aprobaciones de los proyectos para una regulación ya bastante laxa de por sí, de la falta de inspecciones de las macrogranjas o incluso de la inexistencia de un régimen sancionador que disuada al propietario de las instalaciones de incumplir la legislación vigente. La aparición de macrogranjas como setas de otoño por todo el campo castellano ha llevado ya a la constitución de 30 asociaciones de pueblos para luchar contra las instituciones y los promotores y tratar de promover una ley más estricta que limite las ansias y los excesos de quienes aprueban, desarrollan y operan los proyectos de las macrogranjas. De hecho, recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha tumbado una DIA de la macrogranja en Huerta de la Obispalía (Cuenca) porque no valoraba el grave riesgo en el que se ponía a la calidad de los recursos hídricos de la comarca tras confirmarse una relación directa entre el aumento de nitratos en las aguas potables de Torrejoncillo del Rey (Cuenca) y el vertido de purines de la macrogranja mencionada.
El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), muy sensibilizado con la falta de expectativas que tiene el medio rural de Castilla, condena también este modelo de ganadería masificada e industrializada, apostando siempre por soluciones intermedias de equilibrio en las que prime la sostenibilidad y la creación de riqueza sin perjuicio para ninguna de las partes. Las reivindicaciones se llevaron hasta el Parlamento Europeo, en donde se reunieron muchos afectados para que se traslade este problema a las instancias europeas dado el caso omiso que le hacen las instituciones autonómicas y estatales.
Puede verse un vídeo de las jornadas aquí
