El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) se opone a la disolución de los “Consorcios” en Burgos y propone una “Declaración de Lesividad» (Abril 2024)

El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), ha recibido con sorpresa la intención del Ayuntamiento de Burgos de liquidar el Consorcio del Ferrocarril y el de Villalonquéjar IV.

Ante estas circunstancias, los castellanistas solicitan al Consistorio que esa pretendida disolución, sea sustituida por una la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de una «Declaración de Lesividad» de todos los acuerdos municipales relacionados con los Consorcios del Ferrocarril y Villalonquéjar IV, así como los acuerdos para la ejecución de la Variante Ferroviaria. Argumentaron que estos acuerdos perjudican los intereses públicos en beneficio de la Fundación Caja Circulo y Fundación Caja Burgos. Los comuneros burgaleses, demandan una urgente renegociación con intervención judicial si fuera necesario. La disolución que ha anunciado el Gobierno municipal de PP y VOX, “está más encaminada a beneficiar, fundamentalmente a la Fundación Caja de Burgos, que al propio Ayuntamiento”.

Desde el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) se denuncia la tentativa de desviar las responsabilidades de CaixaBank e Ibercaja en los consorcios hacia entidades como las Fundaciones de Caja Círculo y Caja de Burgos, que carecen de la solvencia necesaria. La formación, plantea la necesidad de dividir activos y deuda del Consorcio del Desvío entre las entidades correspondientes y el Ayuntamiento de Burgos.

El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), insiste en que la propuesta de municipal de Ayala y compañía, sólo beneficia a la banca y perjudica a la ciudadanía burgalesa. Los comuneros reclaman una división equitativa de la deuda de los Consorcios entre las partes involucradas.

Finalmente, se exige al Ministerio de Fomento que liquide el Convenio de Financiación de la Variante Ferroviaria de Burgos, reconociendo que los sobrecostes son imputables a RENFE, Fomento y Adif exclusivamente, con el propósito de mejorar la solvencia financiera del Ayuntamiento.

El coste estimado de la disolución de los Consorcios se estima en más de 200 millones de euros, y por ello se reclama a todas las partes un reparto de los costes, y no sólo de los posibles beneficios.