TIERRA COMUNERA EXIGE UN MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS JUSTO PARA CASTILLA
PP Y PSOE HAN PACTADO UN MODELO DE FINANCIACIÓN, QUE CONSOLIDA LA INSOLIDARIDAD Y LA AUSENCIA DE JUSTICIA PARA LAS COMUNIDADES CASTELLANAS. TC-PNC RECLAMA UN NUEVO MODELO QUE PERMITA LUCHAR CON SERIEDAD CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO EN CASTILLA-LEÓN Y CASTILLA-LA MANCHA Y QUE EVITE EL EXPOLIO FISCAL DE MADRID.
El pasado 27 de Julio, el Consejo el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, con el acuerdo de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, aprobó, un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que, de forma indefinida, sustituirá al vigente desde el año 1997. Sus contenidos y sus consecuencias, aún insuficientemente conocidos, han despertado enorme inquietud en amplios sectores sociales, políticos, económicos, intelectuales y ciudadanos de nuestra comunidad, por los indudables efectos que su aplicación tendrá en el inmediato futuro de la aplicación de las políticas públicas de Castilla y León.
La organización del Estado que establece la Constitución Española, afirma que éste se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, entidades que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Ello sin embargo, se hace compatible, como establecen los artículos 138 y 139 de la Carta Magna del Estado Español, con la exigencia de que la existencia de las Comunidades Autónomas no podrá implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales, y de que los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Así mismo, el artículo 158 de la Constitución Española establece que el Estado garantizará un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español, corrigiendo los desequilibrios económicos interterritoriales y haciendo efectivo el principio de solidaridad.
El modelo de financiación de las comunidades autónomas aprobado, eleva la autonomía financiera de las comunidades, avanzando en la corresponsabilidad fiscal, e implicando la cesión a las autonomías del 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos especiales y el 100% de la recaudación líquida del impuesto sobre la electricidad y determinados medios de transporte.
Desde la perspectiva de pertenecer a una comunidad, como Castilla y León, despoblada, envejecida y dispersa, es extraordinariamente preocupante el hecho de que el Gobierno Central, haya dispuesto la garantía de unos recursos mínimos para el primer año de aplicación del modelo, basado en los ingresos de 1999, ponderando la población en un 94% (en el anterior modelo, anterior a las transferencias de educación era del 64%; y hace diez años del 59%), y valorando la superficie sólo en un 4,2% y la dispersión en un 1,2%.
Si bien es cierto que Castilla y León será una de las comunidades que más financiación recibirá por habitante -258.000 pesetas- (la cuarta autonomía por detrás de Navarra 641.000 ptas/hab-, País Vasco 371.000 ptas/hab- y Extremadura 258.300 ptas/hab), no es menos evidente que el hecho diferencial que sufre la comunidad castellana de la meseta norte, por reunir la circunstancia de ser la comunidad más envejecida de la Unión Europea, contar con una bajísima densidad de población, y que ésta se halle desconcentrada en gran número de pequeñas localidades, y dispersa en una extensa superficie, dificulta y encarece la prestación, en condiciones de calidad y de igualdad la prestación de servicios básicos en materia educativa, sanitaria, social o de infraestructuras. Así, con el nuevo modelo de financiación autonómica, Castilla y León será una de las cuatro comunidades con menores recursos por unidad territorial (6.827.850 ptas/km2), junto con Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, y muy por debajo de la media española, cifrada en 18.091.000 ptas/km2.
Especial preocupación causa además, el hecho de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León haya sido excluida del nuevo fondo de compensación autonómica, dotado por el Gobierno Central con 8.000 millones de pesetas, para paliar a aquellos territorios con baja densidad de población (la media española es de 77 hab./km2), y que exclusivamente se destinará a las comunidades de Aragón (25 hab./km2) y Extremadura (26 hab./km2), marginando a comunidades como Castilla y León (26 hab./km2) y Castilla-La Mancha (22 hab./km2), con el peregrino razonamiento de que solo se aplicará a comunidades con superficie inferior a 50.000 km2.
Del mismo modo, causa especial extrañeza y desolación, que del denominado Fondo de Pobreza, nueva dotación económica para compensar a las comunidades de menor riqueza, Castilla y León percibirá exclusivamente 740 millones de pesetas, de un total de 25.000 (menos del 3% del total), frente al 10% que recibirá Extremadura, el 13% de Galicia, o el 53% asignado a Andalucía; incluso una comunidad de alta renta y desarrollo económico, como Valencia, percibirá 1.233 millones de pesetas.
En un momento histórico en que Castilla y León padece un fuerte envejecimiento de la población, una pérdida de habitantes superior a los 2.000 anuales, un fuerte índice de emigración en sus jóvenes con mejor cualificación profesional y formativa, y un evidente retraso en la materialización de las infraestructuras básicas planificadas, la realidad del nuevo modelo de financiación autonómica es preocupante, ya que no garantiza que los ciudadanos de esta comunidad, residan donde residan, van a recibir unos servicios públicos de calidad en materia educativa, social, o sanitario (tras el inminente traspaso de las competencias de Sanidad), en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos del Estado.
Castilla y León, que en términos de balances estrictamente fiscales, puede parecer como una comunidad favorecida por la solidaridad interterritorial, ha demostrado sobradamente a lo largo de toda su historia, y muy especialmente en el curso del siglo XX, que su aportación al conjunto de España ha sido superior a las compensaciones recibidas.
Así, nuestra comunidad tiene en la actualidad prácticamente la misma población que en 1900, mientras que el conjunto del Estado ha pasado de 17 a 40 millones de habitantes, y ha padecido un feroz éxodo migratorio, causado por la política de inversiones estructurales del Estado, que ha vaciado de sus mejores valores a la mayor parte de sus poblaciones.
Ahora, Castilla y León, contribuye al resto del Estado con más del 75% de la energía eléctrica que produce, tiene invertidos fuera de su territorio el 50% de sus depósitos de ahorro, y ve transformadas en el exterior de su comunidad el 60% de las materias primas, agrarias y ganaderas, que produce, padece un régimen fiscal en la vecina comunidad del País Vasco claramente discriminador respecto a la capacidad de atracción de inversiones productivas, y ha sido considerado territorio excedentario de agua a efectos de potenciales trasvases por el Plan Hidrológico Nacional, todo ello sin recibir ninguna compensación significativa.
