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Castilla nos une

Castilla nos une

TIERRA COMUNERA PRESENTA SUS PROPUESTAS SOBRE EL PACTO LOCAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON. (Enero`2003). . (02/05/2003)

Desde TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC) se valora como insuficiente y tardío el proceso de negociación y diálogo emprendido por la Junta de Castilla y León, tendente a la materialización de un acuerdo de amplia base social, sobre un nuevo Pacto Local en Castilla y León.

Los avances producidos a lo largo de la década de los 90 en el ámbito de potenciar los recursos y la capacidad de gestión de las administraciones locales, han sido especialmente tímidos, y claramente incapaces de dar respuesta a la creciente demanda ciudadana de una mayor y mejor prestación de servicios por parte de la administración más próxima: la local. Esta circunstancia provoca una manifiesta asfixia de la suficiencia financiera de las administraciones municipales, obligadas a prestar numerosas prestaciones ciudadanas, para las cuales no tienen ni competencias ni financiación.

Así mismo, la falta de voluntad política que, hasta la fecha, ha evidenciado la Junta de Castilla y León en esta materia, no alcanza ni el mínimo de las expectativas creadas en los ayuntamientos castellanos, puestas de relieve en amplios foros colegiados como la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla y León, o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

1.- LA SITUACIÓN DEL MUNICIPALISMO EN CASTILLA Y LEÓN.

El planteamiento de abordar de forma ambiciosa y realista en Castilla y León un proceso descentralizador en el ámbito local, exige tener en cuenta unas realidades y procesos estructurales a los cuales hay que dar solución:

  • El incremento de las exigencias por cuestión de proximidad y cercanía, en materia de prestación de servicios, que plantean los ciudadanos a sus administraciones municipales, en el ámbito de ayuntamientos con población superior a los 20.000 habitantes, que provoca que estas instituciones aumenten por la vía de los hechos el número e intensidad de sus competencias, y que detraigan recursos económicos de otras actuaciones para su financiación.
  • La realidad de que los municipios con población superior a los 20.000 habitantes, evidencian una mejor capacidad de gestión y eficiencia que otras administraciones más lejanas e insensibles, para la prestación en condiciones de calidad de numerosos servicios públicos, fundamentalmente de aquellos que requieren un trato de mayor cercanía y proximidad con los ciudadanos.
  • El hecho de que más del 50% de la población de la comunidad reside en municipios de menos de 20.000 habitantes (2.234 de los 2.248 municipios de Castilla y León), con una manifiesta incapacidad, por parte de sus ayuntamientos, para prestar, con la calidad y eficiencia que reclaman los ciudadanos del siglo XXI, los servicios públicos cuya competencia tienen.
  • La ineficiencia de las Diputaciones Provinciales para garantizar, como administraciones modernas, trasparentes y democráticas, los servicios que reclaman los ciudadanos residentes en los ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes, cuyo déficit democrático y operativo las convierte en numerosas ocasiones en administraciones obsoletas y meramente clientelares, al servicio de camarillas caciquiles.
  • La realidad de un medio rural gravemente afectado por un fenómeno de despoblación y envejecimiento manifiestamente galopante, que afecta a toda la Comunidad de Castilla y León, pero que se muestra con una crudeza especial en los municipios con población inferior a los 2.000 habitantes (2.120 del total de la comunidad, y que agrupan a más de 750.000 habitantes), donde no sólo la prestación de servicios, sino la misma existencia de la realidad local está amenazada y en cuestión.
  • La insuficiencia de las Mancomunidades y de los Consorcios para aportar soluciones de carácter global a las necesidades que plantean los ayuntamientos de la Comunidad, muy en especial en el ámbito de los pequeños municipios.

    2.- LOS OBJETIVOS POLÍTICOS DEL PACTO LOCAL.

    La discusión tendente a alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Local en Castilla y León, debe superar el planteamiento, meramente administrativista y políticamente insuficiente, que ofrece la Junta de Castilla y León. Así, desde TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC) se ve este momento como una oportunidad que no debe ser desaprovechada para garantizar:

  • La necesidad de potenciar, competencial y financieramente, las administraciones locales en Castilla y León, como el eje básico de la prestación de los servicios de mayor proximidad a los ciudadanos.
  • Modernizar, desde la eficiencia administrativa, la asunción competencial y la suficiencia financiera, la gestión de servicios de los municipios de carácter urbano (más de 20.000 habitantes).
  • Dotar de un modelo de viabilidad poblacional, administrativa, política y socio-económica a los municipios del medio rural amenazados por la despoblación y el envejecimiento.
  • Optar por un modelo de ordenación del territorio y del ejercicio de las competencias municipales, que potencie nuestras señas de identidad y la movilización, en clave autocentrada, de los recursos endógenos de esta tierra.

    3.- LOS CONTENIDOS DEL PACTO LOCAL EN CASTILLA Y LEÓN.

    Además de asumir la implantación progresiva de un proceso de vertebración comarcal del territorio de Castilla y León, como única alternativa administrativa real, que puede incidir en romper la tendencia de despoblación y envejecimiento del medio rural de la comunidad, los contenidos fundamentales de un Pacto Local transformador en el ámbito de Castilla y León deben incidir en la transferencia o la delegación, por parte de la Junta de Castilla y León, en los municipios de más de 20.000 habitantes, o en los entes comarcales, de las siguientes competencias:

    3.1.-VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE.

  • Instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio.
  • Promoción de viviendas de protección.
  • Políticas de promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler.
  • Programas de rehabilitación de viviendas, sectores urbanos y cascos históricos.
  • Conservación de carreteras autonómicas en suelos urbanos y urbanizables.
  • Transporte de viajeros en el ámbito infraprovincial.
  • Licencias de actividades clasificadas, inspección y vigilancia.
  • Gestión de residuos no urbanos y no peligrosos.
  • Control y prevención de la Contaminación Atmosférica.
  • Control y prevención de la contaminación acústica y de los ruidos.
  • Gestión, explotación y conservación de Montes.
  • Caza y Pesca.
  • Protección de especies en peligro y de ecosistemas amenazados.
  • Declaración y Gestión de Espacios Naturales.
  • Repoblaciones Forestales.
  • Protección de vías pecuarias e itinerarios culturales de ámbito infraprovincial.

    3.2.-EDUCACIÓN Y CULTURA.

  • Competencias en Educación Infantil (0-3 años).
  • Competencias en Educación Primaria.
  • Competencias en Educación de Adultos.
  • Competencias en Educación, mediante la utilización de nuevas tecnologías.
  • Competencias en Archivos Históricos y en Bibliotecas.
  • Competencias en Patrimonio Histórico y Cultural.
  • Competencias en Patrimonio Arqueológico y Etnográfico.
  • Competencias en Declaración de Bienes de Interés Cultural.

    3.3.-MUJER, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES.

  • Actividades e Información en el ámbito juvenil.
  • Gestión de Infraestructuras Juveniles (Puntos de Información e Instalaciones)
  • Gestión de Albergues Juveniles.
  • Políticas de empleo y vivienda juveniles.
  • Políticas de prevención, asistencia y atención a la Mujer.
  • Gestión de Puntos de Encuentro y Pisos de Acogida.
  • Programas contra los malos tratos y la violencia de género.
  • Políticas específicas de empleo y vivienda para mujeres.
  • Servicios sociales básicos.
  • Servicios sociales específicos.
  • Creación y gestión de CEAS.
  • Ayuda a Domicilio y Salario Mínimo de Inserción Social.
  • Asistencia e integración de inmigrantes.
  • Realojo de minorías étnicas y población marginada.
  • Políticas de cooperación al desarrollo y solidaridad.
  • Políticas de Mayores.
  • Residencias de Ancianos.
  • Centros de Día.

    3.4.-SANIDAD Y CONSUMO.

  • Atención Sanitaria Primaria.
  • Programas de prevención sanitaria.
  • Programas de prevención de drogodependencias.
  • Control Sanitario.
  • Oficinas de Farmacia.
  • Programas de sensibilización y defensa de los consumidores.
  • Inspección sanitaria y alimentaria.
  • Animales de compañía.
  • Inspección veterinaria.

    3.5.- MEDIO RURAL, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MINERÍA.

  • Competencias en agricultura.
  • Competencias en ganadería.
  • Competencias en Desarrollo Rural.
  • Competencias en explotaciones mineras y restauraciones mineras.

    3.6.-ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y EMPLEO.

  • Promoción de industrias.
  • Seguridad Industrial.
  • Prevención y seguridad laboral.
  • Instalaciones energéticas.
  • Inspección de establecimientos comerciales. Horarios comerciales.
  • Políticas de promoción del comercio tradicional.
  • Planificación y política turística.
  • Oficinas de empleo.
  • Programas de Autoempleo.
  • Supervisión de la legislación laboral.
  • Cooperativismo y economía social.
  • Viveros de empresas.
  • Escuelas Taller y Escuelas de Oficios.
  • Formación Ocupacional.
  • Creación de empresas.

    4.- LA COMARCALIZACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN.

    El proceso de debate y búsqueda de un acuerdo para el Pacto Local en Castilla y León, es un momento adecuado para iniciar el proceso de vertebración territorial, mediante la Comarcalización, en el ámbito de nuestra comunidad. Los aspectos que deberían considerarse son los siguientes:

  • Garantizar el consenso social en su implantación, mediante un proceso paulatino y libre de explicación de su significado, y la libre adhesión de los municipios afectados.
  • Evitar duplicidades administrativas y competenciales entre las diferentes instituciones, guiándose por los principios de “administración única” para la gestión de cada responsabilidad, y de “subsidiariedad”, para definir la institución que debe ejercerla, por su mejor eficiencia. No se trata de imponer un nuevo marco territorial y administrativo, sino de sustituir el ámbito microlocal (de los pequeños municipios) y –fundamentalmente- el provincial, por otro más realista y eficiente a la hora de dinamizar un medio rural en regresión: el comarcal.
  • Progresiva territorialización, en clave comarcal, de la gestión, las actuaciones y las inversiones de las Diputaciones Provinciales, de forma que se eliminen (en el plazo de cuatro años) todas sus actuaciones en las localidades con población superior a los 20.000 habitantes, y se territorialice comarcalmente en el mismo periodo, el 80% de su presupuesto.
  • Dotar de una indiscutible legitimidad democrática a este ámbito competencial, sustituyendo la representación indirecta de las actuales Diputaciones Provinciales, por Consejos Comarcales de elección directa, que garanticen la presencia y la representatividad de los municipios que incluye.
  • Definición de las comarcas utilizando criterios históricos y geográficos, pero primando el objetivo de potenciar y dinamizar el desarrollo socio-económico de una población y de un territorio homogéneo, donde puedan optimizarse la prestación de unos servicios públicos de calidad. No definir comarcas inviables por su desvertebración territorial o por su insuficiente población: serían exigibles un número de habitantes no inferior a los 10.000, así como la presencia de al menos un núcleo comarcal de población superior a los 2.000 residentes.

    5.- LA FINANCIACIÓN DEL PACTO LOCAL EN CASTILLA Y LEÓN.

    El proceso de vertebración comarcal de Castilla y León, así como el de abordar la materialización del Pacto Local, exige que se garanticen los recursos de financiación del mismo, siguiendo como orientación los criterios que se describen anteriormente:

  • En lo referente al ámbito urbano (poblaciones con más de 20.000 habitantes), la ampliación competencial anteriormente descrita, exigiría un incremento del 40% de los presupuestos municipales de las corporaciones afectadas. Se está por tanto hablando de unas transferencias anuales adicionales de unos 560-600 millones de euros desde la administración regional hacia los 14 municipios afectados; esto supone municipalizar hacia los ayuntamientos urbanos de Castilla y León, en torno al 7,5-8,0% del actual presupuesto regional. Así mismo, este proceso descentralizador debería incluir para su solvencia, la transferencia a estos grandes municipios de en torno al 5% del personal de la administración regional, actualmente responsable de la gestión de estas competencias.
  • En lo referente al ámbito comarcal (entre 46 y 58 comarcas en Castilla y León), su financiación se garantizaría con unos recursos procedentes de tres fuentes:

    o Un 10% de sus actuales presupuestos municipales, para dotar las competencias actualmente ejecutadas desde el ámbito comarcal (en torno a 150 millones de euros anuales).

    o Un 50% de los actuales presupuestos de las Diputaciones Provinciales que se territorializaría en clave comarcal (en torno a 500 millones de euros anuales).

    o En torno a 600 millones de euros anuales procedentes de la Junta de Castilla y León, como pago por las nuevas competencias asimiladas.

    o Desde un punto de vista del personal al servicio de las administraciones públicas, los nuevos entes comarcales asumirían en torno al 5% del personal actualmente dependiente de los municipios de tamaño inferior a los 20.000 habitantes, un 50% del personal al servicio de las Diputaciones Provinciales y un 5% del personal actualmente dependiente de la Junta de Castilla y León.

  • El Pacto Local y la vertebración comarcal de la Comunidad de Castilla y León, supondría, para la Junta de Castilla y León, una transferencia territorializada del 15-20% de su presupuesto actual y del 10% de su personal.
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