El alcalde de La Horcajada, Alejandro Olivar, permaneció ayer encadenado varias horas en la puerta del despacho del delegado territorial de la Junta para protestar por la que califica «campaña de acoso y derribo» que sufre instigada por el PP y las instituciones de gobierna.
Olivar, el único alcalde de Tierra Comunera en la provincia, explicó que la política que «aplica» el Partido Popular y las instituciones que gobierna hacia su ayuntamiento es de «exclusión total», además de haber iniciado, una «campaña de acoso y derribo» y de estar yendo «a por todos los miembros de Tierra Comunera en la provincia, pero mezclando el nivel personal y laboral».
«Mi mujer -explicó- no puede salir a la calle y voy a pedir que una pareja de la Guardia Civil vigile mi casa porque nos amenazan e intentan agredirnos, además de haberme destrozado el vehículo, en el que tuve que refugiarme para que las hijas del ex-alcalde no me agrediesen». Se refiere al diputado provincial del PP Benigno Rollán, regidor de la localidad hasta la elección, hace dos años, de Olivar.
Este caso, que Olivar denunció, fue fallado a su favor por el Juzgado de Instrucción de Piedrahíta, pero tras el recurso no se ha observado responsabilidad y Rollán y sus hijas han quedado absueltos.
El alcalde de La Horcajada insiste en que han recibido amenazas: «nos sentimos indefensos y discriminados, exigimos que nos reciba el presidente de la Junta así como el presidente nacional del Partido Popular, porque el presidente provincial, Antolín Sanz, se ha negado en repetidas ocasiones a recibirnos».
Olivar considera que su partido tiene «representación suficiente» en la Comunidad como para «ser tenido en cuenta», pero -lamentó- «esta gente se niega a admitirlo, igual que no admite la derrota en las urnas», por lo que «utilizan cualquier método para seguir en la misma situación que estaban». Además, apela a la Constitución y a su derecho a ser recibido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y por el delegado en Ávila.
El regidor dice que también el alcalde de San Miguel de Serrezuela, Juan José Palacios (independiente y regidor desde noviembre de 2004) y José Serrano (presidente provincial de Tierra Comunera y concejal en el Ayuntamiento de Guisando) «están sufriendo a nivel particular amenazas, coacciones, persecuciones…».
Tras ser recibido por el delegado de la Junta, Francisco José Sánchez, el alcalde de La Horcajada manifestó que quedó claro que en el problema que denuncia «es una cuestión política en la que la Delegación Territorial no tiene nada que ver».
El delegado se comprometió a trasladar este asunto al presidente de la Junta, mientras que Tierra Comunera decidió trasladar sus protestas a la Diputación «como institución que sí tiene competencias en materia provincial», a la vez que manifestó que continuara exigiendo una reunión con responsables del PP provincial para acabar con las amenazas y las coacciones.
