El partido castellanista TIERRA COMUNERA (TC), ante el proceso abierto en el conjunto del Estado para la reforma de los Estatutos de Autonomía, y que afecta de forma decisiva al actual Modelo de Financiación de las Comunidades Autónomas, quiere trasladar a la opinión pública de Castilla-León, la necesidad de que las Instituciones Públicas de esta Comunidad castellana, así como los representantes de los partidos políticos mayoritarios en estas instituciones, asuman el protagonismo de propugnar un nuevo modelo de financiación autonómica que sea justo con Castilla y León, y que garantice con seguridad la calidad de la prestación de los servicios públicos básicos para la población.
Este partido político castellano analiza el modelo de financiación propuesto por el Gobierno catalán como claramente negativo para el funcionamiento razonable del Estado de las Autonomías, ya que profundiza en su carácter asimétrico, discriminador e insolidario, no parte de su aplicación al conjunto de las comunidades autónomas sino que asume la singularidad de una relación particular entre el Estado y Cataluña, y finalmente no garantiza la suficiencia financiera que necesita la prestación de los servicios educativos, sociales, sanitarios y de la dotación de infraestructuras que necesitan todos los ciudadanos del Estado con independencia de su lugar de residencia. En consecuencia, la propuesta de financiación de Maragall es claramente negativa para los intereses de Castilla y León.
Así mismo, desde TIERRA COMUNERA (TC) se observa con preocupación la atonía e incapacidad de los principales actores políticos de Castilla y León ante el debate abierto en la sociedad, a raíz de la presentación de la propuesta del Gobierno de Cataluña para la financiación autonómica. Así, llama la atención que el Parlamento de Castilla y León no haya activado con celeridad los mecanismos para dotar a la Comunidad de un nuevo Estatuto de Autonomía, ni haya articulado propuestas para garantizar que el nuevo modelo de financiación autonómica preserve los legítimos intereses de Castilla y León. Los representantes del PP y del PSOE se muestran absolutamente incapaces de liderar una posición autónoma y digna para Castilla y León, prefiriendo atrincherarse en la mera defensa de los intereses estatales de sus partidos
TIERRA COMUNERA (TC) recuerda el carácter discriminador y marginador de los sistemas de financiación autonómica que hasta ahora se han aplicado para Castilla y León, tanto en su diseño original de 1983, como tras las reformas de 1993 y de 1996, ya que han permitido el agravio diferencial y la competencia desleal de los regímenes forales de País Vasco y Navarra, han dotado de forma insuficiente las transferencias educativas y sanitarias, han sido incapaces de superar el atraso secular en materia de infraestructuras de Castilla y León, no han tenido en cuanta las peculiaridades singulares de este territorio, y en suma mantienen a la Comunidad con unas condiciones de calidad en la prestación de los servicios públicos inferior a la media del Estado.
Desde esta formación castellanista se exige que el nuevo modelo de financiación sea de carácter general, aplicable al conjunto de las comunidades autónomas, y que parta del principio de garantizar la igualdad ante los ciudadanos de la prestación de todos los servicios públicos, y muy en especial de la sanidad, la educación, los servicios sociales a la población dependiente, y la dotación en infraestructuras. Desde este partido nacionalista castellano, se recuerda igualmente que el nuevo modelo de financiación, debe compensar de forma suficiente a aquellos territorios que padecen la despoblación, que sufren el envejecimiento de la población, o que están gravemente afectados por la dispersión de los núcleos poblacionales.
Así mismo, TIERRA COMUNERA (TC), exige que en el diseño del nuevo modelo de financiación, se tengan en cuenta otros aspectos que no figuran directamente en un mero análisis de los balances fiscales de las comunidades autónomas, como son la intensa migración padecida por esta comunidad en los años cincuenta-sesenta, o el papel asignado a este territorio en la producción de energía, agua, ahorro financiero o materias primas, que es clave para el desarrollo de otras comunidades, pero que nunca ha sido objeto de compensación. Del mismo modo, los castellanistas reclaman que el estado proceda a satisfacer la Deuda Histórica del Estado con Castilla-León, que en los últimos veinticinco años alcanza una cifra no inferior a los 15.000 millones de euros.
Los castellanistas, finalmente, reclaman que el proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía, de la Constitución Española y del modelo de financiación autonómico, autorice la cooperación entre las diferentes comunidades castellanas, permitiendo optimizar las condiciones de prestación de los servicios públicos comunes, garantizando la suficiencia financiera del sistema, dotando de viabilidad política al Consejo de las Comunidades Castellanas, y visualizando la herencia histórica, la continuidad, y la identidad de la antigua Corona de Castilla en el actual Estado Español y en la Unión Europea.
