En Diciembre de 2003, el Gobierno del Estado aprobó la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida como la Ley de las Grandes Ciudades, que pretendía contribuir a modernizar y actualizar el obsoleto cuerpo legislativo español en materia de régimen local, especialmente en temas como el modelo orgánico-funcional de los Ayuntamientos, claramente arcaico, corporativo y burocratizado, el uniformismo en el tratamiento a las corporaciones locales, con independencia de su demografía, complejidad y problemática particular, y las exigencias ciudadanas de una vida local más rica, dinámica y participativa, derivada de las profundas transformaciones sociales, culturales, económicas y cívicas que han experimentado los municipios españoles en las últimas décadas.
Probablemente en nuestro país es imprescindible una amplia reforma del régimen local, con una nueva Ley de Bases del Régimen Local, con un Pacto Local avanzado, con la generalización de la Comarcalización y de las Áreas Metropolitanas, y con la sustancial mejora de la financiación de los municipios y las corporaciones locales; sin embargo, la adhesión a la Ley de Grandes Ciudades, reporta una serie de notables beneficios, que no conviene despreciar.
La Ley de Grandes Ciudades permite a los ayuntamientos que se adhieren a la misma, dotar al ejecutivo municipal de una mayor capacidad de gestión y profundizar simultáneamente en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, configurando al Pleno como un verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas. Esta ley, además apuesta por potenciar la participación ciudadana, modernizar los mecanismos de realización de los trámites administrativos, dotar a los ayuntamientos de amplias potestades a la autoorganización y modernización de la maquinaria administrativa municipal, incorporando al régimen local las entidades públicas empresariales, que se han demostrado eficaces en otras administraciones públicas, adaptarse al modelo legal europeo de gobierno local, diseñado por la carta Europea de Autonomía Local, descentralizar administrativamente la ciudad, creando distritos, instrumento esencial para las políticas de proximidad, establecer el Consejo Social de la ciudad, crear la Comisión de Derechos, Sugerencias y Reclamaciones, reorganizar la gestión económico-financiera municipal, creando una oficina de presupuestos y participar en la Conferencia de Grandes Ciudades, y en el Observatorio Urbano para el seguimiento de la evolución de la calidad de vida urbana.
Tras dos años y medio de vigencia de la Ley de Grandes Ciudades, se han adherido a la misma en torno a cincuenta ayuntamientos españoles, todos los grandes (Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, etc… teniendo en cuenta que Madrid y Barcelona cuentan con legislación propia), e infinitud de los pequeños (Telde, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina, Tarragona, Mérida, Lugo, Orense, Pontevedra, Ferrol, Castellón de la Plana, Torrevieja o Elche entre otros), todas ellas gobernadas por cualquiera de las fuerzas políticas del Estado (PP, PSOE, IU ó grupos nacionalistas).
En el entorno de Burgos, todas las ciudades con las que debemos competir (Logroño, Santander, Vitoria, Bilbao o Valladolid) se han adherido a esta Ley, sin embargo el gobierno de Aparicio ha preferido excluir a Burgos del Club de las Grandes Ciudades, lo cual solo puede ser achacado, a su incapacidad para afrontar una gestión moderna del funcionamiento municipal, a su rechazo a la modernización de la maquinaria administrativa local, a su incomprensión sobre las demandas de participación efectiva de la ciudadanía, y a su falta de fe y confianza en el futuro y las capacidades de Burgos como ciudad, capaz de competir con garantías frente a ciudades de nuestro entorno.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) estimamos que Burgos puede y debe ambicionar su inclusión en el Club de las Grandes Ciudades, y solo la inexistencia de un modelo de ciudad para Burgos, de unos objetivos que cumplir, de unas metas que alcanzar, lleva al equipo de gobierno del PP en Burgos, a concebir a Burgos como una ciudad mediana y mediocre, cuando los burgaleses deseamos que Burgos esté en el pelotón de cabeza de las ciudades españolas, liderando una visión estratégica propia, al servicio de los ciudadanos.
Luis Marcos, secretario general de TIERRA COMUNERA (TC).
