La formación política recuerda en la nota de prensa que con fecha 4 de julio del pasado año salió publicada la Orden AYG/1191/2007, por la que se establecía el procedimiento de valoración de las pérdidas ocasionadas por la plaga de topillos. En dicha orden se recogía la obligatoriedad de los agricultores de dejar muestras-testigo en sus tierras para probar que habían sido afectada por la plaga de roedores. Sin embargo, Tierra Comunera destaca en su comunicado que la Orden no se publicó en el momento adecuado, ya que coincidió con el punto álgido de la campaña de recolección, por lo que en ese momento muchos agricultores habían cosechado ya sus tierras y no conservaban ninguna prueba de que los topillos las hubieran dañado.
Afectados indefensos
A pesar de que Tierra Comunera agradece que la Consejería de Agricultura «se tome en serio el problema y comience a actuar con contundencia» contra la plaga de topillos «pese a que han tenido que pasar casi veinte meses desde su aparición y ser numerosas las pérdidas entre los agricultores», critica a la Consejería encabezada por Silvia Clemente por rechazar la solicitud de daños presentada por los agricultores. Según el partido político, el rechazo de la petición formulada por los labradores deja «en total indefensión a los afectados, ya que la Orden AYG/1191/2007 se produjo con posterioridad a la cosecha y siendo reflejada en el acta de control de campo».
