Tierra Comunera está dispuesta a llevar a la vía judicial la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aranda de Duero a la normativa autonómica si se aprueba en los términos consensuados por PSOE y PP. La amenaza la puso ayer sobre la mesa el portavoz de la formación en el Ayuntamiento arandino, Sebastián de la Serna, indicando que la decisión de presentar la denuncia -previsiblemente ente la Fiscalía- la elevará al Concejo Comarcal de la formación, órgano en el que el secretario general, José Ignacio Delgado, ya anuncia que se respaldará este planteamiento.
«Personalmente pienso que sería conveniente y moralmente no podemos dejarlo», indica De la Serna, insinuando que se podría estar incurriendo en una presunta prevaricación, mientras Delgado asegura «que desde el partido se va a respaldar lo que haya que hacer porque hasta la fecha hemos consentido demasiadas cosas».
De la Serna denuncia que el dictamen favorable de la Comisión de Obras se adoptó en contra del «rotundo» informe del secretario general «quien dice que para aprobar, se necesitan argumentos convincentes para poder autorizar en esta población, sobrada de viviendas, la construcción para otras 19.000 personas».
La formación castellanista no comprende la insistencia por mantener, en contra del informe y sin una justificación convincente, la creación de los dos nuevos sectores de suelo urbanizable de Cantaburros y San Isidro cuando, una vez liberados de las cargas de los puentes de la ronda interna «no hay un solo argumento sostenible para esta autorización».
A su juicio en la actualidad no son necesarios y el argumento de que es la única fórmula para desarrollar la ronda interna es insostenible porque el Ayuntamiento no tiene capacidad económica. Aboga por dejarlos fuera hasta redactar un nuevo PGOU e inquiere por qué el PSOE «tocaba a clamor» cuando se aprobaron inicialmente estos sectores y ahora ha cambiado radicalmente. «¿Qué intereses ocultos existen?», se pregunta.
Pero para De la Serna lo que es totalmente inasumible es que para los dos anteriores sectores se haya rebajado de 45 a 30 las viviendas por hectárea, al liberarles la carga de los puentes por considerarlos un sistema general, y ante la misma situación en Arroyo de la Nava se mantenga ese aprovechamiento más elevado que se contempló en la aprobación inicial. «¿Por qué a una a la izquierda no y una a la derecha sí si están en la misma situación? ¿Por la presión de los propietarios? ¿A ver si tenemos que analizar quiénes son los propietarios?», amenaza.
