La Agrupación Provincial en Burgos del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos), ante la reciente aprobación por parte del Senado del denominado “Blindaje del Concierto Vasco”, modificación legal que permite que las normas emitidas por las tres Diputaciones Forales tengan a partir de ahora rango de ley, lo que impedirá que otras comunidades autónomas como Castilla y León, puedan recurrir normas fiscales que sean perjudiciales para su territorio y su tejido económico, considera que esta medida supone la acentuación de un agravio comparativo permanente del País Vasco para con sus comunidades limítrofes y un claro perjuicio económico y social para los intereses de Castilla y León y muy especialmente para la provincia burgalesa.
Los castellanistas burgaleses consideran que el Concierto Vasco, cuyo blindaje acaba de sancionar el Senado con el apoyo de los socialistas de Castilla y León, supone un privilegio económico para las Comunidades Vasca y Navarra, así como una discriminación permanente para las Comunidades de Cantabria, La Rioja y Castilla y León, y muy especialmente para las comarcas burgalesas de Miranda de Ebro, Las Merindades y La Bureba, que padecen la pérdida de inversiones, establecimiento de empresas y creación de puestos de trabajo, que inevitablemente se trasladan a Álava y Vizcaya fundamentalmente por el privilegiado régimen fiscal que las Diputaciones Forales vascas establecen fruto del Concierto Vasco, y que implica más desempleo, más despoblación y menos recursos económicos ara el territorio de la provincia de Burgos.
Desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) se estima que en los últimos treinta años (periodo en que ha estado vigente el Concierto Vasco), la provincia de Burgos (y muy especialmente su zona norte: Miranda de Ebro, Merindades y La Bureba) han perdido una media de 120 millones de euros anuales, como consecuencia de la competencia desleal que las medidas fiscales y los incentivos económicos del Concierto vasco ejercen sobre la economía castellana, y muy especialmente sobre la burgalesa. Estas cifras equivalen a una sangría económica para Burgos de unos 3.600 millones de euros en el periodo 1980/2010, y a la no constitución en Burgos de unas 200 sociedades mercantiles anualmente, así como a la no creación en Burgos de unos trescientos puestos de trabajo anuales. Así como ejemplo, puede citarse que solamente Álava creó casi 700 sociedades mercantiles en 2008, mientras Burgos solo creó 527 (a pesar de que Burgos contaba con 370.000 habitantes y Álava solo 310.000), y que la evolución de capital real en Álava multiplicó por 13 en 2006 sus cifras respecto a 1965 (según datos de la Fundación BBVA), mientras que Burgos solo incrementó por 9 sus cifras de capital real en 2006 respecto a 1965.
Los castellanistas burgaleses son especialmente críticos con el PP y el PSOE que han mantenido desde sus gobiernos (Felipe González, Aznar, Zapatero,…) la anacrónica pervivencia del Concierto Vasco y sus regímenes fiscales privilegiados, mientras su periferia castellana languidecía demográfica y económicamente, y especialmente consideran injustificable el apoyo de los diputados y senadores del PSOE de Castilla y León a la reciente modificación legislativa que “blinda” el Concierto Vasco.
Finalmente, desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) se reclama al ejecutivo autonómico que preside Juan Vicente Herrera que proceda a recurrir ante el Tribunal Constitucional esos cambios normativos que permiten elevar de rango las normas de las tres diputaciones vascas, y que blindan el Concierto Vasco para legislar iniciativas económicas discriminatorias contra Burgos y Castilla y León, territorios que no gozan ni de esas prerrogativas ni de esas competencias, gracias a los pactos de PP y PSOE que certifican para nuestra Comunidad Autónoma la categoría de “región de segunda” en el conjunto del Estado Autonómico.
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