El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) apoya el acto reivindicativo que tendrá lugar el próximo lunes 10 y que partirá de la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid.
Los castellanistas asisten a esta convocatoria reivindicativa convencidos de la necesidad de no suprimir esta administración local, «que sólo ofrece ventajas a la ciudadanía, sus componentes políticos no cobran, apenas están endeudadas y facilitan la vida de la vecindad de decenas de pequeñas localidades».
La provincia de Burgos cuenta con un alto número de pedanías, 652 de las 3.725 del conjunto de España. Para los castellanistas «en caso de desaparecer nuestra provincia será una de las más afectadas de toda España, por ello solicitamos a los Diputados y Senadores por Burgos una decidida apuesta por las entidades locales menores». Lo mismo se solicita a la Junta de Castilla y León, «en nuestra Comunidad Autónoma se encuentran más de la mitad de las que existen en España, su desaparición significaría otro duro varapalo al mundo rural castellano».
Esta red administrativa no nace por capricho, a lo largo de los años, desde la Edad Media, se han convertido en un elemento fundamental para ofrecer servicios a la ciudadanía. Suprimir, como pretende el Gobierno central, este ente administrativo, supone según el PCAS, «aniquilar al mundo rural burgalés, la inmensa mayoría de los políticos de las pedanías no cobran, trabajan con mucha voluntad y poco dinero».
Además la desaparición de estas entidades locales menores dejaría abierto un importante conflicto sobre la gestión que éstas realizan sobre: los montes de utilidad pública, del terreno agrario y ganadero, los cotos de caza o el abundante patrimonio que poseen las pedanías (escuelas, casas, telecentros, o dispensarios médicos, lavaderos, etc.).
PCAS no sólo se opone a la desaparición de las Juntas Vecinales ó Pedanías, si no que reclama, como medida de apoyo, la creación inmediata de una Ley específica, que delimite con claridad las competencias de las mismas y de los Ayuntamientos de las que dependen, algo que la Junta de Castilla y León, todavía no ha conseguido articular.
Para la formación castellanista, «despojar de poder a un pueblo, usurparles su patrimonio, por el que han luchado durante siglos, para dárselo a otra pueblo es complicado jurídicamente, además de injusto y moralmente reprochable».
El PCAS afirma que la eliminación de las pedanías, «acarrearía la pérdida de eficacia y un aumento de coste económico, al desaparecer los cientos de horas de trabajo voluntario que cada año realizan los miembros de las Juntas Vecinales».
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