El Secretario General del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), Pedro Manuel Soriano, ha considerado «populista, demagogo y contrario a los principios democráticos» los planes del Partido Popular de Castilla-La Mancha de reducir a la mitad el número de Diputados autonómicos y eliminar su salario. Para Soriano, «la medida, a escasos meses de haberse aprobado una ampliación del número de Diputados y de haber incrementado la Junta el presupuesto destinado a altos cargos – de libre designación, no elegidos por los ciudadanos-, demuestra que el Gobierno de la Sra. Cospedal se mueve «por titulares» y no por un proyecto planificado y estudiado, y que la Sra. Cospedal es capaz de cercenar hasta límites insospechados la voluntad de los ciudadanos con tal de mantenerse en el poder y acallar la voz de la oposición».
Desde el PCAS, han propuesto a la Sra. Cospedal que, si de verdad se mueve en sus decisiones por el ahorro y la eficacia, deje de jugar con el número de Diputados de las Cortes («ahora los aumento, ahora los reduzco») y con el salario de los representantes de la voluntad popular, y haga las mejoras necesarias en el Estatuto de Autonomía para que se produzcas la colaboración estrecha entre las Comunidades castellanas, tendente a la unificación de las mismas en un solo ente, lo que ahorraría a los ciudadanos más de 5.000 millones de euros sin perder competencias y mejorando el autogobierno.
Si la Sra. Cospedal no se atreve a dar este paso fundamental para el ahorro y el fortalecimiento de las CCAA castellanas, puede empezar su supuesta austeridad, tras renunciar ella misma a su salario como Presidenta, con las siguientes medidas:
- Doblar el número de Diputados autonómicos hasta los 99 y situar en el 1% la barrera de entrada en el reparto de escaños, pero pasando a cobrar tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SIM), y eliminando los complementos y dietas por pertenencia a Comisiones, por desplazamientos, los coches oficiales asignados a los mismos, las subvenciones a los grupos políticos, etc. Esta medida supondría afianzar la democracia, abrir las Cortes a la pluralidad política y, a la vez, un fuerte ahorro en las arcas públicas.
- Limitar por Ley el número de asesores de altos cargos y de las Consejerías, y establecer una remuneración que no supere tres veces el SMI (lo que lo situaría en unos 24.000 € al año).
- Prohibir las relaciones de parentesco de primer y segundo grado entre los altos cargos, asesores y puestos de libre designación en la administración y en las empresas públicas.
- Exigir una mínimo de experiencia laboral de cinco años acorde con el puesto de libre designación que se va a desarrollar.
- Exigir a los Diputados y a los cargos de libre designación que fijen su residencia en la Comunidad autónoma a la que representan, lo que a la vez ahorraría enormes cantidades de dinero en desplazamientos inncesarios.
Cualquier otra medida populista como la propuesta por el PP de Castilla-La Mancha no es más que un intento de desviar la atención sobre el desmantelamiento de los servicios públicos que está llevando a cabo el Gobierno, limitar la representatividad de las Cortes y cercenar de manera definitiva cualquier intento de los partidos sin representación de acceder a la misma, convirtiendo la que se supone es la cámara de representantes de los ciudadanos en «un cortijo» a su medida.
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