El Ayuntamiento de Miranda ha dado luz verde al proyecto autorizando una mayor superficie por vivienda.
Un beneficio para el promotor y un perjuicio para Ircio. Esos han sido los argumentos fundamentales que han sustentado la oposición de la Junta Vecinal de esta Entidad Local Menor, gobernada por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) a un proyecto urbanístico que lleva años atascado. El Ayuntamiento de Miranda lo desbloqueó hace apenas una semana, desestimando la totalidad de las alegaciones presentadas, y otorgándole carta de validez al conseguir la ratificación en pleno con el voto de todos los partidos políticos.
El conocido técnicamente como sector SUE H-5 contemplará, por tanto, un incremento de la superficie de construcción permitida para las viviendas. Podrán llegar hasta los 80 metros cuadrados. A cambio, el promotor compromete más terreno para espacios libres y equipamientos. 3.607 metros cuadrados más quedarían de zonas libres y, al mismo tiempo, se duplica la previsión planteada en un primer momento en lo referente a espacios de equipamientos. El proyecto pasaría a contemplar 1.695 frente a los 898 metros iniciales.
El número de viviendas programadas se mantendría en las 52. Ahora bien, su mayor tamaño -y ese fue uno de los argumentos en contra que se plantearon desde Ircio- termina con la filosofía de una urbanización de casas de recreo, al tener unas dimensiones mayores. Fue el alcalde pedáneo del PCAS, Miguel Díaz, el que defendió ante los corporativos los argumentos en contra del proyecto. Aunque lo hizo ya a sabiendas de que salía adelante sin el respaldo de la Junta vecinal. Entre los factores aportados por el responsable municipal del PCAS figuraba también el de la invasión, por parte de la urbanización, de terrenos que pertenecían al pueblo.
Fueron los problemas de suministro de agua y saneamiento los que mantuvieron durante más de dos años bloqueada esta actuación. La pedanía llegó a conseguir una sentencia favorable en los tribunales en septiembre de 2010. El motivo fundamental para la orden de paralización estuvo en que las infraestructuras de depuración y la red de suministro previstas en un primer momento no iban a tener capacidad para dar respuesta a los nuevos vecinos y a los que ya residían. El Ayuntamiento asumió en octubre las modificaciones exigidas en el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Burgos.
(Fuente: modificado S. A. /El Correo)
http://
