En la mañana del lunes 4 de Marzo, representantes de la formación castellanista en Burgos PARTIDO CASTELLANO (PCAS) han presentado ante el juzgado de Guardia de los Juzgados de la capital burgalesa, denuncia por la presunta comisión de varios delitos mediante las irregularidades desarrolladas por el Ayuntamiento de Burgos, en el periodo 2003-2013 en que D. Santiago González Braceras actúo como concejal responsable de Obras del equipo de gobierno del PP en el consistorio burgalés.
Los castellanistas burgaleses consideran que el poder judicial debe investigar numerosas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Burgos, bajo el protagonismo del recientemente dimitido concejal González Braceras. Entre estos hechos figuran el presunto uso irregular de los coches oficiales del Ayuntamiento para usos particulares, la desaparición del libro de registros que certifica usuarios y destinos de los vehículos oficiales del consistorio, la subcontratación por parte de empresas que trabajan para el Ayuntamiento de Burgos de servicios prestados por empresas vinculadas a familiares del concejal González Braceras, la intervención del propio concejal González Braceras en Comisiones Informativas y Órganos de Gobierno municipales donde se debatieron y materializaron dichas contrataciones, la compra de material para el Ayuntamiento por procedimientos ajenos a los que establece la Ley, la realización de obras en locales municipales sin la tramitación de los correspondientes expedientes, el posible uso de información privilegiada para la adquisición de bienes inmuebles y su posterior enajenación con sustanciosas plusvalías y otro tipo de actuaciones que relata la denuncia presentada por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS).
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) de Burgos, estima que deben ser las autoridades judiciales quienes investiguen a fondo estos hechos, donde pueden concurrir los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa y prevaricación. Según los castellanistas, la ola de casos de corrupción que azota a toda España y a muchas de sus instituciones públicas (Casos Gürtel, Saqueo de Cajas, Pokémon, ERE’s, ITV’s, Urdangarín, etc…) han generado una alarma social y un rechazo ciudadano, que solo puede ser mitigado por una decidida actuación de la administración de Justicia, que garantice que no exista impunidad, y que todos los responsables responden.
Los castellanistas burgaleses consideran además que los hechos considerados, que se desarrollan desde 2003 hasta 2013 no pueden ser responsabilidad exclusiva del exconcejal González Braceras, y que su comisión implica la participación, sea activa o pasiva, de toros ediles del PP en el Ayuntamiento de Burgos, así como la tolerancia o complicidad de algunos de los máximos responsables del consistorio. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera que, tras los casos Vilanueva y Braceras, que en pocos meses han supuesto la dimisión de dos de los concejales con dedicación exclusiva y con más responsabilidad del Ayuntamiento, algunas de cuyas actuaciones ya se investigan en sede judicial, la corrupción se ha convertido en la asignatura pendiente más importante que debe superar el alcalde Lacalle, depurando responsabilidades a otros ediles posiblemente implicados, realizando una investigación interna con carácter público que aclare todos los hechos, pidiendo perdón públicamente a los burgaleses, y evitando que ante los enormes retos que la ciudadanía burgalesa tiene planteados, la corrupción de la clase política dirigente municipal se convierta en un obstáculo para la recuperación económica y social de Burgos.
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