La formación castellanista muestra «su satisfacción» ante el dictamen de «El Consejo de Estado» que estima que la reforma local aboca a las pedanías a la inseguridad jurídica y afirma que el Estado no es competente para suprimirlas.
El Consejo de Estado asegura en el dictamen emitido sobre el anteproyecto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que el Estado «no es competente para regular los aspectos relativos a la creación y extinción de las entidades locales menores» y que la regulación de sus competencias «escapa de la legislación básica estatal». Reconoce también que las pedanías son «auténticas entidades locales» y «con un considerable arraigo en muchos lugares del territorio español», y añaden los castellanistas «muchas de ellas constituidas antes de la existencia del propio Estado español».
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) también recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se estima que determinar las competencias de las juntas vecinales corresponde «en exclusiva» a las comunidades autónomas, por lo que «el Estado no puede sino quedar al margen». Por ello, el Consejo de Estado recomienda «reconsiderar la regulación» cuando suponga una intromisión en las competencias autonómicas, «en particular, la supresión de estas entidades como consecuencia de la disolución imperativa en los supuestos previstos en el anteproyecto».
El dictamen es preceptivo pero no vinculante, en opinión del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) «el proyecto del gobierno de Rajoy presenta deficiencias muy graves que exigen un replanteamiento en profundidad del mismo».
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) sigue apostando por mantener los municipios rurales y las pedanías como instituciones clave para gobernar territorios fuertemente dispersos, como el campo castellano y por la pervivencia de las Entidades Locales Menores y sigue pidiendo una Ley de Pedanías, que ordene las competencias y la financiación de las mismas. Las propuestas del PP provocarán consecuencias dramáticas sobre el medio rural de Castilla, agudizando la despoblación y envejecimiento de los pequeños pueblos, que además padecen el recorte de la prestación de servicios educativos, sanitarios y de los transportes públicos.
Los castellanistas apuestan por mantener todos los municipios existentes como la institución clave para la gobernabilidad en territorios fuertemente dispersos, como el campo burgalés y por la pervivencia de las Entidades Locales Menores. Los castellanistas burgaleses consideran un profundo error, del Partido Popular a nivel estatal y autonómico, el apostar por las Diputaciones Provinciales como pilar de la nueva Ordenación del Territorio, al tratarse de instituciones obsoletas e ineficientes, incapaces de articular con agilidad la respuesta a los problemas cotidianos que surgen a diario en los pueblos en la prestación de los servicios básicos a sus vecinos. Por último los castellanistas siguen pidiendo una Ley de Pedanías, que ordene las competencias y la financiación de las mismas, «algo que la Junta ha sido incapaz de articular después de 30 años».
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