El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera que las decisiones políticas tomadas por el PP de CLM y por la Presidenta Cospedal en los últimos meses, buscan obstaculizar, dificultar y, en última instancia, anular cualquier posibilidad de control sobre las decisiones políticas y económicas de su Gobierno.
El anuncio en el día de ayer de la eliminación del órgano de control económico externo de Castilla-La Mancha, las Sindicatura de Cuentas, antes de que finalice este año, implica la posibilidad de que la auditoría pública sobre las cuentas de la Comunidad, que hasta ahora se realiza a ejercicio vencido, puede llegar a retrasarse hasta 5 año (más de una legislatura completa) al pasar a realizarlo el Tribunal de Cuentas.
El informe de actividades del Tribunal de Cuentas del año 2012 – que se puede consultar en su página web- indica que este órgano efectuó durante ese año la fiscalización de las cuentas anuales de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 (con un retraso de entre 3 y 6 años) de la Comunidad de Aragón, de las cuentas anuales de 2006 y 2007 de Cantabria (5 y 6 años de retraso) o de Ceuta de los años 2006 y 2007 (5 y 6 años de retraso, respectivamente). Sin embargo, la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha -según se puede consultar también en su página web- ha publicado ya el informe de las cuentas anuales de la Junta del año 2011 y está trabajando actualmente en las cuentas anuales de 2012, esto es, a año vencido.
Esto demuestra que la eliminación de este órgano de control externo y la devolución de las competencias al Tribunal de Cuentas, partiendo de la propia información publicada por el Tribunal, puede suponer que la Sra. Cospedal llegue a las próximas elecciones autonómicas sin un sólo informe de fiscalización de las cuentas de la Comunidad ejecutadas durante su mandato, habiendo de esta manera «sorteado» el control de los gastos de su Gobierno, tal como exige la Constitución que se debe realizar, posponiéndolo «hasta después de las elecciones».
Además, se da la paradoja de que hace escasamente dos años, la Sindicatura de Cuentas ha asumido la labor de fiscalización ordinaria de las administraciones locales de Castilla-La Mancha, que ahora deberá ser devuelta al Tribunal de Cuentas, lo que demuestra la nula planificación por parte del Gobierno autonómico de las funciones y competencias de los órganos a medio plazo. Este hecho recuerda el caso de los diputados autonómicos, cuyo número fue ampliado por Ley hace escasamente un año en 4 más, para este verano ser aprobada una modificación estatutaria que reduce su número a la mitad.
Una vez más, se demuestra que las decisiones políticas del Gobierno de Cospedal y del PP no tienen nada que ver con supuestos ahorros – la Sindicatura de Cuentas tiene un presupuesto de escasamente 1,6 millones de euros frente a los casi 7.500 millones de presupuesto de la Junta y que, por otro lado, el coste real del trabajo ahora se deberá abonar al Tribunal de Cuentas por parte de la Junta, y los diputados autonómicos no tiene sueldo desde el mes de enero- sino con obstaculizar de todas las maneras posibles la labor de oposición, control y fiscalización que se realiza sobre el Gobierno, para de esta manera «hacer y deshacer a su antojo, sin tener que dar cuentas a nadie».
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