En la mañana de hoy miércoles 9 de Octubre responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) han representado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la presunta comisión de actividades potencialmente constitutivas de delito por parte de los responsables de las Empresas Públicas de Castilla y León -Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación- durante los ejercicios económicos 2010 y 2011 tal y como ha fiscalizado el Consejo de Cuentas de Castilla y León en un reciente Informe. Hechos que pueden ser constitutivos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos como delitos en el Código Penal.
En concreto, los castellanistas basan su denuncia en que los responsables de estas empresas en 2010 y 2011 -ADE Financiación SA (actualmente Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl)-, cometieron reiteradas irregularidades en las contrataciones realizadas, con un funcionamiento claramente al margen de la ley, incumpliendo de manera abusiva la Ley de Contratos del Sector Público.
Para los castellanistas, estas empresas incumplen la obligación legal de comunicar los contratos al Consejo de Cuentas y al registro del Ministerio de Hacienda según lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En los contratos analizados por el trabajo de auditoría, tanto de Provilsa como de Somacyl y ADE Parques, no se establecen los criterios mínimos de solvencia ni se detallan los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos. ADE Financiación no elaboró pliego de condiciones en su único contrato superior a 50.000 euros y existe coincidencia en el objeto de la contratación en 5 de los 13 contratos menores examinados. Los informes para el PCAS son demoledores y ponen en cuestión total la gestión de las empresas ADE, Provilsa, y Somacyl, ya que no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios, poniendo también en cuestión los sistemas de selección de su personal, y sembrando sombras de sospecha igualmente sobre los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones que han practicado y practican.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) confía en que la Fiscalía Superior de Castilla y León investigue la gestión de estas Empresas Públicas, cuyos responsables han sido designado directamente por la Junta de Castilla y León, que han cobrado sueldos incluso superiores a los 150.000 € anuales, y que audite los contratos realizados, las subvenciones concedidas, las adquisiciones materializadas y los gastos realizados. El PCAS recuerda que en el periodo auditado 2010-2011, estas Empresas Públicas realizaron casi 300 contratos y manejaron presupuestos cercanos a los 270 millones de euros.
Finalmente el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), considera, «que las evidencias muestren que la gestión de estas empresas públicas, al tiempo que se desarrolla al margen de la ley, pueden ser un caldo de cultivo partidista para casos de nepotismo y corrupción», y añade «despilfarrando el dinero público en sueldos escandalosos para sus responsables y generando una profunda irritación en la ciudadanía que comprueba la pésima gestión del dinero público por los responsables de la Junta de Castilla y León en un momento de una crisis económica tan intensa, que se ceba en los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios».
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