Tres meses después de que el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) presentara ante el Juzgado de Guardia de Burgos, denuncia sobre el uso irregular de duplicados de tarjetas SIM para la descarga de datos desde dispositivos móviles, presuntamente utilizados por concejales del PP en el Ayuntamiento de Burgos, y que generaron facturas pagadas por el consistorio burgalés por importes superiores a 207.000 € solo en el mes de mayo de 2011, y que provocaron la dimisión del concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, y dos meses después de que la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos hayan abierto diligencias previas por este caso, por la presumible comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, los castellanistas burgaleses del PCAS, a través de su Presidente Provincial, Juan Carlos García y de su Secretario de Organización, Luis Marcos, han requerido formalmente al PARTIDO POPULAR DE BURGOS, mediante un escrito de requerimiento dirigido al Presidente del PP de Burgos, y presidente de la Diputación Provincial de Burgos, D. César Rico, que presente una relación de los datos, informaciones, ficheros, videos y otros materiales de internet transmitidos por el PARTIDO POPULAR de Burgos durante los meses de Abril y Mayo de 2011 con motivo de la precampaña y campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos celebrados el domingo 22 de Mayo de 2011, así como los datos de identificación de las tarjetas y dispositivos desde los cuales fueron efectuados dichos envíos, al objeto de comprobar una posible coincidencia de los mismos con las tarjetas, propiedad del Ayuntamiento de Burgos, que utilizó de forma fraudulenta el dimitido concejal de Nuevas Tecnologías del PP, D. Eduardo Villanueva, desde dispositivos ajenos a las dependencias municipales.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se considera que el caso «Factura de Telefonía por 207.000€», dista mucho de estar cerrado y que numerosas incógnitas siguen sin aclarar sobre el uso irregular de dispositivos duplicados de telefonía móvil, para la descarga de datos, por parte de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, fuera de dependencias municipales y con fines ajenos a la función municipal, y confían en que la acción de investigación por parte del proceso judicial abierto por la Fiscalía y el juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos, aclaren todos estos hechos, especialmente en dos ámbitos que permanecen sospechosamente ocultos: el conocimiento tanto por parte del Ayuntamiento de Burgos, como de la Compañía Telefónica suministradora del servicio, de una relación detallada de los datos transmitidos, de sus destinatarios, y de su relación o no con las gestiones habituales del Ayuntamiento de Burgos en el cumplimiento de sus funciones, y por otro lado, con el conocimiento del lugar físico de ubicación de los dispositivos informáticos desde los cuales se realizó la trasferencia de datos por internet.
Para los responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) es fundamental el aclarar la ubicación exacta, ajena a las dependencias del Ayuntamiento de Burgos, desde las cuales se procedió al uso de los duplicados de las tarjetas de descarga de datos. El propio informe elaborado por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Burgos detalla que una de las tarjetas duplicadas, la asociada al enorme consumo de datos y a la factura relacionada, estaba siendo utilizada por un equipo HUAWEI B970b y no en un IPHONE o IPAD. El mismo informe afirma que es una cuestión trascendente conocer el uso de un elemento patrimonial de titularidad municipal, ajeno a los dispositivos y fines municipales.
Dentro del contexto de este caso, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) pide que se conozca, por parte del Partido Popular de Burgos, toda la información sobre la realización en Burgos y su provincia, de envíos de datos por tarjeta de telefonía móvil, correspondientes a la precampaña y campaña electoral de los Comicios Locales y Autonómicos del 22 de Mayo de 2011, tanto en lo que se refiere a los materiales transmitidos por internet, como en la descripción de las tarjetas o dispositivos de transmisión de datos utilizados en dichas transmisiones.
Es especialmente llamativo, a juicio de los castellanistas burgaleses, que en el periodo de los tres años (2010, 2011 y 2012) que el dimitido edil tuvo a su disposición los duplicados de las tarjetas municipales, la máxima actividad de tráfico de datos recibido y originado se concentra entre el 14 de Abril y el 13 de Mayo de 2011, coincidiendo expresamente con los días de máxima actividad política del Partido Popular de Burgos en la campaña y precampaña municipal y autonómica de Mayo de 2011. De hecho los veinte consumos diarios más elevados en tres años, se ubican TODOS entre el 13 de Abril de 2011 y el 10 de Mayo de 2011.
Así, algunos de los importes más destacados, según el detalle diario facilitado por Telefónica son:
13-04-2011: 4.228 €. 14-04-2011: 6.937 €. 18-04-2011: 9.608 €.
19-04-2011: 8.052 €. 26-04-2011: 2.269 €. 27-04-2011: 7.379 €.
28-04-2011: 3.495 €. 29-04-2011: 14.668 €. 30-04-2011: 36.286 €.
02-05-2011: 3.227 €. 03-05-2011: 1.638 €. 04-05-2011: 6.100 €.
05-05-2011: 7.091 €. 06-05-2011: 7.529 €. 07-05-2011: 1.901 €.
08-05-2011: 17.367 €. 09-05-2011: 22.991 €. 10-05-2011: 10.209 €.
12-05-2011: 6.247 €. 13-05-2011: 4.465 €.
Este mismo periodo de tiempo, con una coincidencia casi diaria, se producen diversos Actos claves de la precampaña y campaña electoral del PP de Burgos para los comicios municipales y autonómicos de 2011, como son:
– Visita de Rajoy a Burgos.
– Presentación de la Campaña Electoral por el Candidato Javier Lacalle.
– Presentación del Programa Electoral del PP.
– Presencia del candidato Juan Vicente Herrera en mítines en Burgos.
– Inicio de la Campaña electoral del PP en Burgos.
– Campaña Electoral PP en Burgos.
Por todo ello es fundamental, en opinión del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) que el PP de Burgos aclare sin asomo de duda estos hechos (datos transmitidos y dispositivos desde los que se efectuaron) y que colabore con la Justicia facilitando esta información a la fiscal y juez que investigan el caso.
Los castellanistas burgaleses, en un contexto social de intensa corrupción política en la sociedad española, que preocupa y exaspera a la ciudadanía, requieren al PP de Burgos a que proporcione esta información, ya que en caso contrario, la utilización de equipos informáticos del Ayuntamiento de Burgos, fuera de sus dependencias, para uso ajeno al municipal, en una campaña electoral, además de los posibles delitos de estafa, malversación y apropiación indebida, podrían constituir tanto delito electoral como delito por financiación ilegal de los partidos políticos.
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