Artículo de opinión sobre el Condado de Treviño, firmado por Pedro Juan Sánchez Gómez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
El ayuntamiento de Treviño (Burgos) ha votado una moción para iniciar el proceso de incorporación a la provincia de Álava. Según leo, el resto del Condado va a aprobar resoluciones parecidas en breve. Era de esperar, y de hecho, a poco que se piense, uno comprende a los habitantes del Condado. Frente a la desidia de los castellanos, no han dejado de recibir guiños desde el País Vasco. Frente a un sentimiento de pertenencia a España acomplejado, un nacionalismo vasco pujante, que no se ve en la necesidad de justificarse ante nadie. Y todo esto por no hablar del atractivo de pasar a disfrutar de un sistema fiscal privilegiado.
Y ante esto, la opinión pública castellana anda como en estado de shock, sin saber si aceptar como lógica la pérdida del Condado. Aunque sea una lógica meramente estética, aquélla que no soporta ninguna mancha dentro de un mapa. Porque no hay más lógica que ésta en este caso: la de aborrecer las irregularidades.
No nos dejemos engañar, nada de esto tiene que ver con una coherencia geográfica, o cultural, y desde luego, nada en absoluto con la historia. El Condado de Treviño es desde cualquiera de estos tres criterios netamente castellano. Ocurre simplemente que en las contingencias de nuestra historia administrativa a este hecho se le sumó su asignación a la provincia de Burgos, mientras otras comarcas y municipios tan castellanos como los del Condado quedaron dentro de otras regiones. El caso más clamoroso es el de Utiel y Requena, pero hay más.
Si el Condado de Treviño hubiese quedado conectado físicamente al resto de la provincia de Burgos, los vascos (nacionalistas y no nacionalistas, no lo olvidemos) le prestarían la misma atención que la que dedican a las Merindades de Burgos. No hay nada en el Condado que lo haga más vasco que Miranda de Ebro, por ejemplo. Su vasquismo es de índole cartográfica, nada más. Si en los avatares de la distribución territorial en provincias del s. XIX Berantevilla hubiera sido asignada a Burgos (algo que, a la vista de los criterios que se emplearon, hubiese sido perfectamente defendible), el Condado habría pasado tan desapercibido para casi todos como lo hace Valdegobía.
También para los castellanos. Porque no nos engañemos, si el Condado hubiese estado, pongamos, en la provincia de Segovia, hubiese despertado tanto interés entre nosotros como el Cerrato o la Campana de Oropesa.
A mi juicio, es esta desidia de los castellanos hacia lo suyo propio, y muy en especial, hacia su territorio, lo que está detrás de la decisión de los treviñeses, mucho más que la fagocitación de la que vienen siendo objeto desde hace décadas por parte de los vascos. De hecho, a poco que se mire la cuestión con un mínimo de frialdad, sorprende que haya todavía personas en el Condado que quieran seguir siendo burgaleses. Seguramente no sea justo decir que han sido abandonados por las autoridades castellanas, pero la atención que han recibido en tanto que comarca no ha sido mayor que la dedicada a cualquier otra, esto es, poca (las autoridades vascas, por el contrario, sí que han sabido captar la importancia de un enfoque comarcal orientado al Condado). En realidad, en ninguna de las cinco comunidades castellanas, con algunas excepciones puntuales, se ha desarrollado una verdadera política comarcal. El resultado está a la vista de todos: el territorio se ha ido abandonando, con la población o bien emigrada a otras comunidades autónomas, o bien acumulándose en las ciudades.
Como decía, comprendo perfectamente las razones de los treviñeses. Como han hecho miles de castellanos, los habitantes del Condado se plantean emigrar al País Vasco para encontrar una vida mejor. Lo que ocurre es que en este caso quieren llevarse con ellos su comarca entera. Y esto sí que no es legítimo. Porque el Condado de Treviño no pertenece a sus habitantes. Veámoslo con un poco de detalle.
La unión del Condado de Treviño a Burgos o a Álava no es una cuestión meramente administrativa. Se trata de una decisión que afecta a un nivel mucho más profundo. Se trata de un tema constitucional. Me explicaré, antes de que alguno se piense que estoy desvariando. La constitución de un país no es un conjunto de leyes en abstracto, que se aplican de un modo que podríamos llamar contingente dentro de un territorio cuyos límites se establecen arbitrariamente. La constitución se aplica en el marco geográfico de un país, con límites bien definidos, resultantes de la historia. En un país homogéneo histórica y culturalmente, la adscripción de un municipio, o de una comarca, a una u otra provincia no tendría que suponer un problema mayor. Se trataría de una decisión administrativa, de orden práctico, y parece lógico que en estos casos se escuche a la población afectada. De hecho, en el derecho español se contempla esta posibilidad, vinculada a la división territorial en provincias dentro del estado centralista que impusieron los liberales a mediados del s. XIX. Pero si el país tiene una estructura interna, si está compuesto de unidades con una personalidad propia, entonces un cambio de adscripción administrativa de un municipio ha de respetar esta estructura. Porque pasar un territorio de una de las entidades territoriales que componen el país a otra supone nada menos que un cambio en la constitución del mismo.
En nuestro caso, si el problema del Condado de Treviño se diese entre, pongamos, Burgos y Palencia, o entre Álava y Vizcaya, o tal vez incluso entre Álava y Navarra, no hubiese levantado ni una fracción del revuelo que se ha suscitado ahora. El problema no es que un territorio haya votado cambiar de provincia, el problema es que ha votado dejar de ser castellano para pasar a ser vasco. Los treviñeses han votado un cambio en la constitución histórica del país (por mucho que esto no se refleje en la constitución política española). Porque Castilla existe tanto como el País Vasco.
El Condado de Treviño no pertenece a los treviñeses. El Condado de Treviño pertenece a Castilla. Y ni siquiera todos los castellanos de las cinco comunidades por unanimidad podríamos cambiar ocho siglos de historia y una cultura absolutamente castellana. El territorio no es nuestro. Lo recibimos de nuestros antepasados, y tenemos la obligación de legarlo a nuestros descendientes corregido y aumentado, nunca mermado. De hecho, según lo veo yo, este caso no es muy distinto al de la venta de los montes públicos gestionados por la Junta de Castilla-La Mancha que propone Mª Dolores de Cospedal. Esteremos todos de acuerdo con que no podemos hacer con esos montes lo que queramos. No son nuestro patrimonio. Pertenecen a la tierra, a Castilla, esto es, a todos los castellanos que han sido, a los que somos, y desde luego también a los que serán. Venderlos ahora es robar a nuestro hijos, un pecado de prodigalidad.
Así también con el Condado de Treviño. Los castellanos no podemos renunciar a este territorio, ni aunque quisiéramos hacerlo. No se trata de una querella territorial irracional, una suerte de Isla de Perejil en el Ebro. Se trata, pura y simplemente, de hacer valer nuestro compromiso con nuestra tierra.
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