El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) en Toledo exige tanto a los Ayuntamientos de la provincia de Toledo como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que amplíen la información sobre el caso de un perro con rabia que atacó hace unos días a varias personas en Toledo y que, especialmente, aclaren a los ciudadanos en general y a los dueños de mascotas en particular qué deben hacer ante la alerta iniciada por la Consejería de Agricultura.
Desde el PCAS se recuerda que no existe información directa a los ciudadanos por parte de muchos Ayuntamientos ni de la Junta de Comunidades, que la única información suministrada lo ha sido en muchos casos a través de los medios de comunicación y que, ni tan siquiera las páginas web de la Junta o de algunos ayuntamientos como Toledo, Cobisa, Gálvez, Polán o Argés informan de la alerta de nivel 1 decretada ni de las acciones a tomar. Sin embargo otros ayuntamientos como los de Bargas, Olías del Rey o Nambroca si informan en sus webs de dicha alarma, de los pasos a seguir por los propietarios de los animales a vacunar (perros, gatos y hurones) e, incluso, algunos han publicado bandos al respecto, mientras en otros la información que llega a los vecinos es nula. Llama la atención que tampoco la web de la Diputación provincial, encargada de prestar asistencia a los municipios en este caso, publica la más mínima información al respecto.
Por ello, desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se reclama a la Junta de Comunidades y a los cincuenta y seis ayuntamientos afectados por la medida que amplíen la información a los ciudadanos ante este nivel 1de alarma, decretado de manera oficial por la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Comunidades, por la detección de un caso de rabia en el perro que atacó hace unos días a varias personas en Toledo; que emitan los bandos correspondientes para informar a todos los vecinos, que actualicen sus webs en caso de no haberlo hecho ya y que pongan a trabajar a los servicios municipales correspondientes para retirar de la calle a todos los animales vagabundos, como obliga una ley autonómica del año 1990. De esta manera la información que llegue a los vecinos será veraz y transparente, pues en muchos casos por algunos municipios sólo circulan «rumores» y noticias «de oídas» que generan excesiva alarma a los vecinos.
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