Dijo que se lo iba a pensar cuando, en mayo, el PARTIDIO CASTELLANO (PCAS) solicitó que la calle que lleva el nombre de los Duques de Palma en la capital burgalesa pasara a llamarse Miguel Delibes. La segunda parte no fue escuchada por el alcalde, Javier Lacalle, pero la primera sí, sobre todo después de que los grupos políticos de la oposición hicieran ver en un Pleno (el de julio) su apoyo a la propuesta de los castellanistas.
Sin embargo, de aquello ha pasado más de medio año y nada se ha sabido. Hasta hoy. La imputación de la infanta Cristina por parte del juez que instruye la causa contra su marido, Iñaki Urdangarían, ha devuelto el asunto a los titulares y el alcalde ha decidido que ya es hora de sumarse a la iniciativa de otros municipios y ‘jubilar’ a los Duques del callejero burgalés, donde por otro lado tampoco han tenido una gran supervivencia.
La vía en cuestión se encuentra en Villímar Oeste y cierra un parcela próxima a la nueva estación ferroviaria que se está terminando de promocionar en los últimos meses, así que poco impacto ha tenido la designación de esta calle, paralela a la avenida Príncipes de Asturias (continuación de la ronda interior Norte) y perpendicular a Codón Herrera.
«No tenemos decidido cómo se llamará después, pero sí está tomada la decisión, a la vista de los últimos acontecimientos, de retirar el nombre a la calle», confirmó el vicealcalde, Ángel Ibáñez, tras ser preguntado por este periódico sobre la promesa hecha por Lacalle en julio, cuando se comprometió a hablar con la oposición para pactar el cambio.
Esta no es la primera vez que un Ayuntamiento toma la decisión de borrar de sus calles el título nobiliario de la segunda hija del Rey y de su marido. La primera fue, precisamente, Palma de Mallorca. La Junta de Gobierno local, del PP, acordó, a finales de enero de 2013, proceder a devolver a su céntrica Rambla ese mismo nombre en detrimento del de Duques de Palma. Un día después la decisión fue bendecida por unanimidad de todo el Pleno. En aquel momento el juez Castro acababa de imponer a Urdangarín una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros. El magistrado considera que el marido de la infanta no pudo cometer los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales sin la «aquiescencia» de su esposa.
(Modificado: Á.M. / Diario de Burgos).
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