Desprecio. La asociación de pacientes le echó en cara a la Junta «el desprecio» que ha tenido hacia las reivindicaciones ciudadanas y las exigencias de transparencia y claridad. Los participantes en la manifestación acusaron a la Junta de mentir y de querer para Burgos «una sanidad de segunda».
Los cálculos de la Policía Nacional y de Protección Civil coincidieron. Unos 10.000 burgaleses salieron ayer a la calle a protestar por el modelo de gestión que la Junta de Castilla y León ha elegido para el nuevo hospital que pretende inaugurar el próximo otoño. La Plataforma por una Sanidad Pública de Calidad, promotora de la marcha, exigió, por boca de su portavoz, Rufino González, «el pleno rescate de la gestión económica, asistencial y gerencial del nuevo hospital» y el fin «de la confusión y el oscurantismo, proporcionando a la ciudadanía la más completa información sobre la puesta en funcionamiento del nuevo centro».
Coincidió con quien habló en nombre de la Asociación de Familiares de Afectados de Cáncer, Juan José Carrillo, en criticar duramente el desprecio al que la ciudadanía ha sido sometida por parte del equipo de Juan Vicente Herrera, «que no ha tenido a bien contestar ninguna de las cartas que se le ha enviado ni dar ningún tipo de explicación». En este sentido, recordaron a los gobernantes la cercanía de las elecciones en las que aventuraron que quizás Burgos les pague con la misma moneda.
Carrillo ‘le preguntó’ al consejero de Sanidad si no le llama la atención la alta incidencia del cáncer en la provincia de Burgos e ironizó sobre el establecimiento de las citas en Atención Primaria a través de internet y de SMS: «Ahora resulta que la tercera edad de nuestra provincia va a tener que comprar un ordenador para ir a por sus recetas», gritó, entre los aplausos del público.
Por su parte, González volvió a repetir las medidas «imprescindibles» que, a juicio de la Plataforma tiene que adoptar la Junta sin perder más tiempo: Abrir un espacio de diálogo con los representantes de todos los servicios del hospital «para decidir sobre espacios, equipamiento y organización», concertar con los profesionales un detallado plan de traslado para «evitar que sea tan caótico como interminable» y garantizar el empleo estable y las condiciones laborales adecuadas para todo el personal. (Antes de iniciarse la marcha, Rafael Galarza, miembro de la junta de personal del Área de Salud de Burgos por el sindicato CSIF, precisaba que, según sus cálculos, se van a perder 319 empleos públicos).
Escuchando estas intervenciones se encontraba el Secretario de Organización del PCAL, Luis Marcos, los vocales del Comité Ejecutivo Juan Carlos García y Domingo Hernández, además de numerosos cargos públicos y militantes del PARTIDO de Castilla y León (PCAL).
(Fuente: modificado Angélica González / Diario de Burgos)
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