El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) en Burgos denunció públicamente hace meses la situación de abandono en la que quedaban miles de vecinos del medio rural burgalés por la supresión y modificación de líneas de transporte rural por carretera efectuada por la Junta de Castilla y León. Simultáneamente elevó una Queja Formal sobre el tema ante el Procurador del Común, que realizó determinadas acciones ante la Junta de Castilla y León.
Los castellanistas lamentan que el recorte de líneas y frecuencias se realice sin ningún tipo de estudio previo, y que sólo busque el recorte por el recorte, sin mostrar el menor interés por analizar si afecta a las clases sociales más desfavorecidas, o al servicio a personas que residen en zonas especialmente aisladas. La propia Junta de Castilla y León admite en sus respuestas al Procurador, que los servicios suprimidos aunque prescindibles, son convenientes y que el único motivo para suprimir las rutas es la reducción del gasto público. Después de estas evidencias, el Procurador sugiere a la Consejería de Fomento: «acuerde recuperar de forma progresiva los servicios a los que se refiere la queja, en el menor plazo posible, para que vuelvan a coincidir, al menos, con los prestados con anterioridad al 1 de Agosto de 2012».
En la notificación remitida por el Procurador del Común al PARTIDO CASTELLANO (PCAS), se apunta a la tardanza y poco interés mostrado por la Fomento ante los requerimientos de la procuraduría («Esta Defensoría lamenta la escasa colaboración de la Consejería…»). Finalmente se logró una respuesta sobre las cuestiones de preocupación para los castellanistas, citamos textualmente: «estas medidas tienen un carácter coyuntural por lo que, cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita, se tratará de ir recuperando…»
Para los responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) la respuesta evidencia la obsesión por recortar gasto público y social de la Junta, sin importar sus devastadores efectos sobre la ciudadanía. Fomento no aporta ninguna razón objetiva que justifique los recortes en servicios concretos, ni memoria justificativa ni informes técnicos en que basa dichas decisiones, ni acompaña copia de las solicitudes, informes o respuestas de las empresas concesionarias en el preceptivo trámite de audiencia, ni tampoco se aportan informes o respuestas de los Ayuntamientos afectados en el caso de que hubieran sido consultados. El informe del Procurador se queja de que la respuesta de la Junta no precisa si tras las modificaciones indicadas, se garantiza cumplir las necesidades de transporte de la población afectada, ni alude a si las modificaciones de rutas afectan al «título concesional» a las diferentes empresas.
Los recortes en transportes rurales, que duran ya más de un año, son para el PCAS un nuevo agravio para nuestro medio rural. La Junta de Castilla y León habla de medidas de apoyo a los pueblos, «sin embargo su política sólo colabora al aislamiento de nuestros pueblos». Los autobuses son utilizados con regularidad por infinidad de vecinos de las diferentes comarcas, tanto para acudir al médico, ir a trabajar, estudiar, realizar gestiones administrativas o visitar con fines lúdicos o comerciales otras localidades. De igual manera la supresión de líneas está afectando al desarrollo tanto social como económico de los núcleos, desde los comercios de estas localidades; hasta la reducción del número de turistas y visitantes. Para los castellanistas «el transporte convencional no sólo es necesario para los habitantes de los pequeños núcleos, sino que además es un medio de transporte sostenible, que garantiza la accesibilidad a los servicios públicos, satisface las necesidades de movilidad de la población en el ámbito rural».
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