En recientes declaraciones el concejal de urbanismo ha dicho que “el Sr. De la Serna es co-responsable de una adaptación del PGOU que a principios de 2007 votó a favor y a final de año se oponía como si no hubiese tenido nada que ver con ella, que de explicaciones”. Las damos encantados, porque siempre hemos actuado legalmente y creemos que los ciudadanos deben tener la máxima información.
En Rueda prensa de 15.3.07 decíamos: “La Política, a veces, complica las cosas para que algunos políticos puedan justificar su existencia”.
Y decíamos también: debemos resaltar que la adaptación del PGOU no está aprobada; está siendo estudiada meticulosa y profesionalmente por los técnicos de la Oficina de Obras, que nos indicarán los reparos y reformas que consideren debemos hacer y posteriormente estará expuesta al público para que se efectúen las alegaciones que se consideren.
Ya hemos explicado reiteradamente la causa de encargar el trabajo externamente (no teníamos Arquitectos) y se partió de un documento realizado en 2002 y firmado por el Arquitecto que estuvo trabajando en él y por el Secretario Gral. del Ayuntamiento, e incluía muchas más modificaciones que el que inicialmente se aprobó; pensemos quien gobernaba.
Claro que indicar que la Adaptación y Modificación que el PP y TC (Ahora PCAL) era lo mismo que el contenido del nauseabundo pacto PP-PSOE es otra forma más de intentar engañar a los ciudadanos con la manipulación a la que nos tienen acostumbrados.
Una diferencia notable es que el coste de los puentes sobre el Arandilla y el Duero, que teníamos unas valoraciones de unos 4.000 millones de pesetas; en el modelo de TC lo pagaban los dueños de los terrenos que se recalificaban y en el de PP-PSOE ese importe lo tenía que sufragar el Ayuntamiento, o sea, los bolsillos de los arandinos. Y esa distribución de costes a todos los sectores, no la hicimos los políticos, la hicieron, como debe ser, los técnicos y en conversaciones con los diversos afectados estaban de acuerdo, ya que entendían razonable que si eran los beneficiados de la recalificación, debieran aportar parte de esos beneficios a la ciudad y consideraban sería la única forma de llevarlo a efecto. (Ya estarían en marcha ambos puentes).
Durante el dilatado tiempo en que se estuvo tratando y estudiando este asunto tan importante, por el volumen de suelo recalificado, por el montante de inversión y los beneficios consiguientes, nadie indicó en ningún momento que este acuerdo no cupiera dentro de la legalidad.
Y decíamos, por ejemplo del Sector San Isidro, un suelo urbanizable delimitado que tiene una superficie superior a 665.000 m2. La ficha correspondiente a este Sector indica claramente que el número máximo de viviendas por Ha es de 45 y el mínimo de 40 y la densidad máxima de edificación de 10.000 m2 por Ha.
Poder edificar 40 viviendas por Ha en un suelo prácticamente agrícola, consideramos es suficiente para poder pagar los costes que conlleva su viabilidad y además razonable.
Tiene este Sector adscrito la ejecución de puentes de la Circunvalación Este con un 34,74 %.
Nosotros entendemos que si estos sectores se quieren desarrollar, lo razonable es que carguen con todo lo necesario para ello, sean puentes, infraestructuras viales, etc.
Cuando llegó el informe del Secretario General y nos aclaró las dudas, desde el primer momento estuvimos en contra de seguir con el planteamiento y no hemos cambiado de posición.
Por lo tanto, que no intoxiquen, no tiene nada que ver la aprobación inicial con el pacto maloliente del PP-PSOE.
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