Reflexiones de Sebastián de la Serna de Pedro Portavoz del PCAL en el Ayuntamiento de Aranda (Burgos).
Se entiende que los concejales estamos para trabajar y vigilar por el bien general, pero hay ejemplos que hacen dudar de este principio.
Convenio Puente Bañuelos: Un convenio del 2004 por unos 2 millones de euros que desde que está el PSOE en el Gobierno está paralizado; hemos preguntado en diversos Plenos y Comisiones y siempre nos dicen que “en breve” o algo similar, e incluso en una comisión de Obras el Presidente de la misma nos indicó que las obras ya han comenzado, cuando cualquiera, que pase por allí ve que es absolutamente falso y que está parado totalmente, después de 3 años de gobierno y en el que el Ayuntamiento, ha cumplido y la otra parte no, porque lo está permitiendo el PSOE.
Beneficiados: La Empresa que ha recibido su parte, no ha invertido los importes que suponen las obras y no ha cumplido el Convenio firmado.
Perjudicado: Los ciudadanos que debían estar disfrutando de esa nueva vía, por ¿incapacidad? de los gobernantes.
Sanciones: Una infracción urbanística que nos encontramos de la anterior Legislatura gobernada por el PSOE, la sancionamos con 154.000 euros. La incompetencia, o lo que sea, del actual equipo de gobierno nos ha llevado a no cobrarla y además sin restaurar la legalidad urbanística, con la que también pensarán hacer lo mismo.
Beneficiario: El empresario.
Perjudicado: El pueblo.
Expedientes “Mercadona” y “Velkahogar”: Proyectos en los que se ha construido más de lo proyectado y permitido, o sea, ilegal y hasta ahora, ni sanciones ni restauración de la legalidad y denunciamos los asuntos; el Equipo de Gobierno, dando largas pretende conseguir que “mueran”, cual otros; los informes técnicos son claros, pero hacen caso omiso.
Beneficiarios: Empresarios constructores.
Perjudicados: Los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos.
Expediente pagos inadecuados al personal funcionario: Sentencia firme que el equipo de gobierno “tiene dormido” en algún cajón del Ayuntamiento para evitar su devolución.
Beneficiarios: Varios funcionarios municipales.
Perjudicados: El pueblo.
Centro Cívico: Cuando se había anunciado y publicado que se construirían 870 viviendas, la Junta de Castilla y León dice va a construir 1825, sin explicaciones, sin negociaciones con el Ayuntamiento, a su aire y con el agravante de que al Alcalde y al concejal de obras les parece bien, pero sin argumentos no explicaciones.
Beneficiario: La Junta de Castilla y León que va a vender los terrenos a mucho mayor precio.
Perjudicado: El pueblo de Aranda al sufrir una masificación de viviendas.
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