La configuración territorial del Estado Español, o el eufemísticamente denominado «problema regional» en España, siguen siendo, probablemente, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Los acontecimientos políticos de los últimos meses, entre los cuales cabe señalar la firma en julio, por parte de los líderes del PNV, CiU y BNG de la Declaración de Barcelona, el reciente acuerdo de Estella, suscrito por nacionalistas e IU del País Vasco, o el anuncio de ETA de declarar una tregua unilateral e indefinida, suponen un hondo pisotón en el acelerador del curso de nuestra historia. Estos hechos, cuya evolución es ahora difícil de desentrañar, es indudable que incidirán de forma muy directa en nuestra realidad más inmediata: la castellana.
La «Declaración de Barcelona», y su posterior desarrollo en Bilbao, ha sido absurdamente denostada desde los partidos centralistas, demuestra la capacidad de coordinación de los nacionalistas periféricos, por encima de su pluralidad ideológica, e intenta contribuir a la articulación plurinacional de España. Por su parte, los acuerdos de Estella, preludio de la tregua de ETA, suponen el establecimiento de un marco de presión y de actuación conjunta, por parte de todo el nacionalismo vasco, una vez salvada la división que provocaba la existencia del terrorismo.
Estos hechos muestran a las claras que los nacionalismos vasco, catalán y gallego han hecho una decidida apuesta por avanzar, rápida y contundentemente, en la profundización de su autogobierno, consiguiendo más competencias, mayores relación directa y privilegiada con Bruselas, el nuevo poder de ámbito continental. Para ello necesitan modificaciones sustantivas del texto constitucional de 1978 (agitando si es preciso la bandera de la autodeterminación, cuyo mero asomo asusta a tantas conciencias bienpensantes del resto de España).
¿Qué implicaciones tendrá para Castilla todo este proceso?. En principio, los nacionalistas castellanos debieramos felicitarnos por una nueva lectura de España en clave plurinacional, puesto que implicaría reconocer a Castilla como nacionalidad histórica, recuperar su unidad territorial, y dotar al pueblo castellano de un autogobierno digno del protagonismo que deseamos desempeñar, tanto en España como en Europa. El problema empieza a surgir del procedimiento que se elija, para asumir la nueva y secular realidad plurinacional de España. Desgraciadamente, parece existir un consenso entre los nacionalistas periféricos y los centralistas españoles mayoritarios (PP y PSOE), en reeditar, en versión corregida y aumentada, la visión asimétrica del Estado de las Autonomías. Así, mientras unos serán naciones de pleno derecho en Europa, con competencias en todas las materias no asumidas directamente por Bruselas, otros continuaremos como meras regiones administrativas, gobernadas de forma sucursalista por unas burocracias de políticos sin fe en su pueblo y en su tierra.
Ahora, los grandes responsables políticos e institucionales del PP y del PSOE, se llenan la boca con solemnes declaraciones que niegan la reforma de la Constitución, que rechazan un nuevo marco autonómico, o que descalifican como innegociables las propuestas de los nacionalistas periféricos. Desde el corazón de la meseta, desde la Castilla profunda del adobe y la piedra desmoronada, las promesas del PP y del PSOE, que las televisiones de Madrid hacen volar sobre nuestros campos, suenan a mentira añeja y a disco rallado. Durante veinte años, la derecha y la izquierda estatalista siempre se han puesto de acuerdo en marginar a Castilla, y ahora no van a ser menos. Quienes ahora juran que nunca negociarán, acabarán muy pronto vendiéndonos las bondades de unos acuerdos que acentuarán, un poco más si cabe, la discriminación de las tierras y las gentes castellanas.
No sé que nuevos privilegios obtendrán vascos, gallegos y catalanes; eso dependerá de su habilidad negociadora, de su unidad y de la indecisión de un estoy convencido de que acabarán acumulando más poder económico, político y cultural. Poder que será entregado por el PP y el PSOE a los nacionalistas periféricos como precio por una declaración, siempre provisional, de españolidad. Poder que significará para Castilla más sacrificios, en lo que constituyen nuestras reivindicaciones básicas para poder sobrevivir, en mundo cada vez más global y competitivo.
Castilla, ante los acontecimientos políticos que se avecinan, debe acentuar su desconfianza en unos gobiernos centralistas, que lejos de premiar la sincera lealtad a la causa española de los pueblos de la meseta, cercenan nuestros derechos fundamentales. Castilla debe tomar mayor conciencia de sí misma, y asumir sin complejos la defensa de sus intereses particulares, tantas veces sacrificados en aras de un presunto «interés general». España no podrá avanzar en la senda que conduce a la realidad plurinacional, sin reparar previamente su deuda histórica con Castilla. Cualquier atajo tomado en nombre de los «hechos diferenciales», o del «desarrollo autonómico asimétrico», no pretende otra cosa que perpetuar el expolio y la marginación de los pueblos castellanos. Si los veinte años de democracia demuestran, que sólo los territorios con partidos nacionalistas fuertes, tienen capacidad de influir decisivamente en las políticas del Estado, en el futuro postconstitucional que se avecina, las comunidades que carezcan de movimientos nacionalistas propios, serán políticamente irrelevantes, convertidas en meros convidados de piedra que asisten al banquete de su desaparición.
Luis Marcos
