Esta legislatura, la que comenzará, cuando haya un gobierno estable en Madrid, deberá resolver esas tres cuestiones: la democrático-institucional, la económica y la territorial, y es deseable que se haga mediante un pacto que concite un amplio consenso, que nos permita al menos treinta o cuarenta años de tranquilidad; en caso contrario, la convivencia en España se hará inviable.
Hoy voy a compartir con los lectores de la “Tenada del Común” algunos apuntes, generados desde posiciones castellanistas, sobre cómo afrontar la reforma del modelo territorial que “con urgencia- reclama nuestro país. Yo soy de los que creen que, ante el debate abierto sobre la puesta en marcha de una Reforma de la Constitución Española, del Estado de las Autonomías y del Modelo Territorial Español, desde una perspectiva plurinacional y federal, es preciso defender activamente el reconocimiento de Castilla como agente activo y nuclear del conjunto de España, así como la garantía de un trato igual de todos los ciudadanos “en sus derechos y prestaciones de servicios públicos-, con independencia del lugar de su residencia, y de la igualdad de las diferentes entidades que conforman la España Plural y Federal.
Defendiendo estas premisas, los castellanistas del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), han participado recientemente, junto con representantes de formaciones políticas de otros territorios del Estado Español, como Andalucía y Aragón entre otros, en un importante Debate Universitario, que acogió el martes 16 de Febrero el Aula de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, para analizar el papel de las comunidades tradicionalmente marginadas en la reforma territorial del Estado, cuya Mesa de Debate estuvo presidida por el Dr. Ángel Rodríguez-Vergara Díaz, catedrático de Derecho Constitucional. Un debate de rabiosa actualidad ante la previsible reforma territorial y constitucional, que debe en primer lugar dar respuesta a la creciente reivindicación separatista, y cuyo objetivo debe ser transformar el actual Estado español en una verdadera estructura federal que mejore la prestación de servicios a los ciudadanos, garantice la igualdad de derechos para todos, y asuma las singularidades o particularidades que cada Comunidad alberga.
Para los castellanistas ha llegado el momento de corregir el modelo autonómico del Estado Español, que ampara la división de Castilla en comunidades autónomas sin peso político, económico, social o cultural, que legaliza la existencia de Comunidades de primera, ricas en presupuestos y en competencias, frente a otros territorios, como Castilla, empobrecidos, despoblados, carentes de voz y situados en la segunda fila. Es hora pues, de corregir las carencias constitucionales a nivel territorial, que no ha dado respuesta a la verdadera estructura histórica de los pueblos que conforman la Península Ibérica. Para ello la reforma territorial del Estado es, además de inaplazable, básico para un futuro de mayor cohesión y prosperidad común, tanto en lo social, político, cultural y económico.
Un Estado Plural, que para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) debe construirse de abajo arriba, y no como se intenta en estos momentos, desde el mismo poder central y de espaldas a la mayor parte de los territorios y pueblos de España. Castellanos, Aragoneses y Andaluces, entre otros, representamos a la columna vertebral del Estado por dimensión geográfica y población. Sería un grave error comenzar a abrir el debate territorial a espaldas a esta realidad, que, aunque por circunstancias electorales temporales, no tengan presencia en estos momentos en el Congreso de los Diputados de Madrid, debido a una más que injusta Ley electoral, no significa que, en otro momento, sí se tenga presencia en las futuras cámaras, y en dicho caso, comenzar a derogar toda reforma realizada sin nuestra participación. La visión que yo defiendo en este texto es la apuesta por un Federalismo Solidario, que garantice el reconocimiento de Castilla como nacionalidad histórica, como un actor social, político, económico y cultural clave dentro de esa nueva España federal y solidaria.
Desde mi punto de vista, el Estado de las Autonomías, como sistema de articulación territorial de España pactado en la Transición Democrática, está agotado, y la reformulación territorial que nuestro país necesita no pasa ni por la recentralización que proponen los nostálgicos de la visión unitaria de España, ni por la independencia que propugnan los separatistas. Creo además que, tanto la Constitución Española, como el modelo autonómico que de ella emana, albergan entre sus importantes deficiencias, por un lado el mantenimiento de profundas desigualdades (económicas, competenciales e institucionales) entre los diferentes pueblos y territorios de España, y por otro lado, mantiene la lamentable división del pueblo y el territorio de Castilla, cuyo reconocimiento ha sido, de manera expresa, evitado a lo largo de estas décadas de periodo democrático.
Tras 35 años, somos cada vez más quienes reclamamos una profunda reforma del texto constitucional, que muestra en muchas de sus partes claros síntomas de agotamiento. Hechos que se ven agudizados por la actual crisis, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el ámbito social, territorial y político, que cuestionan un modelo democrático cada vez más corrupto y alejado de la ciudadanía, unas instituciones ineficaces y despilfarradoras, y un sistema bipartidista, más preocupado por su perpetuación mediante la alternancia entre el PP y el PSOE que por resolver los problemas y los anhelos de los ciudadanos.
La apuesta por un Federalismo Solidario, como elemento abierto al debate y a las diferentes aportaciones, que contribuya a la resolución del conflicto territorial actualmente instalado en la sociedad española, debe partir de una serie de supuestos que a continuación paso a desarrollar. El Federalismo nace de los derechos de los pueblos que se federan y huye del concepto de Autonomía, que no deja de ser una mera descentralización que libremente establece un Estado. El Federalismo exige el reconocimiento explícito de las Entidades Federales que constituyen la España Plural o Federal en la propia Constitución Española, que así mismo debe reflejar su marco competencial de un modo claro y cerrado, de modo que las competencias de cada entidad federal, que deben ser similares entre sí, estén blindadas constitucionalmente, con igualdad de derechos y obligaciones con el resto de los pueblos del Estado, y estableciendo de forma detallada el reparto competencial entre las diferentes Administraciones (central, territorial y local), garantizando expresamente su autonomía.
El Federalismo Solidario del Estado Español, a mi juicio, debe ser simétrico. Las diferencias competenciales han de limitarse a aspectos obvios, como los relacionados con la lengua propia de un territorio o con la especial geografía, como los archipiélagos o las ciudades autónomas. De un modo muy especial, creo que es rechazable cualquier forma de privilegios entre los territorios y pueblos federados, fiscales o de otra índole. En concreto, parece evidente que los Conciertos Económicos Vasco y Navarro, o las aspiraciones de parte del independentismo catalán, de algo similar, bajo el eufemismo de “Pacto Fiscal” no pueden tener cabida en un modelo Federal digno de tal nombre.
Pero ni España surge de la nada, ni el modelo de un Estado Federal y Solidario es una construcción nueva, es heredera del pasado para lo bueno y para lo malo; hemos compartido por lo menos durante los últimos 200 años. Así, de manera expresa, es evidente que el Estado Federal Español debe ser solidario entre sus territorios integrantes y entre sus pueblos, garantizando una calidad en la prestación de los servicios públicos similar para todos sus ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
La historia centralista y no democrática del Estado Español, durante los últimos siglos, ha tratado de manera diferencial y asimétrica a sus diferentes pueblos, dirigiendo sus inversiones y la dotación de infraestructuras a unos de manera diferencial, especializando a otros como productores de materia primas, mano de obra barata, recursos naturales o energía, y generando con el paso del tiempo profundas e injustas desigualdades entre sus gentes, una de cuyas mayores expresiones es la profunda despoblación, envejecimiento y éxodo juvenil que ha experimentado la España rural interior, y que afecta a gran parte de las comarcas castellanas de Extremadura, Galicia, Aragón o Andalucía. Ello exige una política clara y nítida de solidaridad entre las diferentes entidades federales de la España Plural que se oriente a la reducción de estas desigualdades.
Igualmente, no podemos entender la construcción federal de la España Plural, al margen de la profundización de los mecanismos democráticos, avanzando hacia una sociedad más participativa, más transparente, más respetuosa con todos los derechos fundamentales de las personas y más exigente frente a la corrupción. Por todo ello, es preciso establecer una efectiva separación de poderes, garantizando la independencia real del Poder Judicial y la eliminación de las Instituciones carentes de función real efectiva, como las diputaciones provinciales o el Senado, que pueden ser sustituidas con un coste mucho menor y con más eficacia por potentes mancomunidades comarcales de municipios y por un órgano representativo de las entidades federadas, al estilo del Bundesrat alemán.
Opino que es necesario un federalismo que garantice el blindaje constitucional de los derechos sociales (asistencia sanitaria de calidad, acceso a la educación, acceso a una pensión digna, servicios sociales, ayudas a las personas dependientes, derecho efectivo a la vivienda y al trabajo) para que dejen de estar expuestos a los intereses tanto de los poderes políticos como de las presiones de los sectores económicos más privilegiados.
Entiendo que un modelo federal para la España Plural debe incardinarse nítidamente en el proceso de construcción de la Unión Europea, encajando en el proyecto europeísta que tanto histórica como actualmente comparten todos los pueblos de España, así como en la vocación, defendida por todos los demócratas españoles, de España como un país claramente comprometido con los principios inspiradores de Naciones Unidas y del cumplimiento de todos los acuerdos internacionales, muy especialmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Como castellanista, aspiro a que una España Federal permita el reconocimiento de la existencia de Castilla, mediante la unidad institucional entre las actuales 5 comunidades castellanas (Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha), dentro de una España Plural. Como forma de avanzar en la dirección federal, y con el fin inmediato de mejorar la gestión, habría que habilitar mecanismos de cooperación entre las comunidades castellanas. En concreto, y para comenzar, sería útil la inmediata recuperación y potenciación del Consejo de Comunidades Castellanas, órgano de coordinación política entre las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha establecido el año 2000 y poco o nada operativo desde entonces.
El Federalismo Solidario no es solo una forma de ordenación del territorio, es una cultura de gestión de lo propio y de la búsqueda de acuerdos con los demás; es algo que no se improvisa y que desgraciadamente en España es aún un sentimiento muy minoritario. Su debate puede ser ya un instrumento de análisis y de diálogo, que rebaje la tensión actualmente existente sobre la cuestión territorial, entre recentralizadores y separatistas, reclamando que este diálogo se realice de un modo lo más público posible.
A este respecto, me preocupa que se opte por una “bilateralización” del problema, que solo escuche las voces de comunidades como Cataluña o el País Vasco y que no tenga en cuenta la opinión de los restantes territorios y pueblos del país. Desde Castilla, debemos oponernos a que se busque una salida que rompa la igualdad entre los diferentes territorios españoles, y, en concreto, rechazar la consagración de cualquier forma de asimetría de competencias entre Cataluña y el resto de las comunidades autónomas, más allá de aquellos factores que puedan resultar obvios, como pueden ser los relacionados con la lengua o los ligados a las particularidades inherentes a cada comunidad.
En los debates de Reforma Territorial, y los que se escuchan estos días en el Congreso de los Diputados con motivo de la investidura de Pedro Sánchez no son una excepción, se vuelve a la dinámica discriminadora de naciones o nacionalidades (presuntamente portadoras de mayores derechos e identidad), frente a las regiones o comunidades (que parecen entenderse como meras extensiones donde el Estado descentraliza sus servicios). Los discursos de Podemos, IU o el PSOE en esta materia (los del PP o Ciudadanos siguen enrocados en el inmovilismo más esterilizante), parecen intentar halagar a vascos y catalanes, pretendiendo “comprar su votos” con más privilegios, más financiación y más competencias, en lugar de avanzar en un análisis sincero “entre todos- de cómo podemos construir el modelo de una España Plural, ilusionante para todos los pueblos y todos los territorios que la constituyen, y que sea viable para las próximas décadas. No dejemos pasar esta nueva oportunidad; desde luego, los castellanistas… no lo haremos.
Artículo de Luis Marcos publicado en burgosconecta.es
